Las claves para entender cómo Walter Bento quedó acorralado por la Justicia

En un hecho sin precedentes para la Justicia Federal de Mendoza, el juez Walter Bento finalmente fue procesado este lunes por su par de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, en la causa que se le sigue por estar sospechado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita. Y en la que además se lo acusa de haber cometido los delitos de cohecho pasivo en calidad de autor en al menos diez hechos, ser penalmente responsable del delito de retardo de Justicia, haberse enriquecido ilícitamente y haber lavado activos.

El escrito de más de 800 páginas firmado por el magistrado terminó respaldando la investigación realizada hasta aquí por el fiscal Dante Vega y paralelamente se decidió trabar un embargo sobre los bienes de Bento y su pareja, Marta Boiza, que se fijó en $177.610.000 y $149.173.600 respectivamente. Asimismo se redactó el auto de procesamiento para una docena de imputados más en la causa y Puigdéngolas dictó la prisión preventiva del cuestionado juez por la existencia de riesgo procesal, en la medida en que -se conjetura- Bento podría entorpecer el avance de la pesquisa como consecuencia que todavía sigue en funciones en su Juzgado.

El procesamiento podría terminar acelerando los tiempos en el Consejo de la Magistratura, órgano institucional que en definitiva definirá si el juez, como primera medida, es suspendido en su cargo. Luego de conocida la resolución judicial, Pablo Tonelli, el diputado del PRO miembro del Consejo y que está a cargo del expediente del juez mendocino, sostuvo que “el procesamiento nos permite avanzar y acelerar el proceso. Ahora, esto no implica que estemos en condiciones de decidir sobre la suspensión o no. La suspensión solo la puede decidir el pleno del Consejo de la Magistratura, en caso de que se decida acusar al juez Bento por mal desempeño y pasarle el caso para que lo revise el tribunal de enjuiciamiento. Antes de esa instancia, de acuerdo con la ley, no hay posibilidad alguna de disponer la suspensión del juez”.

-¿En qué plazo puede definirse?, lo consultaron Tonelli en MDZ Radio.

-Es un poco difícil anticiparlo. Pero yo creo que es posible que se pueda presentar un dictamen ante la comisión de acusación en el curso del mes de agosto, anticipó.

Luego de esto ¿Seguirá Bento a cargo del manejo de la cuestión electoral al menos hasta las PASO de septiembre? Es complejo saberlo ya que su futuro está atado a lo que decida la política y, sobre todo,  los propios magistrados que integran el Consejo. Hasta aquí, no han dado muestras ni unos ni otros de apuro en resolver una situación tan delicada en la que, si le quitan los fueros, Bento inmediatamente irá preso luego de lo dispuesto ayer.

Varias claves pueden encontrarse en la extensa sentencia de Puigdéngolas. La primera de ellas es que para el juez está acreditada la existencia de una asociación ilícita, comandada por el propio Bento, para cobrar coimas a cambio del otorgamiento de beneficios judiciales. La Justicia no encontró una prueba concluyente de los sobornos, pero pide analizar una serie de elementos concordantes que llevan a concluir que el hecho existió.

“Culminado el análisis de los elementos de cargo y de descargo obrantes en la presente investigación, surge con un elevado grado de convicción que los integrantes de la Organización Criminal tendrían el designio de cometer delitos de forma indeterminada y permanente en el tiempo, con un hilo conductor en cada uno de los casos valorados, tendiente a obtener ilícitamente un pago a cambio de un beneficio judicial en el Juzgado Federal a cargo del Bento”, sostuvo Puigdéngolas.

“Esas acciones – continuó el juez en su dictamen- habrían sido diagramadas y coordinadas por los distintos miembros conforme a sus roles y aportes previamente determinados… el tipo de maniobra investigada, esto es, presuntas entregas de dinero efectuadas a un Magistrado de la Nación para obtener beneficios procesales, llevadas adelante de forma estructurada y diagramada por un grupo heterogéneo de personas, difícilmente permita llegar a la verdad real mediante un único elemento de prueba que resulte manifiesto, ni tampoco realizando valoraciones aisladas y fragmentadas de la prueba indiciaria, sino que –por el contrario- requiere necesariamente de una apreciación conjunta, simultánea y contextualizada de los elementos de prueba”.

