El Congreso pone en la mira la deuda que tomó Macri con el FMI

El Congreso pone en la mira la deuda que tomó Macri con el FMI

Son 44.000 millones de dólares que llegaron al país entre 2018 y 2019. Citarán al ministro Guzmán, a funcionarios del Banco Central, la Procuración del Tesoro y la Oficina Anticorrupción para averiguar si el Gobierno anterior actuó de manera irregular.

Mariano Spezzapria

Mariano Spezzapria

La coalición gubernamental Frente de Todos puso la mira en la toma de deuda que hizo la administración de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. En esa línea, una comisión bicameral del Congreso indagará si los funcionarios del Gobierno anterior actuaron en forma irregular en las negociaciones que derivaron en la llegada de 44.000 millones de dólares al país entre 2018 y 2019.

Se trata de la Comisión Bicameral Parlamentaria de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa, que hoy sesionó en forma remota y acordó invitar al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a funcionarios de la Procuración General del Tesoro, el Banco Central y la Oficina Anticorrupción para que brinden informes sobre el nivel de endeudamiento, que aumentó con la gestión Macri y que condiciona la negociación con el FMI.

El titular del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, fue ratificado al frente de la comisión bicameral y de inmediato accedió a un planteo del diputado nacional del oficialismo José Luis Gioja, quien reclamó convocar a autoridades de la Procuración General del Tesoro, la Oficina Anticorrupción y el BCRA para que ofrezcan precisiones sobre la causa judicial que investiga si durante el Gobierno de Macri hubo “administración fraudulenta”.

La jugada parlamentaria del oficialismo coincidió –no precisamente por casualidad- con la instrucción del Gobierno nacional al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga si existió "administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública" de parte de Macri y otros funcionarios, como Nicolás Dujovne, en el endeudamiento con el FMI.

Al aceptar la propuesta, que apoyó el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, el senador Mayans dijo que "la renegociación con ambos organismos (el FMI y el Club de París) es la más difícil que la Argentina tiene por delante" y consideró que "puede servir para cambiar los valores del sistema financiero de nuestro país, sobre todo de estas tasas que son realmente monstruosas e impiden el desarrollo de nuestra economía".

El formoseño Mayans también dejó una advertencia interna, que entre líneas pareció dirigida al ministro Guzmán: el Congreso "deberá también resolver si va a acompañar o no la negociación por la deuda", dijo como al pasar. En el encuentro, el diputado del PRO Luciano Laspina fue ratificado como vicepresidente, mientras que el senador Matías Rodríguez (Frente de Todos-Tierra del Fuego) y el diputado Itai Hagman (FdT-CABA), continuarán como secretarios.

En forma paralela, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 239/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, que también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria y de Guzmán; y que en el artículo 1° "instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”".

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. El artículo 1 agrega la necesidad de que el Procurador "coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado".

En tanto, en el artículo 2° del decreto también se instruye al procurador Zannini -que estuvo preso durante el Gobierno de Macri- "a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal".

Del mismo modo, el decreto instruyó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) "para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios".

El Senado avanzó hoy en la misma dirección, como aseguró la representante del FdT por Santa Fe, María de los Angeles Sacnun.

 

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