El kirchnerismo logró el dictamen para tratar la reforma del Ministerio Público Fiscal

En medio de una sesión muy caliente, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados consiguió esta madrugada el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para tratar en el Congreso el proyecto de ley del Ejecutivo que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal.

El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una iniciativa muy resistida por el bloque opositor de Juntos por el Cambio.

Tras más de cinco horas de debate, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría con 33 firmas propias y la del mendocino José Luis Ramón (Unidad para el Desarrollo), en tanto que Juntos por el Cambio rubricó un dictamen de minoría con 29 avales mientras que la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) presentó un tercer texto.

La sesión se tensó a partir de un fuerte cruce entre los diputados Leopoldo Moreau y Fernando Iglesias. 

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Gustavo Menna sostuvo que la reforma "pone en juego el derecho de las personas". "Por alguna razón que vaya a saber cuál es, se propone relajar la mayoría necesaria para elegir al Procurador, y le damos a la comisión Bicameral la posibilidad de elegir al procurador interino", se lamentó. 

Efectivamente, el proyecto le otorga a la Bicameral del Ministerio Público la facultad de elegir al próximo procurador Interino entre todos los fiscales generales que tengan más de 10 años en el cargo. En ese listado aparecen varios representantes de Justicia Legítima.

El debate transcurría sin mayores sobresaltos hasta la exposición del diputado oficialista Leopoldo Moreau, quien arremetió en duros términos contra el procurador interino: "Casal actuó como emperador, removió al fiscal De Vedia y promovió el sumario contra la fiscal Boquín". Fernando Iglesias salió al cruce y la sesión levantó temperatura.

Luego, el discurso de la diputada de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato fue interrumpido a los gritos por parte de la bancada del oficialismo. "El día que tenemos 745 muertos, nos traen para garantizarle la impunidad a ex funcionarios K. La reforma es solo un capítulo de un plan de impunidad. El 30% del interinato (de Casal) depende de ustedes por dormir el pliego de Rafecas en el Senado. El 73% de niños pobres en el Conurbano, debería darles vergüenza", sostuvo Lospennato.

La reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal fue aprobada por el Senado en noviembre del año pasado y estuvo en la lista inicial de temas para las sesiones extraordinarias, pero las diferencias dentro del propio oficialismo hicieron que recién esta semana pueda tener despacho de comisión.

La nueva ley modifica el procedimiento de designación del Procurador, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de "mayoría absoluta de sus miembros". Así, ya no sería necesario el consenso calificado entre las fuerzas políticas.

El candidato propuesto por el presidente Alberto Fernández, Daniel Rafecas, reiteró ayer que esa modificación es un límite para seguir en carrera con su candidatura. "Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica", escribió en su cuenta de Instagram.

La reforma también cambia el procedimiento para remover al jefe de los fiscales: actualmente esto se realiza mediante juicio político por los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional donde la Cámara de Diputados, por mayoría especial de dos tercios de sus miembros, acusa al Procurador ante el Senado, quien también por mayoría de dos tercios, lo juzga en juicio político. De aprobarse el proyecto sin modificaciones, se relajarían esas mayorías y haría que en el caso de la Cámara baja alcance la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político. Asimismo, establece que el juicio político se puede iniciar por decisión fundada del Poder Ejecutivo Nacional, quien se lo comunica a la Cámara de Diputados.

Otro de los puntos centrales de la reforma es el plazo de mandato: el cargo que hoy es vitalicio ahora sería por un plazo de 5 años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.

En realidad, el principal objetivo del oficialismo es remover al procurador interino Eduardo Casal, quien sigue repitiendo que no piensa renunciar porque "hay que defender a las instituciones". 

Casal asumió como procurador general interino en octubre de 2017 cuando renunció como jefa de la fiscales Alejandra Gils Carbó, tan hostigada por el macrismo para que se vaya como ahora Casal por el kirchnerismo. Casal, de 63 años, llegó allí porque la ley del Ministerio Público Fiscal establece que ante la licencia o renuncia del titular quien asume es el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación más antiguo en el cargo. Casal lo era.