Organización criminal

El fiscal en primera instancia y luego el juez, basado en declaraciones de personas que incluso reconocieron haber pagado coimas para salir de la cárcel, ratificaron que existía en el Tribunal Federal N.º 1 una organización criminal que negociaba con presos detenidos por delito de contrabando, fundamentalmente. En este aspecto fueron vitales los testimonios de los dos abogados que integraban la banda de Bento y que se acogieron a la figura legal del arrepentido. Uno de ellos es Alejandro Matías Aramayo quien declaró que “…existe una asociación ilícita donde el juez Bento es el jefe. En segundo orden se encontraba Diego Aliaga (el despachante de aduana que fue encontrado muerto y cuyo caso fue el disparador de la investigación judicial). Después como un tercer orden existen dos abogados que son reclutadores, que son Luciano Ortego y Jaime Alba… Entonces, de esta estructura sería, Bento, Aliaga, Ortego y Alba, como los miembros de carácter permanente que tiene esta asociación ilícita”.

Cuando fue consultado acerca de si existía un nexo entre Alba y Bento, Aramayo declaró: “...hay una causa que es Iñiguez, ahí defendí a Marcelo Escudero que es un cliente mío a quien defendía por segunda vez…después se produce esta causa de Iñiguez que se acumuló en la Secretaría Penal D, creo. En esa causa mi cliente me hacía conocer que había dos abogados, uno era Alba, que decían que tenían que reunir el monto de 200 mil dólares para recuperar la libertad…luego me dijo Escudero que lo habían ido a ver y que le habían pedido 12 mil dólares y que tenían que llevárselo al estudio de Alba. No llegaba a ese monto, creo que llegaron a la mitad, y se lo entregaron  a Alba. Después resolvió la Cámara y recuperó la libertad…”

Por su parte otro de los socios, el abogado Leopoldo Ríos aportó un testimonio a su vez interesante,  “Efectivamente existía dentro del ámbito del Primer Juzgado Federal de Mendoza una asociación ilícita y el jefe era Walter Bento. Debajo de Bento había una persona que era el nexo con él, que era Diego Aliaga, que, según tengo entendido, era el que tenía el trato directo con el Juez y era el que recibía las instrucciones de cómo actuar en los expedientes tratados. Luego había dos abogados que eran como los coordinadores que reclutaban a los clientes y a otros abogados que eran Ortego y Alba.”

Para continuar con un relato pormenorizado del momento en que él entró al grupo en la casa de Aliaga, hecho que ocurrió en el barrio Palmares. Y, relata Ríos, el que le da la bienvenida fue el propio juez. “ Entre junio y setiembre de 2019, un día me llama  Aliaga y dijo que si podía ir a su domicilio. Quedamos entre las 15.30 más o menos, porque venía de la cárcel de Cacheuta. … Ingresé a la cocina de la casa, que era larga, de dos metros y medio en chorizo, y en el comedor estaban Luciano Ortego y Jaime Alba. Charlamos, Aliaga llamó por teléfono, supuestamente fue a Bento, porque a los minutos llegó por la parte de atrás... Lo saludo, me saluda: “Vas a trabajar con el grupo, bienvenido. A partir de ahora Aliaga es el que baja las instrucciones y les dices qué hacer. Conmigo no tienen ningún tipo de relación”, contó Ríos que le dijo Bento.

El vínculo del juez con Aliaga es una de las llaves del caso, sobre todo porque Bento en su extensa declaración indagatoria que duró más de 30 horas repartidas en cinco días, nunca logró aclarar lo profuso de los contactos entre ambos. “Surgen 265 comunicaciones entre el occiso (Aliaga) y el Dr. Bento a través de la aplicación Télegram. Ello en el periodo comprendido entre el 10/09/2018 al 05/03/2019.  Dicho informe  revela que el número de línea  261­ 5270270, se encuentra agendado en la lista de contactos del celular de Diego Aliaga como “Primo” , apodo en común con el que se referían Aliaga y Bento”­. Según la investigación judicial, esta no era la única forma en que los socios se refería al juez. Unos le decían “el Número 1”, otros “Jefe” y hasta se referían a él en clave como “Superjefe”.

A partir del trabajo detectado de esta asociación ilícita, es que la Justicia acreditó también que Bento cometió los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y aquí apuntan directamente a su crecimiento patrimonial exponencial con la compra de autos de alta gama, propiedades en el país y en el exterior y una serie de inversiones, así como también a los centenares de viajes al exterior que tanto él como su familia realizaron en los últimos años.

“Cabe aclarar que no obsta a la interpretación y valoración aquí efectuada, el conocimiento cierto de los haberes percibidos por Bento y Boiza y el resto de los integrantes de su grupo familiar como funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Si bien estimo que los mismos permiten mantener a los sujetos involucrados un nivel de vida óptimo, todas las operaciones, maniobras y sobre todo la gran cantidad de viajes al exterior del país realizados en cortos períodos de tiempo me permiten inferir, en este estado procesal, la posible ilicitud del origen de los fondos empleados para solventar tales erogaciones, las cuales no resultarían congruentes con el nivel de vida propio de un funcionario público”, concluyó Puigdéngolas.