Declara Silvia Majdalani en la causa por presunto espionaje a familiares de tripulantes del Ara San Juan
Este jueves 15 de julio a las 11 horas ante el juez subrogante de Dolores, Martin Bava, prestará declaración indagatoria la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani, imputada por supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri.
La semana pasada fue indagado el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, quien negó haber realizado dichas tareas de espionaje. Se espera que la ronda de declaraciones continúe hasta el mes de septiembre.
En tanto, la querella de los familiares solicitó que se impute al expresidente Mauricio Macri y se quejó por las demoras en el expediente.
La causa se inició por una denuncia realizada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el Gobierno de Macri se los había espiado. (Caamaño deberá, además declarar el viernes 16 ante la jueza Servini en otro expediente por presuntamente haber filtrado información sobre agentes en la causa de espionaje que hasta este año tenía el juzgado de Lomas de Zamora).
El magistrado ordenó junto al llamado a indagatoria formar un "legajo de prueba de carácter reservado" en virtud de tratarse de documentos entregados por la AFI sobre "los que pesa la obligación legal" de mantener secreto.
La investigación comenzó en Mar del Plata cuando el fiscal Daniel Adler impulsó la investigación pero después recayó en Dolores ya que se trataba de hechos que estaban siendo investigados por el entonces juez de esa jurisdicción, Alejo Ramos Padilla.
Según se refirió la en presentación que dio origen a la investigación, personal de la AFI habría realizado el seguimiento y la recopilación de información vinculada a los familiares y allegados de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan y el buque Rigel, durante los años 2018 y 2019, actividad que no había sido ordenada por ninguna autoridad judicial. La denuncia expresa que tampoco se encuentra amparada por la normativa que regula el trabajo de la agencia, toda vez que los integrantes de dicho colectivo de personas, según se indica, no integraban grupos terroristas ni pertenecían a organizaciones de criminalidad organizada.
En efecto, la Ley Nacional de Inteligencia prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.