Vuelve la promoción industrial y Mendoza sufrirá el impacto otra vez

Vuelve la promoción industrial y Mendoza sufrirá el impacto otra vez

La decisión de Alberto Fernández de otorgar beneficios impositivos para la generación de empleo en el norte del país trae de vuelta un sistema que tuvo efectos nefastos en la economía durante décadas. Por qué, mas allá de las promesas de encontrar una salida, Mendoza otra vez resultaría perjudicada.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

El cruce fue tenso por momentos. “¡No es la manera de reclamar!”, se defendía del otro lado de la línea el ministro de la Producción, Matías Kulfas, mientras Rodolfo Suarez intentaba, desde aquí, calmar los ánimos ante lo que ya era sin dudas un nuevo cruce entre el gobierno provincial y la Casa Rosada. En este caso, por la decisión del presidente Alberto Fernández de otorgar beneficios impositivos para la generación de empleo a industrias radicadas en las provincias del norte argentino (y en San Juan también), medida que va a generar, sin dudas, un impacto negativo en la economía mendocina.

Esta especie de vuelta a un sistema de promoción industrial para algunas regiones del país, que históricamente generó tanto daño en Mendoza --durante tres décadas--, desencadenó otra discusión telefónica (y más fuerte aún) entre el propio ministro nacional y el titular de la cartera de Producción mendocina, Enrique Vaquié, que el jueves le había enviado una nota a Kulfas anticipando que la Provincia “no iba a tolerar” el regreso de este tipo de regímenes.

Esa conversación no terminó bien. Y Suarez buscó, un día después, reencauzarla de alguna manera. “Vamos a ver. Algo vamos a hacer”, le transmitió el funcionario nacional al gobernador.

La salida a este conflicto, más allá del compromiso nacional, es neblinosa todavía. Mendoza accedería a los mismos beneficios que San Juan (el gobierno de esa provincia también pataleó cuando se hicieron los anuncios para el norte), pero no quedaría abarcado por el programa paulatino de reducción de aportes patronales para empresas que sí comprende a la región del “Norte Grande”, como la bautizaron Alberto y los mandatarios de esa zona. A cambio, lo que recibiría Suarez (al igual que el sanjuanino Sergio Uñac) sería un subsidio para la generación de nuevos puestos de trabajo que surgirían de los Aportes No Reembolsables (ANR) que provienen del Fondo de Desarrollo Productivo de la Nación.

¿Existen diferencias entre un plan y el otro? Sí. Una de ellas es que el programa de la discordia será de aplicación automática para las empresas norteñas por un plazo de tres años y aquí serán fondos que la provincia recibiría de la Nación y que, a su vez, distribuiría entre los que aspiren a acceder al beneficio. Cuánto recibiría Mendoza de esos ANR es la otra duda que todavía no se despeja y que es clave para determinar si el beneficio será equiparable en términos económicos al que recibirán otros distritos. Pero la clave es, en definitiva, por qué si el gobierno nacional está dispuesto a no dejar afuera a Mendoza de la reducción de cargas patronales para impulsar el empleo, solo promete un subsidio y no incorporarla al decreto que abarcará a 10 provincias.

La reacción de Suarez

Más allá de esta incertidumbre, Suárez intentó moverse rápido. Por un lado comenzó a explorar la posibilidad de que una medida de este tipo sea discutida por el Congreso y no que se resuelva a través de un decreto presidencial. Aquí no habrá una convocatoria a la totalidad de legisladores nacionales por Mendoza, sino que se manejará con los propios. Por otro camino, ya está en marcha la presentación de una medida judicial, si se quiere, un tanto creativa.

La Fiscalía de Estado ya comenzó a elaborar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que no apunta a pedir la suspensión de los beneficios impositivos para otros, sino que exige la incorporación de Mendoza en ellos. La base de la argumentación será, probablemente, que aquí no está en discusión el reparto de recursos entre las provincias a través de la coparticipación federal, porque el Gobierno financiará el programa con recursos del Tesoro. Pero lo que sí existiría es lo que Fiscalía entiende como “inconstitucionalidad por omisión”, es decir, que el decreto es discriminatorio y que viola el principio de igualdad entre las provincias.

Si la demanda tendrá o no éxito no está garantizado. Pero experiencias anteriores, particularmente en reclamos judiciales por los perjuicios por la promoción industrial impulsados desde acá, demostraron que pueden resultar herramientas efectivas a la hora de sentarse en una mesa de negociación con el gobierno nacional.

Antecedentes e informes

El impacto negativo para Mendoza como consecuencia de este tipo de políticas de descentralización productiva, que basadas en el otorgamiento de subsidios buscaba la radicación de nuevos emprendimientos en las provincias consideradas pobres, arrancó durante la última dictadura militar. Pero los efectos más fuertes comenzaron a percibirse hacia finales de la década del 80 y, fundamentalmente, durante los 90.

