Armas a Bolivia: una fundación busca ser querellante en la causa

Con las primeras medidas ordenadas por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, quien habilitó la feria judicial para comenzar con la investigación tras la denuncia del gobierno nacional contra Mauricio Macri y exfuncionarios de su gestión por presunto contrabando de armamento bélico a Bolivia en noviembre de 2019, comenzaron a moverse las fichas.

En este escenario son varias las partes interesadas en sumarse al expediente como querellantes. La Dirección General de Aduanas (DGA), que depende de la AFIP, y está encabezada por Silvia Traverso, fue aceptada por el magistrado, mientras que la Unidad de Información Financiera que pidió copias del expediente para luego poder presentarse en ese carácter fue rechazada al no advertir el interés legítimo, según detalló el magistrado en la resolución. Es decir que de momento no se analiza el posible lavado de activos.

Pero entre los que buscan esta posibilidad de ser parte de la causa se presentó la Fundación por la Paz y el Cambio Climático encabezada por Fernando Miguez, a quien el juez López Biscayart le rechazó la posibilidad. 

Ante esta situación el pretenso querellante apeló la medida por lo que la causa ya tiene tiene radicación en la Sala B de la Cámara de apelaciones.

En otro orden de cosas la semana próxima deberá definirse la competencia de la causa, esto se da por la multiplicidad de denuncias, por lo que una vez terminada la feria judicial se deberá definir que juez quedará a cargo de la investigación. Es probable que sea el mismo que hoy está a cargo y ha ordenado medidas. De hecho el fiscal Claudio Roberto Navas Rial, quien impulsó la investigación, consideró que las denuncias debían unificarse al manifestar “ambos expedientes parecen destinados a tramitar conjuntamente, cuestión que deberá tratarse en su oportunidad", con miras a evitar la duplicación en la producción de medidas probatorias.

Además, fue quien solicitó la habilitación de la feria para avanzar con la denuncia presentada por Martin Soria, Sabina Frederic y Mercedes Marcó del Pont. 

"Considero necesario investigar el accionar atribuido a Gerardo José Otero, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, funcionarios de la Gendarmería Nacional Argentina al tiempo de los hechos, que habrían intervenido en distintas fases del procedimiento de solicitud de autorización para exportar el material armamentístico involucrado, así como para justificar posteriormente, desde lo formal, el presunto desvío de su destino", señaló el fiscal en su requerimiento.

La semana pasada el Gobierno amplió la denuncia por lo cual el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart volvió a correr vista al representante del Ministerio Público Fiscal para que se expida.