Elevaron a juicio la causa contra Alejandra Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración

El juez Julián Ercolini dio por clausurada la instrucción y elevó a juicio la causa por la compra del edificio de la Procuración ubicada en Perón al 600 en la Ciudad de Buenos Aires. Fue luego que la Cámara Federal rechazara la recusación en su contra.

Recordemos que tras conocer información que da cuenta sobre la presunta persecución que sufrió por parte del gobierno de Mauricio Macri, la ex procuradora Alejandra Gils Carbó pidió anular el procesamiento en la causa por la compra de un edificio del organismo. En la misma presentación solicitó el apartamiento del juez Ercolini.

La exjefa de los fiscales hizo este planteo luego de una entrevista en la que el presidente Alberto Fernández se refirió al tema: “En aquel momento el juez que llevaba la causa de Gils Carbó era Julián Ercolini. Lo fui a ver y le dije que era un disparate, vi como se agarraba a cabeza y me decía: ‘Pero es lo que tengo que hacer, la tengo que procesar’”.

Además tomó en consideración los dichos del fiscal de seguridad social Gabriel De Vedia sobre un diálogo que mantuvo con Fabián "Pepín" Rodríguez Simón sobre el supuesto hostigamiento a Gils Carbó, donde le dijo “si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba". El 30 de octubre de 2017 decidió renunciar luego de haber sido procesada por las supuestas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración. La misma se efectivizó el 31 de diciembre.

En la misiva decía: "A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal".

En su descargo al rechazar la recusación el juez Ercolini manifestó que el procesamiento se vio motivado por el análisis de prueba obtenida y fundamentos jurídicos a la vez que dijo que ese “temperamento fue consecuencia de solicitudes formuladas por los representantes del Ministerio Público Fiscal que tuvieron ocasión de intervenir en estos actuados, quienes desde el inicio de las actuaciones propiciaron su prosecución, por lo cual no puede sostenerse que aquél haya obedecido a ningún tipo de persecución del tenor invocado por el recusante.”

En otro orden de cosas el juez Ercolini se refirió a los dichos vertidos por el Presidente de la Nación en el curso de una entrevista radial precisó que “si bien conoce hace muchos años al Dr. Fernández, ello es consecuencia de haber compartido ámbitos académicos, sin perjuicio de lo cual ese conocimiento no generó entre ambos un vínculo de amistad o de profunda cercanía que le permitiera haber mantenido una conversación del tenor de la descripta, cuya existencia negó. A ello agregó que de haber existido algún tipo de presión o coacción hacia su persona para el dictado de alguna resolución lo hubiera denunciado oportunamente.”

Recordemos que el 12 de Octubre de 2017 Alejandra Gils Carbó junto al subdirector Guillermo Bellingi fueron procesados por el juez Ercolini por el delito de administración fraudulenta en la compra del edificio de Perón por casi 44 millones de pesos, en la que 3 millones fueron para una comisión que cobró el hermano de un subdirector de la Procuración. Por entonces el magistrado ordenó también un embargo sobre sus bienes por siete millones de pesos.

Un año más tarde la Cámara Federal confirmó el procesamiento pero cambió la calificación legal a negociaciones incompatibles. Los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens entendieron que no hubo perjuicio contra el Estado aunque sí se direccionó la licitación para beneficiar a un medio hermano del exsubdirector de Administración del organismo.

Según el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Eduardo Taiano los imputados se valieron de "formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble", pero que para la Justicia estuvo decidido de "antemano" para favorecer a quienes intervinieron en el millonario proceso”.

Además aseguró que “ la compra del inmueble habría estado decidida de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA".

Esta empresa ofertó en el marco de la licitación lanzada por el Ministerio Público Fiscal, a través de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA (constituida por Bárbara Jaureguiberry e Ignacio Costa Urquiza).

El inmueble tuvo un costo de $43.850.000 y contó con la intervención "dolosa y fundamental" de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi que participó como intermediario.