El Estado contestó en duros términos al planteo de la ciudad en la Corte sobre la presencialidad

Cerca de la medianoche y a poco de que se cumpliera el plazo procesal, llegó la respuesta del Estado Nacional tras la vista conferida por el Máximo Tribunal en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta frente al DNU 241 que ordenó suspender las clases presenciales en AMBA por 15 días por una cuestión sanitaria.

Antes de adentrarse en la cuestión el Procurador del tesoro Carlos Zannini cuestionó que la Corte reconozca la competencia originaria para entender en la cuestión dándole de este modo status de provincia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero teniendo en cuenta lo resuelto en otro proceso que existe entre el Estado Nacional y la CABA es que cumple con el traslado conferido. 

“Negamos todos y cada uno de los hechos invocados por la actora” así comenzó el desarrollo del escrito de 113 páginas presentado, que busca rebatir los argumentos de la Ciudad. Con datos aportados por la ministra de salud Carla Vizzotti, acusó de “tener una mirada negacionista de la realidad y la grave situación que representa la pandemia" al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Con los números del Ministerio de salud de la Nación, Zannini manifestó: “En materia de presencialidad escolar se tuvo en cuenta que el grupo de personas de 6 a 17 años, entre las semanas 1 a 4 del año representaba el 5,3% del total de casos confirmados (de coronavirus), y entre las semanas 12 a 14, representó el 7,3%. Al evaluar la proporción de casos que representa cada grupo de edad, sobre el total notificado, de 13 a 18 años, y de 20 a 29, son los que mayor aumento relativo presentaron en las últimas semanas".

Al mismo tiempo indica la presentación “el Gobierno Federal comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, pero en este contexto actual, es deber del Estado abordar medidas de tal carácter, en la protección de la vida y la salud pública”. Sumado a esto relata que para garantizar el derecho a la educación se estableció la modalidad virtual hasta el reinicio posterior, luego de transcurrido el plazo de 15 días.

Con este panorama consideró que una suspensión del decreto “implicará mayor circulación de personas y por ende del virus, lo que derivará en una mayor saturación del sistema de salud y, como consecuencia fatal, la pérdida de vidas. De concederse la medida, los efectos disvaliosos serán claramente irreversibles".

El Estado al responder la vista, aportó información tendiente a demostrar “la gravedad de la situación sanitaria, la que está siendo minimizada por la actora (CABA) con una indiferencia por las vidas en juego que no pasará inadvertida.”

Recuerda el procurador que Rodríguez Larreta ha consentido todas las medidas tomadas desde hace más de un año, incluso aquellas más restrictivas como las dispuestas durante el ASPO ( Aislamiento social preventivo y obligatorio).

Por último, solicitó a la Corte que se convoque al gobierno de la provincia de Buenos Aires ya que la cuestión planteada  por CABA resulta común a la Nación y provincia. Así lo hizo al expresar: “Ya que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se autopercibe autónomo, en términos tales que no advierte que sus actos y omisiones proyecten efectos y consecuencias más allá de los límites territoriales de la Ciudad, en particular a la esfera del AMBA que por tal motivo quedó alcanzada por las previsiones del art 2 del decreto 241/21”

Ahora, la Corte Suprema deberá correr vista nuevamente a la Procuración General de la Nación para que se expida sobre la inconstitucionalidad solicitada, cuyo dictamen no es vinculante y definir si hace lugar al pedido de llamar como tercero interesado al gobierno de Kicillof, más las presentaciones que hay de organizaciones para ser amicus curiae. Lo cierto que los días siguen corriendo y el DNU tiene vigencia en materia de suspensión de presencialidad de escuelas en AMBA hasta el 30 de Abril.