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) realizó dos informes muy abarcativos acerca del daño que causó en la economía de la Provincia el hecho de que durante por lo menos tres décadas las vecinas San Luis y San Juan, pero también Catamarca y La Rioja, gozaran de este tipo de beneficios impositivos que incluían, entre otros, la exención del Impuesto a las Ganancias, la liberación del IVA o la exención del pago de derechos de exportación para industrias.

La primera parte del informe llegó hasta 1999, pero once años después (en 2010) el CEM actualizó los datos como consecuencia de que el entonces gobierno de Cristina Kirchner había decidido la prórroga de la promoción por casi veinte años más y eso había desencadenado la presentación por parte de Mendoza de una demanda judicial anta la Corte Suprema de Justicia para evitar que esa extensión del régimen se produjera. Ese loop en el que se ha transformado la Argentina. El gobernador en aquél momento era Celso Jaque y lo que logró no fue muy distinto a lo que Suarez pretende ahora: si se van a aplicar medidas de este tipo, por más perjudiciales que sean a largo plazo para la economía, es mejor quedar adentro que afuera.

La Provincia consiguió que por lo menos una decena de departamentos quedaran abarcados por los beneficios de la promoción, aunque el efecto duró poco: el régimen de promoción industrial para las provincias de la región (y para Mendoza) llegó a su fin en 2012. Como colorario quedó demostrado que el sistema resultó un canto de cisne: en San Luis, por caso, la tasa de empleo se cuadriplicó durante los años de vigencia de la promoción (en Catamarca, La Rioja y San Juan este resultado fue más moderado) pero solo el 10% de las empresas que se radicaron acogiéndose a estos beneficios siguieron trabajando una vez que las exenciones llegaron a su fin.

En tanto, mientras duró, los costos que pagó Mendoza por la promoción fueron inmensos. En ese sentido, el CEM estableció, hace una década ya, que el costo fiscal nacional para sostener la promoción había llegado a los $180.000 millones y que la pérdida total en términos de recursos fiscales para la provincia de Mendoza ocasionados por el régimen de promoción de las cuatro provincias, alcanzaba en aquél momento los $ 10.000 millones. “Con ello calculaba -el CEM entonces-  que se podrían haber construido en Mendoza aproximadamente 2.000 escuelas o 1.000 megaescuelas o, bien, se podrían haber construido 340 hospitales con muy buen equipamiento”. A juzgar por el arreglo que la Provincia alcanzó con la Nación por una demanda iniciada en los 90 por los perjuicios de la promoción (que sirve ahora de financiamiento para la obra Portezuelo del Viento) la cifra no está tan lejana de ese cálculo del CEM.

Mendoza tiene vigente un acuerdo con el Gobierno nacional por el pago de U$S 1.023 millones para compensar los costos de esa pérdida.

Sin embargo, el alto costo del régimen promocional “no gravitó en la mejora de los indicadores de desarrollo humano ya que las provincias comprendidas muestran una convergencia menos dinámica que las restantes provincias argentinas”. Por otra parte, y analizando los últimos censos económicos nacionales, se comprueba que la promoción industrial favoreció la relocalización de emprendimientos fabriles hacia los cuatro distritos, pero ninguno de ellos “ha logrado un padrón productivo con predominio de las actividades vinculadas con la producción de bienes”, detalló el CEM en aquella ocasión.

La pelea por el protagonismo

Este caso le agregó un nuevo capítulo al sainete político entre el gobernador y la senadora Anabel Fernández Sagasti, quienes protagonizaron una carrera en Twitter en busca de intentar demostrar quién había logrado primero encontrarle una salida al problema.

El gobierno se enteró por los diarios de los que se venía. Y la legisladora kirchnerista quedó muy desacomodada desde el inicio: su cercanía con la Casa Rosada no sirvió en esta oportunidad para evitar que Mendoza resultara dañada por un decreto del presidente. Ni siquiera funcionó el esquema de militantes del peronismo mendocino que ocupan cargos de relevancia nacional, como el caso de Leticia Cortese, la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad Pyme del ministerio que conduce Kulfas y que es además una de las dirigentes del PJ que respondió siempre a Caros Ciurca, el armador en las sombras de La Cámpora local.

La salida que esbozó Anabel en sus redes sociales fue la misma que la que dio Suarez, aunque quiso darle una contundencia a la charla con Kulfas que el gobierno no le dio.

Si la política se ha convertido en estos años en el imperio de la chicana, una última lanzada desde la calle Peltier se suma al historial. En esa dura charla entre Kulfas y Suarez del viernes a primera hora -relatan a nivel oficial- el ministro lo despide al gobernador luego de acordar algún tipo de respuesta nacional para la semana próxima. Y en el último instante de la conversación, le dice: “Te tengo que cortar, me está llamando Anabel”.

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