Como si nada estuviese sucediendo a su alrededor, el juez Federal Walter Bento comenzó a ejecutar los primeros actos útiles en materia electoral y ya lanzó el cronograma de votación con notificaciones que comenzaron a arribar a los partidos políticos.

El magistrado es investigado por la justicia federal en diez acusaciones de cohecho en el marco de siete causas y recién en el mes de agosto podría comenzar a resolverse su situación procesal. Como imputado en una investigación en la que se lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita que otorgaba beneficios judiciales a cambio de sobornos, prestará declaración indagatoria el 7 de julio próximo y, tras la feria de dos semanas, el fiscal Dante Vega decidirá si avanza o no con el procesamiento.

Mientras tanto (y hasta que también se resuelva su futuro en el Consejo de la Magistratura) el juez continúa actuando. A los pocos días de que estalló el escándalo en la Justicia, la política comenzó a dar las primeras señales de alarma por la investigación por corrupción que involucra a Bento. Con seguridad, el oficialismo solicitará el apartamiento del juez que ostenta la competencia electoral nacional en la provincia para que no intervenga en las próximas elecciones. La medida tiene que ser presentada antes del 14 de julio, fecha que el cronograma marca como límite para la presentación de los frentes y que, en definitiva, establece el arranque formal de la competencia.

Los chats de Telegram en donde se comprueba que Bento mantuvo o intentó mantener contacto con una gran cantidad de dirigentes de todos los partidos y con miembros encumbrados de la Justicia provincial fueron el disparador para estas señales de alarma. Como se sabe, luego de clonar el chip de un teléfono que el propio juez investigado se negó a entregar, la Justicia pudo acceder a las conversaciones que Bento sostuvo en esa plataforma y allí consta cómo en los últimos días de abril se contactó con personas vinculadas a la política y a la Justicia. 

Fueron decenas de chats los que lograron ser recuperados en el marco de la investigación, aunque muchos otros no. Bento borró el historial de muchas de sus conversaciones, aunque sugestivamente dejó otras. ¿Qué leyeron muchos luego este accionar? Que el juez, acorralado, tomó a muchos dirigentes políticos y judiciales como rehenes para garantizarse cierta protección ante lo que se viene en el Consejo de la Magistratura. Y en este contexto, al gobierno le preocupa la manipulación que Bento pueda hacer con la formidable herramienta de presión que tiene en sus manos, como es el manejo de la cuestión electoral.

Movimientos

La difusión de esos mensajes del juez federal sospechado fue el catalizador, entre otras derivaciones, de un hecho singular ocurrido dentro del cuarto piso del edificio de Tribunales provinciales. Tras meses de enfrentamiento interno duro, Adaro y Gullé sellaron una suerte de acuerdo de paz hasta que la tormenta por este caso pase. Sobre el jefe de los fiscales se desencadenó otra temporal en los últimos quince días: en los pasillos de la Corte y en ámbitos políticos oficiales, se rumoreó de manera intensa que está a punto de dejar su cargo y que decidió finalmente acogerse a los beneficios de la jubilación. Gullé tiene 66 años y el trámite iniciado. Sin embargo, nada indica que por ahora vaya a alejarse de su puesto aunque cerca de su entorno admiten que tampoco se quedará mucho tiempo más.

Las versiones acerca de la salida de Gullé dispararon otra andanada de rumores en Casa de Gobierno vinculados a su posible reemplazante y los fantasmas acerca de una disputa entre Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo empezaron a aparecer. Esa puja no se dará por el momento porque es muy probable que al Procurador, al menos por ahora, no haya que buscarle reemplazante.

La crisis sí podría sobrevenir, en caso de que se confirme lo que todos ya pronostican en Tribunales y es que, antes de fin de año, podría terminar yéndose de la Corte su miembro más antiguo, Pedro Llorente. El veterano magistrado sanrafaelino de casi 80 años rechazó en abril pasado una intimación de la ANSES para acelerar su jubilación a modo de señal de que tenía decidido quedarse. Y por lo que se avizora, quizás esto sea lo mejor que le pueda pasar al Gobierno.

Hasta aquí, Suarez y Cornejo vienen respetando a rajatabla un acuerdo tácito entre ellos, a través del cual el gobernador no cuestiona el liderazgo político de su antecesor y este no se mete en cuestiones de gestión. Pero una crisis está en el horizonte si Llorente se va, por la supuesta intención de Suarez de proponer para ese cargo a su ministro de Gobierno, Víctor Ibañez o a otro candidato y por la decisión de Cornejo de que, a ese puesto, debería llegar un abogado o abogada laboralista para ejercer de contrapeso interno en la Corte a la figura de Adaro.

Extraña parábola la de los radicales mendocinos. La última ruptura partidaria fuerte que sufrieron fue en 2004 y la protagonizaron Julio Cobos y Roberto Iglesias. El detonante de aquél quiebre fue la designación, precisamente, de un miembro de la Corte. Iglesias pegó el portazo en aquella oportunidad luego de que Cobos le negara la postulación de Leopoldo Orquín y optara por enviar el pliego de Alejandro Pérez Hualde. De allí en más, una historia conocida de divisiones y guerra interna que desembocó en la derrota electoral de 2007 a manos del peronismo. Ese tipo de episodios, Suarez y Cornejo se juraron no repetirlos. ¿Hasta ahora?