Las insospechadas derivaciones que tiene el escándalo del juez Walter Bento

Las insospechadas derivaciones que tiene el escándalo del juez Walter Bento

El juez federal imputado por ser el supuesto líder de una organización criminal, anunció que el jueves declarará ante la Justicia. Cuál es la estrategia de defensa, en el caso que se convirtió en uno de las mayores investigaciones por corrupción y que apunta a ser más profundo de lo que parece.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

El Consejo de la Magistratura echó a rodar el viernes por la tarde su propia investigación sobre el juez federal Walter Bento, titular del Juzgado Federal 1 y acusado de graves delitos, como asociación ilícita. Pero nada anticipa que una definición sobre el escándalo que mantiene en vilo a los tribunales federales de Mendoza vaya a resolverse en el corto o mediano plazo.

Pablo Tonelli es el integrante de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo que fue designado por sorteo para ser quien encabece la investigación dentro del órgano encargado de la selección y remoción de los jueces y anticipó a MDZ que el trabajo puede “llegar a tomar algunos meses” antes de decidir, siquiera, la suspensión del magistrado que está siendo investigado por ser el supuesto jefe de una organización criminal dedicada al cobro de coimas para conceder beneficies judiciales en causas vinculadas al contrabando, fundamentalmente.

“Es difícil establecer plazos. El viernes por la tarde ingresó el expediente judicial al Consejo y ahora se dispara el mecanismo para resolver y que incluye a la Comisión de Disciplina, la necesidad de un fallo en pleno de ese órgano interno y de allí una resolución. Pero el proceso pude demorar meses”, argumentó el consejero, quien es legislador nacional por el PRO.

Un par de cuestiones pueden apurar el trámite para resolver la situación de Bento en su cargo. Una de ellas es que la Comisión debe sustanciar pruebas para sostener una acusación, trámite que podría agilizarse si los elementos acusatorios que figuran en el expediente judicial son de una contundencia tal que le permita a Tonelli evitar ese trabajo. Pero otra alternativa se está barajando en absoluta reserva para lograra una solución transitoria e intermedia. Se trata de apelar a una medida preventiva que suspenda a Bento en sus funciones, dada la magnitud de las acusaciones en su contra que hacen inviable que, por caso, quien está acusado de arreglar expedientes a cambio de coimas millonarias continué yendo a trabajar todas las mañanas a los Tribunales y firmando expedientes.

El accionar del Consejo servirá para determinar cuál será la reacción de la política ante el escándalo, que hasta ahora apostó por el silencio público. Bento fue imputado por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito y se lo sospecha de ser el líder de una organización que terminó involucrando a otros 15 imputados más e incluso a su esposa, Marta Boiza, acusada del delito de lavado de activos.

Derivaciones 

Las derivaciones del caso son insospechadas. De la investigación en sí, se supieron en los últimos día dos elementos que harían mucho más grande lo que a esta altura es una de las mayores causas de corrupción que se haya ventilado en Mendoza. La Fiscalía todavía no profundiza estas líneas investigativas, pero las ramificaciones llegarían hasta los Estados Unidos con inversiones que la familia del juez habría realizado en ese país. Y algo mucho más profundo: Bento está acusado de pedir coimas para beneficiar a acusados de contrabando, pero también habría montado una organización irregular de las mismas características para causas relacionadas con el delito penal tributario. Si esto avanza las ramificaciones terminarían involucrando a contadores especializados en el tema. Y, se descarta, a personal de AFIP.

Esta semana será vital para el proceso judicial. Los abogados defensores anticiparon que el próximo día 20, Bento se presentará a declarar ante el juez Eduardo Puigdéndolas y ante al fiscal Dante Vega, que instruyó la causa, en una jornada que se anticipa como maratónica en los Tribunales Federales. Y tensa, además: Bento prestará declaración presencial ante el fiscal que, como consecuencia de su investigación, debió ser protegido por custodia policial luego de que personas involucradas en su pesquisa grabaran audios de whatsapp en los que advertían que le iban a pegar un tiro.

Los mismos representantes legales del cuestionado magistrado ya hicieron públicos algunos de los argumentos de defensa que serán, como anticipan, utilizados por el propio juez el próximo jueves. Bento alega inocencia, dejó trascender que está “indignado” y uno de los puntos centrales será atacar la imparcialidad de Vega en el asunto. Mariano Cúneo Libarona, el reconocido abogado porteños contratado por el juez, ya avisó que irá por ahí. “Todo Mendoza sabe que hay una vieja rivalidad, producto de que compitieron en algún momento por un juzgado, por ejemplo. Hay un odio, un resentimiento y un espíritu de cuerpo que será muy difícil de revertir”, apela el defensor.

