Clases presenciales o virtuales: la mirada está puesta en la justicia

Desde el domingo pasado cuando la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativa Tributaria y de relaciones de consumo (CATyC) hizo lugar al planteo de ONGs para que se garantice la presencialidad de clases en la Ciudad a contramano con lo dispuesto por el presidente, a través de un decreto de necesidad y urgencia de suspenderlas durante quince días en razón de la situación sanitaria, empezaron las críticas de un sector y otro, lo que también derivó en denuncias penales contra el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por “atentar contra la salud pública” y a los jueces que hicieron lugar a la cautelar por "prevaricato" y en el consejo de la magistratura por “mal desempeño”.

A la fecha en relación a la disputa de presencialidad o virtualidad se sustancian diversos procesos ya sea en el fuero contencioso de la CABA o el federal tras distintas presentaciones- entre ellas la de la Procuración del Tesoro en cabeza de Carlos Zannini- que busca que la justicia reafirme el DNU anulando la decisión de la Cámara porteña declarándolo incompetente. 

Mientras tanto, la Corte Suprema se declaró competente para intervenir en la disputa y corrió traslado por cinco días al Estado para que conteste en relación al planteo efectuado por la Ciudad de Buenos Aires para que se decrete la inconstitucionalidad del DNU 241/21 que suspendió la presencialidad. 

Son varios expedientes que generan gastos de recursos que podrían evitarse si la política se pusiera de acuerdo, algo que a las claras no ocurre y no se ve en lo próximo, porque más allá que unos y otros piden moderación, ninguno parece dispuesto a dar el ejemplo y en el medio los niños que parecen rehenes de esa pelea política. 

Como es de público conocimiento, ayer se abrieron las escuelas en la CABA con algunos paros docentes buscando la virtualidad y algunos padres abrazando escuelas pidiendo por clases presenciales en el conurbano bonaerense donde algunos municipios presentaron amparos en favor de la presencialidad. En ese contexto la justicia porteña volvió a dar respuestas a planteos efectuados. 

El titular del Juzgado 13 del fuero CATyC porteño, Guillermo Scheibler, resolvió en el marco de una medida cautelar ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de computar las faltas y/o quita de vacantes respecto de aquellos/as alumnos/as cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos y adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual.

La decisión tomada por el magistrado es hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la cuestión planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la constitucionalidad del artículo 2º del DNU 241/2021 o hasta el cumplimiento el plazo dispuesto en dicho artículo, lo que ocurra primero. 

Todas las miradas están en el Máximo Tribunal del país. Llegará la respuesta antes de que concluyan los 15 días que menciona el DNU o todo quedará en abstracto. Las agujas del reloj se mueven. Por el momento la certeza está dada en la audiencia prevista para mañana miércoles en el marco de otro proceso. Nada más ni nada menos que la quita de la coparticipación.