Gils Carbó dice ser "perseguida" del gobierno de Macri y pide anular su procesamiento

Gils Carbó dice ser "perseguida" del gobierno de Macri y pide anular su procesamiento

La presentación fue realizada previo a que la causa por presuntas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración sea elevada a juicio.

Redacción MDZ

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Tras conocer información que da cuenta  sobre la presunta persecución que sufrió por parte del gobierno de Mauricio Macri, la ex procuradora Alejandra Gils Carbo pidió anular el procesamiento en la causa por la compra de un edificio del organismo. El expediente está a un paso del juicio oral. En la misma presentación solicitó el apartamiento del juez Ercolini.

La ex jefa de los fiscales hizo este planteo luego de una entrevista en la que el presidente Alberto Fernández se refirió al tema: “En aquel momento el juez que llevaba la causa de Gils Carbó era Julián Ercolini. Lo fui a ver y le dije que era un disparate, vi como se agarraba a cabeza y me decía: ‘Pero es lo que tengo que hacer, la tengo que procesar’”.

Además tomó en consideración los dichos del fiscal de seguridad social Gabriel De Vedia sobre un diálogo que mantuvo con Fabián "Pepín" Rodríguez Simón sobre el supuesto hostigamiento a Gils Carbó, donde le dijo “si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba". El 30 de octubre de 2017 decidió renunciar luego de haber sido procesada por las supuestas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración. La misma se efectivizó el 31 de diciembre.

En la misiva decía: "A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal".

Recordemos que el 12 de Octubre de 2017 fue procesada por el juez Julián Ercolini como coautora del delito de administración fraudulenta en la compra del edificio de Perón por 44 millones de pesos, en la que 3 millones fueron para una comisión que cobró el hermano de un subdirector de la Procuración. Por entonces el magistrado ordenó también un embargo sobre sus bienes por siete millones de pesos.

Un año más tarde la Cámara Federal confirmó el procesamiento pero cambió la calificación legal a negociaciones incompatibles. Los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens entendieron que no hubo perjuicio contra el Estado aunque sí se direccionó la licitación para beneficiar a un mediohermano del exsubdirector de Administración del organismo.

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