Algo pasó hace años. Bento y Vega compitieron en 2005 por el sillón en el Juzgado Federal Número 1 (que finalmente terminó obteniendo Bento) y, en unas circunstancias que fueron muy comentadas en aquél momento, a pesar de que Vega había sido el aspirante con mejor puntaje, terminó perdiendo. Sobrevoló siempre la idea de que Néstor Kirchner, a través del larguísimo brazo de Juan Carlos “Chueco” Mazzón, fue quien definió quien ocuparía el cargo.

Solo basta leer qué dice Bento en su recusación a Vega, para encontrar los curiosos elementos por los cuales el juez sostiene que el fiscal le tiene animadversión. La historia es casi novelesca y habla, entre otros imperdibles, de “odio patológico”. “Se trata de un funcionario que - recusa Bento- como es público y notorio en el ámbito judicial de los tribunales federales y provinciales de Mendoza, mantiene conmigo una clara animadversión desde hace más de una década. Me odia, así lo ha manifestado públicamente, e inclusive -producto del rencor que tiene conmigo- ha perjudicado el trabajo de mi hijo Nahuel, que es funcionario de la Cámara de Apelaciones, donde él actúa como representante del Ministerio Público Fiscal”.

Sigue: “ Desde hace años, producto del encono personal que tiene conmigo, evita todo contacto, inclusive a nivel funcional e institucional, y en las pocas ocasiones en que nos hemos cruzado circunstancialmente incurre en actos irrespetuosos, como no saludarme, delante de terceros. Como sabe todo el mundo, el odio -veo ahora patológico- que tiene este señor conmigo se remonta a que competimos en el concurso para el cargo de titular del Juzgado Nro. 1 del fuero, en el que finalmente fui seleccionado por el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación para desempeñar la magistratura”. Y un giro sorpresivo para el final: “Dante Vega suponía que él sería elegido para ejercer la función a punto tal que, como fue público, organizó un festejo anticipado con sus empleados y allegados en su despacho y hasta repartió cargos futuros en el tribunal, en el que no fue finalmente designado”, dijo.

Pero además se buscará desacreditar otros elementos clave de la investigación judicial que llevaron a las imputaciones. Los defensores sostienen que pueden explicar tanto el frondoso patrimonio del juez, como así también la impresionante cantidad de viajes al exterior que realizó en los últimos cuatro años. En el expediente judicial, se acreditó que la familia del magistrado federal es dueña de casi una decena de propiedades en barrios privados del Gran Mendoza y que , entre 2017 y 2021, viajó al menos 70 veces al exterior.

Cuestiones patrimoniales

¿Qué dice Bento al respecto? Que la Justicia no tomó en cuenta los alquileres que cobra por algunas de esas propiedades que le permitieron adquirir a su vez otras viviendas y que todo está blanqueado, es decir, registrado en las sucesivas declaraciones juradas que debió presentar ante la Oficina Anticorrupción o ante el Consejo de la Magistratura. Con el asunto de los viajes (que entre otros detalles lo mantuvieron fuera de su gestión casi dos, de los cuatro últimos cuatro años en los que se desempeñó como juez) el descargó será que no se contempló que al menos el 50% fueron realizado en cumplimiento de sus funciones y, en consecuencia, con pasajes pagados por el Estado.

Un punto aquí, que abre el juego a la investigación patrimonial de los involucrados, que marca a su vez otra de las derivaciones insospechadas en este caso ya que mantiene en alerta al mercado inmobiliario para que el escándalo no los roce. En el requerimiento elevado por el fiscal, figura que “durante 2019 se observa que toda la familia Bento realizó una fuerte inversión en fideicomisos inmobiliarios, fideicomisos comerciales y en sociedades comerciales por montos millonarios”. Y detalla como el propio juez y su mujer, el 30 de setiembre de 2019, declaran haber invertido en el Fideicomiso Il Mercato (el centro gastronómico maipucino) la suma de $1.719.600 cada uno en concepto de anticipo de inmueble”.

