La dura respuesta del interventor de Hotesur a los Kirchner en 5 puntos

Esta semana, por mayoría el Tribunal Oral Federal 5, en el marco de las causas por lavado, ordenó devolver a la vicepresidenta Cristina Fernández y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el manejo de sus empresas: Los Sauces, Hotesur y el condominio que administra los bienes de la sucesión Néstor Kirchner. Fue al decidir poner fin a la intervención judicial que pesaba sobre los bienes y tras una solicitud de la defensa de la mandataria. 

Allí el abogado Carlos Beraldi manifestó que hubo un notorio deterioro de los inmuebles durante estos años de intervención como la generación de deudas millonarias por inmuebles que no se alquilaron o aquellos ocupados no pagan.

En su resolución el TOF 5 le dio diez días hábiles a los Interventores judiciales para que "hagan entrega de las respectivas administraciones a las personas que la asistencia técnica de los imputados Máximo Kirchner y Florencia Kirchner designen para tal fin". Asimismo requirió a los profesionales actuantes, que se sirvan remitir el correspondiente informe final de sus gestiones. 

Con un duro escrito, el interventor de Hotesur, Daniel Altman, respondió punto por punto, las acusaciones vertidas por Beraldi contra la intervención y las consideró “inexactas y agraviantes”. 

Allí recordó que se encuentra “cumpliendo las tareas encomendadas en mi carácter de auxiliar del Tribunal, y no como encomendado de la parte para cumplirle sus deseos o instrucciones”.

Al puntualizar sobre los aspectos marcados por la defensa el interventor en relación a la solicitud de una pericia contable para determinar la situación patrimonial aseguró que la misma demoraría el trámite del expediente y sería sobreabundante por cuanto en un incidente “los peritos han presentado un informe sobre los movimientos económicos durante casi toda la intervención y los accionistas han conocido durante los más de tres años los numerosos informes que he presentado en autos sobre la actividad de la empresa, la marcha de la explotación y la preservación del patrimonio, no habiendo realizado observación o impugnación alguna”.

Por otra parte, en relación al alquiler que según la defensa era inferior a los valores de mercado, destacó que se encontró “imposibilitado de mejorarlo pese a mis sucesivas presentaciones y a la prescindencia de los aparentes locadores para colaborar en la tarea”.

Asimismo, en cuanto a los saldos adeudados consideró inexacto que éstos sean irrecuperables por prescripción ya que según refiere en el escrito presentado realizó las consultas pertinentes que manifestaron lo contrario y se acordó llevar el tema a un arbitraje. 

Ya en un tono más duro, Altman dijo que tampoco es cierto y “ya parece costumbre no ajustarse a la verdad que la IGJ me intimara en duros términos para que cumpliera con los deberes a su cargo”. 

El interventor manifestó que el organismo le solicitó que respondiera a tres cuestiones pendientes de Hotesur en relación a Balances pendientes y tasas societarias reclamadas cuyas respuestas ya elaboró.

Y por último, en relación a sus honorarios, según la defensa por resoluciones del Tribunal y la Cámara, debe costearlos el Consejo de la Magistratura. Altman insiste que no fue notificado y que la “presente intervención fue ocasionada por la decisión de los accionistas de dejar sin órgano de administración a Hotesur SA en la Asamblea del 20.12.2017 lo que determinó la medida cautelar generada no habiendo sido un espontáneo actuar de la Judicatura. Reclamar que el – el Estado pague las gestiones que sus propios actos generaron , carece de razonabilidad”.