Tarifas: las intrincadas decisiones que analiza el Gobernador por los aumentos que vienen

Tarifas: las intrincadas decisiones que analiza el Gobernador por los aumentos que vienen

El Ente Regulador recomendó un aumento del 13,9% promedio para la tarifa eléctrica, que se sumaría a la suba de principios de año. El Gobierno debe decidir cómo lo traslada a los usuarios, mientras la Nación pisa las tarifas.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

En el imaginario quedó que las tarifas de servicios están congeladas, o casi: el Gobierno nacional decidió ponerle tope a los aumentos. Pero solo a los que están a su alcance. Por eso en las provincias la decisión corre por cada gobernador y ahora la encrucijada es de ellos. En Mendoza la tarifa eléctrica debería aumentar en promedio 13,9%, según el cálculo realizado por el EPRE y Rodolfo Suarez debe decidir cómo se aplica; si autoriza el aumento o lo prorroga como hizo la Nación. 

El aumento corresponde al análisis de costos del segundo semestre del año pasado y aplica al valor agregado de distribución, es decir a la "pata" local de la tarifa eléctrica. El EPRE recomendó un aumento del 13,5% para los usuarios residenciales de menor consumo y de hasta el 15% para las familias de consumo mayor. Para Pymes, industrias y para riego agrícola el aumento estimado es del 14,8%.  

El cálculo del Epre es el siguiente: 

  • Usuarios residenciales con consumos bimestrales entre 300 kWh a 599 kWh bimestrales (T1R2): 171.930 usuarios, 31% del total de usuarios residenciales de la provincia, recibirán un incremento promedio del orden del 13% ($231,5 mes).
  • Usuarios residenciales con consumos bimestrales mayores a 600 kWh bimestrales (T1R3): 155.656 usuarios, 29% del total de usuarios residenciales de la provincia, recibirán un incremento promedio del orden del 15% ($523 mes).
  • Para el resto de los usuarios pequeños y medianos comercios, riego agrícola, industrias, verán una variación promedio a Usuario Final del 14,8%, de acuerdo a sus consumos, potencia, categoría tarifaria, contrataciones y estacionalidad.

En el Gobierno aseguran que aún no se toma la decisión sobre cómo se trasladará el aumento a los usuarios. En el medio hay condicionantes políticos, como el año electoral y el "contraste" con la Nación. Es que Alberto Fernández puso un tope de aumento del 9% a las distribuidoras que dependen de él. Algo similar que lo ocurrido con la tarifa del gas natural, que además del tope de incremento se le sumó la rebaja del 30% dispuesta para algunas zonas (incluido Mendoza). 

Es, además, una decisión intrincada; tanto como la relación entre las empresas de servicios y el Estado en los últimos 10 años. Es que si no se traslada a la boleta, se acumula nuevamente como crédito a favor de las empresas y todo regresa al pesado mecanismo de negociación para compensar deudas cruzadas. De hecho ese lodo condiciona. 

Camino intrincado

Las empresas distribuidoras arrastran una deuda enorme con el mayorista de la energía, CAMMESA, en la cual el Estado mendocino es parte interesada porque puede ser un "responsable solidario" por una serie de decisiones políticas que ponen al Gobierno en una situación incómoda.

Es que en 2015 el gobernador Francisco Pérez firmó el decreto 390 que autorizaba aumentos y, sobre todo, reconocía "ingresos no percibidos" por las distribuidoras en el período 2013 - 2015 que le generó un crédito a favor a las empresas, una especie de cheque en blanco. En el Presupuesto nacional del 2017 se incluyó un artículo que va en el mismo sentido y apunta a reconocer la deuda de los estados con las distribuidoras y a compensarlas con la mora de las empresas con el mayorista de la electricidad. 

En el caso de EDEMSA, por ejemplo, en ese momento se calculaba en más de 1500 millones de pesos el "dinero a percibir". Actualizado supera los 12 mil millones. Por eso la señal que llegó desde la Nación para compensar la deuda que EDEMSA y las otras distribuidoras tienen con Cammesa no fue una mala noticia para el Gobierno local. Si la Nación aplica esa compensación y se baja la deuda, el Estado mendocino podría saldar el crédito en contra. "Los beneficios que consigan las empresas tienen que ser transferidos a los usuarios", aseguran en el Gobierno. 

El Presupuesto de este año incluye compensaciones por la deuda que tienen las distribuidoras con CAMMESA y la Secretaría de Energía ya reglamentó el tema, otorgándole un período de gracia de seis meses desde que se firme el acuerdo para compensar deudas. Luego, el plan de pagos es por 5 años (60 cuotas) y con una tasa beneficiosa: la mitad de la de mercado.

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