La amenaza a la libertad y la independencia en la reforma del Ministerio Público Fiscal

Por Marina Sánchez Herrero /  Abogada   Directora del Observatorio Jurídico de la  Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata

La reforma al Ministerio Público Fiscal es, en el fondo, un problema de libertad. Involucra de manera directa la libertad de los fiscales independientes y, por ende, la libertad jurídica y pública de los ciudadanos. La discusión por la libertad se ha vuelto permanente en la Argentina, pero no se habla lo suficiente de las implicancias que pueden tener en ella la amenaza a la independencia del Poder Judicial.

El proyecto que propone el Gobierno es preocupante para quienes creemos en los equilibrios republicanos. Tiene gravedad jurídica porque amplía la injerencia de la política partidaria en la actuación de los fiscales, lo que viola a la Constitución Nacional, que protege a la institución con autonomía funcional.

La migración al sistema acusatorio fue el primer paso hacia esta consecuencia: ubica a los fiscales como una pieza clave, como actores a los cuales se debe someter si se busca cooptar políticamente al Poder Judicial. Por eso, es importante revisar bien qué dice el proyecto de reforma y de qué manera avanza sobre la independencia de la Justicia.

En detalle

En primer lugar, baja la mayoría en el Senado para el Acuerdo de designación del Procurador general; la reduce de una mayoría agravada (dos tercios) al equivalente a la mitad más uno. En la actual conformación del Senado, el oficialismo puede obtener la mayoría absoluta sin necesidad de consensuar con las otras fuerzas políticas. Una modificación hecha a medida.

El mecanismo de remoción de los fiscales es otro problema: el proyecto disminuye la representación de sectores ligados a la Justicia por afuera de la política partidaria, como el caso de la Abogacía, por ejemplo, a la cual le redujeron su participación en el Tribunal de Enjuiciamiento, quitando al representante del interior del país. Pero se suma una Comisión Bicameral del Congreso, con tres miembros, que están inevitablemente ligados a la política partidaria. De esta forma, la balanza podrá inclinarse en términos de amigo/enemigo, oficialismo y oposición. 

El gobierno está avanzando decididamente sobre las instituciones, y ese avance no tiene más explicación que el intento de poder controlarlas. Eso, sin dudas, tendrá impacto más allá del presente, porque estos cambios llevan años para poder deshacerse. Es urgente e importante poner estos temas en la agenda pública, porque cada aspecto de esta reforma está hilvanado por un peligroso de nominador común: la pérdida de independencia.