Profesionales del Poder Judicial presentaron una denuncia ante la Corte

A través de una nota enviada al presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, los trabajadores del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) han expresado que son víctimas de maltrato laboral y que esto ha llevado a que muchos empleados soliciten licencias psiquiátricas. "Desde hace unos años el organismo al que pertenecemos, a través de las disposiciones de su coordinación, incumple y excede sistemáticamente las atribuciones del adecuado ejercicio de la función pública", denuncian.

Se trata de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales que están encargados de realizar evaluaciones periciales psíquicas. Paradójicamente, denuncian que son víctimas de hostigamiento y que esto ha llevado a que varios pidan licencias psiquiátricas.

"La gestión de la pandemia, desde la Coordinación Provincial del CAI impuso órdenes que, de manera comprobable, resultaron una significativa alteración de la jornada laboral e injerencia improcedente en el ejercicio de la labor profesional", ponen como ejemplo pero detallan situaciones puntuales.

"Se nos ha denegado de manera explícita espacios de comunicación o diálogo respetuoso, siendo las disposiciones inconsultas, arbitrarias, autoritarias, punitivas y en muchos casos amenazantes. Lo que, como profesionales de salud mental afirmamos, constituye violencia institucional, desconociendo y atentando contra nuestro rol profesional, así como nuestros derechos laborales y humanos básicos", advierten apuntando contra la responsable del área Beatriz Naves.

"No hemos recibido respuesta alguna, haciéndose incluso caso omiso a las consideraciones que emitiera en consonancia el Colegio Profesional de Psicólogas, Psicólogos de Mendoza y la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense, en comunicado oficial con fecha 18 de septiembre del 2020", lamentan los profesionales.

Pero incluso, denuncian persecución contra los trabajadores que hacen conocer su malestar. "Haber demostrado o demostrar disentimiento ha conllevado históricamente castigos y represalias, lo cual es fácilmente contrastable con las resoluciones que disponen quita de ítem riesgo (administrado de manera discrecional, es decir, sin atención a legalidad alguna), traslados indebidamente fundamentados alejando a los profesionales del radios de sus domicilios, cambios de horario laborales", argumentan.

"Las autoridades niegan problemas en el funcionamiento del CAI, que sostenemos con el desgaste psicofísico de los profesionales, desestimando el malestar de los mismos a pesar de las renuncias a la institución, con motivos relacionados directamente con el gerenciamiento del organismo", adhieren en un comunicado y afirman que hay constancias de esta situación.

Por ejemplo, esgrimen que dos profesionales psiquiatras renunciaron hace poco tiempo y una de ellas "expuso detalladamente los motivos de su renuncia, asociados a la situación de acoso y hostigamiento permanente sufridas no solamente por ella sino por sus compañeros por parte de la Coordinación". 

"Además resulta llamativo que no les interpele, el número de licencias psiquiátricas del personal del CAI (administrativos/as y profesionales), así como los antecedentes de denuncias por abuso de autoridad", agregan.

"En razón de lo expuesto, solicitamos requerir antecedentes de manera urgente de informes de intervención a la Junta Médica de OSEP, así como copia de los certificados emitidos por las/os profesionales de salud mental tratantes donde se refleja que el denominador común son las razones de violencia institucional. Así también requerimos investigar la violencia mencionada mediante el procedimiento destinado para tal fin a través de Inspección Judicial o intervención de la oficina de sumarios donde se lleve a cabo la investigación correspondiente", finalizan y piden que se llame a concurso para designar una nueva coordinadora del CAI.

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