Reforma del Ministerio Público Fiscal: el Gobierno no consigue los votos y Massa no interviene

El Gobierno nacional, absorbido por las restricciones por venir y la asfixia económica que estas implicarán, tomó la decisión de avanzar a toda velocidad en la Reforma del Ministerio Público Fiscal. Parada previa al avance contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es la estación final de Cristina Fernández de Kirchner, impulsora y mentora intelectual de todo este proceso. Sin embargo, el Gobierno parece haber medido mal y una vez más los números por ahora no cierran. Tras la abierta oposición de Juntos por el Cambio, políticamente el gobierno genera una tensión adicional con las aliados eventuales, que hasta podría expulsarlos de acuerdos futuros ya medidos cada uno de ellos en código electoral.

Igualmente esta tarde, desde las 18 en una reunión presencial conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, el oficialismo nacional buscará dictaminar la reforma que implica limitar el mandato del Procurador a 5 años, poder elegirlo con mayoría absoluta y no agravada (37 senadores, en lugar de las 2/3 de los presentes), modificar la integración del Tribunal de Disciplina que sanciona y remueve a los fiscales y otorgarle a la Comisión Bicameral del Ministerio Público del Congreso la facultad de evaluar la política criminal del Procurador. Dato: Hoy el oficialismo ostenta la mayoría también ahí.

Las fuerzas para esta tarde están muy parejas, pero podría alumbrarse el dictamen para poder llevar el tema al recinto de la Cámara de Diputados durante la primera semana de junio. Sin embargo, las definiciones de los 4 legisladores de la provincia de Córdoba, sumados a la oposición abierta de Roberto Lavagna (ya embalado en la candidatura de Florencio Randazzo) y por tanto los diputados que aún integran su espacio y el rechazo de los socialistas y todo el interbloque federal, reflejan que los números no están. Ni siquiera para el quórum.

El rol de Massa

Un dato no pasa inadvertido: Sergio Massa, encargado de las construcciones de acuerdos y el tendido de puentes, en esta discusión está prescindente y nunca habló del tema en público ni lo hará por lo pronto los próximos días.

"Massa no está a cargo de conseguir los votos", dicen en su entorno. Letal definición para los que entienden sus movimientos. Acordó la postergación de las PASO; apuntaló el proyecto de Máximo Kirchner -con la firma de los aliados que hoy rechazan la reforma del MPF- para bajar las tarifas de gas re-categorizando diversas zonas frías del país que mantienen un viejo reclamo al respecto. Hasta la puesta en escena y el diálogo lo encontró como articulador. Ahora es tiempo de confrontación. Ese no es su juego. Lo deja en manos de la Casa Rosada. Martín Soria y Leopoldo Moreau parecen los encargados de una tarea que podría conducir al gobierno a un nuevo fracaso. De ser así, el gobierno obtendría una derrota difícil de digerir, aunque no imposible de revertir si logra mayorías más holgadas en las próximas elecciones.

Por último, escuchar al presidente Alberto Fernández decir que le pedirá a Daniel Rafecas (su elegido para el cargo de Procurador) que acepte el nombramiento pese a las modificaciones que se introducirían a la ley para su designación, muestran el desconcierto. Fue justamente Rafecas el que en público, y luego en privado, sostuvo que si la Ley se modificaba él no aceptaría.

El presidente se reduce una vez más al articulador que supo ser, sin la presencia de la impronta política que el cargo le otorga. Eso está en el Senado. La impronta, la decisión y la estrategia. No quiere decir la razón. Tampoco que sea efectiva e implacable. Como todo líder también comete errores. En especial si el apremio y las peleas son personales como sucede en este caso.