El Far West bonaerense: el AMBA, desbordado por la inseguridad

El Far West bonaerense: el AMBA, desbordado por la inseguridad

Un nuevo crimen en Castelar, en el límite entre Ituzaingó y Morón, en el corazón del oeste del Conurbano bonaerense alargó la extrema preocupación que mantiene en vilo a la población del Gran Buenos Aires, tras la espectacular marcha que el viernes protagonizaron los vecinos de Ramos Mejía.

Alejandro Cancelare

Alejandro Cancelare

Milagros Silva es la nueva víctima de un caso provocado por la inseguridad que domina el AMBA, más allá que no sufrió ni un robo ni fue apuntada por un arma directamente. Ella murió porque motochorros la embistieron mientras huían de la persecución policial. 

Todo comenzó a varias cuadras de ahí, en Segunda Rivadavia y Pérez Quintana, en Ituzaingó, y terminó con la tragedia que atropelló a la joven Sosa, de 21 años, que según relataron sus familiares, estaba embarazada, en la esquina de Isabel de Pardo y Palmero, en Morón Sur. 

El viernes, en lo que fue una de las manifestaciones más importantes que se produjo en reclamo por mayor seguridad en La Matanza, a pocos kilómetros de donde se produjo la tragedia recién narrada, miles de vecinos se concentraron en Ramos Mejía, localidad límite entre Morón e Ituzaingó, para decir "basta" y pedir por más patrulleros y una respuesta de la Municipalidad que administra Fernando Espinoza y pidieron que allí estuviera Sergio Berni, ministro de Seguridad provincial enemistado con el intendente.

La angustiante situación de los vecinos de la Provincia de Buenos Aires no encuentra respuestas entre las autoridades provinciales ni nacionales, enfrascadas en una disputa sobre el criterio y la manera de combatir el delito entre Berni y su par nacional, Sabina Fréderic, que interpela también a los intendentes que no saben qué hacer ante esta pelea constante. 

Por este motivo la semana pasada, y a modo de respaldo a Fréderic por parte de los jefes comunales que suelen disentir con la manera en que se maneja el ministro de la Provincia, se reunieron con la funcionaria nacional y le pidieron que articularan directamente con ellos sobre la disposición de las fuerzas nacionales en los municipios. 

La inseguridad, que fue amortiguada por la pandemia y el aislamiento estricto dispuesto durante varios meses, se disparó con hechos cotidianos en la que la mayoría de las veces hay motochorros involucrados. El último caso de Ramos Mejía, donde la víctima, María Rosa Daglio, sufrió un golpe mortal cuando quisieron robarle la cartera, motivó una masiva marcha de vecinos. 

Las diferencias entre las jurisdicciones no es un tema menor. Desde hace años los intendentes discuten y reclaman, según el lugar donde se encuentran, la necesidad de contar con un cuerpo de policía local. Estos, la mayoría administradores de las localidades ubicadas en la zona norte del Conurbano, siempre tuvieron la resistencia de sus pares de otros lugares del AMBA, mucho más a gusto de no tener esa responsabilidad de manera directa y que siguiera todo dependiendo de la administración provincial, aunque de sus presupuestos salieran los gastos para el mantenimiento general de La Bonaerense. 

Uno de los que más se opone a hacerse cargo del tema es Espinoza, quien siempre manifiesta que la inseguridad no es su responsabilidad y que el único que debe responder es el gobierno provincial. Esta mirada no es compartida, hoy, por sus pares de la región.

En el tema parece que no hubiera grietas. Ni Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, Juan Zabaleta, de Hurlingham, Alberto Descalzo, de Ituzaingó y Lucas Ghi, intendentes de Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó y Morón, creen todo lo contrario. Ellos, al igual que la mayoría, hoy pretenden una mayor participación municipal sobre la seguridad en sus territorios. 

"La creación de las policías comunales fue un muy buen indicio", dijo hace meses Descalzo, para quien "la posibilidad de identificar un policía de cercanía hacía que la gente tuviera más tranquilidad". Esa fuerza no terminaba de ser municipal, sino que dependía de la Provincia aunque los intendentes tuvieran mucho más injerencia en su funcionalidad. 

Fue implementada en la última parte de su gestión por el ex gobernador Daniel Scioli como parte de su campaña presidencial. Cuando asumió María Eugenia Vidal, más de la mitad de sus integrantes fueron dados de baja porque no reunían las aptitudes técnicas ni sicológicas para cumplir con su rol en favor de la seguridad urbana. Berni las incorporó directamente a La Bonaerense y las comunales hoy sólo funcionan en el organigrama.

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