Las inversiones de la familia no se detuvieron en ese momento. “Lorenzo Ezequiel Bento (uno de los hijos) realizó durante ese año- continúa la fiscalía- tres inversiones: el primer movimiento data del 15 de abril de 2019 en el que adquirió del Fideicomiso Vista Cruz con un crédito a favor por la compra de un departamento y una cochera en pozo por $ 2.089.150”. Meses después, adquirió un porcentaje del negocio de su padres en Il Mercato (por $596.000) y en noviembre de 2019 otra inversión inmobiliaria: departamento y cochera en pozo por $1.193.000 pertenecientes al Fideicomiso Bosque de Mayo.

El negocio en Il Mercato muy probablemente le genere otro dolor de cabeza a la familia que, como tomó estado público, íntegramente trabaja en la Justicia Federal. El reglamento que rige el funcionamiento del Poder Judicial establecido por una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace muchos años, estableció en su artículo 8 (que fija las obligaciones de magistrados, funcionarios y empleados judiciales) que los jueces no pueden ejercer el comercio, ni actividad lucrativa sin autorización de la respectiva autoridad de supertintendencia. ¿Tendrán ese aval administrativo? Es otro de los puntos a resolver.

La estrategia de desacreditaciones no se detendrá allí. El propio Cúeno describió como “el del neuropsiquiátrico”, a uno de los involucrados en el escándalo, Javier Santos Ortega, quien confesó haber pagado USD 722.000 a esta organización para que modificara su situación judicial en una causa por contrabando. Ortega no se acogió a la figura legal del arrepentido, sino que directamente se quebró y viene atravesando desde hace años un cuadro de depresión que lo llevó, incluso, a un intento de suicidio.

Arrepentidos 

Ahora bien. Si logra que la Justicia desestime este testimonio, Bento deberá buscar elementos para desacreditar un par más que asoman como mucho más trascendentes en el marco de la causa.  Martín Ríos y Matías Aramayo (dos abogados imputados que fueron sindicados cómo integrantes de la asociación ilícita que supuestamente lideró el juez y que eran sus operadores en las causas por contrabando y narcotráfico en las que se negociaban beneficios a cambio de coimas) sí optaron por acogerse a la figura legal del arrepentido.

Puigdéndolas les otorgó el jueves el beneficio de la excarcelación. Los acuerdos judiciales de este tipo tienen un grado de confidencialidad tal, que ni los fiscales, ni los abogados defensores pueden siquiera admitir públicamente que los hicieron. Lo que dijeron los arrrepentidos quedó en sobre cerrado que será abierto en el momento en que se sustancie el juicio oral. Sin embargo MDZ pudo saber los aspectos medulares de esas declaraciones: uno es que Ríos y Aramayo habrían confirmado no solo la existencia de la asociación ilícita, sino que además habrían dado precisiones acerca de su funcionamiento. Y aportaron información vital, además, que detalló cómo se generaban los expedientes que terminaban beneficiando de manera irregular la situación judicial de aquellos a los que se les pedían coimas.

Toda la expectativa de lo que el juez dirá en unos días, sin embargo, está puesta en un solo aspecto. ¿De qué forma explicará los más de doscientos mensajes telefónicos que el fiscal tiene acreditado que Bento intercambió con el empresario Diego Aliaga, quien fue asesinado en 2020 por motivos que aún no se saben pero que a todas luces se trató de un crimen mafioso?

La investigación de ese homicidio fue la llave que abrió la puerta que derivó en las sospechas sobre Bento y en las últimas horas todo lo que rodea a este particular personaje aportó otro elemento explosivo: Aliaga, además de estar sospechado de ser el nexo entre Bento y los involucrados en causas por contrabando, operaba como informante de la Policía de Mendoza. Los detalles de esto están por develarse, pero algo ya se supo: el empresario utilizaba a los efectivos policiales como otro de los engranajes (una especie de “rulo”) para concretar sus maniobras extorsivas. Otra de las derivaciones del caso: la participación de la policía provincial en las maniobras.

Cúneo Libarona sobró un poco esta situación. “Esto es lo más fácil de demostrar que es una mentira”, dijo cuando lo consultaron por las comunicaciones entre su defendido y Aliaga. Y aplazó una definición: “Todo eso lo vamos a decir cuando declare el juez Bento”. En realidad, lo que estará sucediendo es que se tomarán todos estos días que restan hasta el jueves para, efectivamente, encontrar qué decir.

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