Con una impronta de cambios, asume Martín Soria como ministro y la justicia levanta la guardia

“Queda aceptada la renuncia. Invito al diputado Martín Soria a abandonar el recinto, no sin antes desearle el mayor de los éxitos", manifestó en el recinto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Así fue que Martín Soria dejó su cargo como legislador del Frente de Todos por la provincia de Rio Negro. Este lunes jurará como nuevo Ministro de Justicia y Derechos Humanos, tras la salida de Marcela Losardo. El acto se realizará a las 15 horas en el museo del Bicentenario de la casa Rosada.

El desafío no es menor, ya que su postura es radical frente a la justicia, algo que no fue “bien” recibido en los tribunales federales. Algunas voces manifestaron “es más de lo mismo”, por otro lado, fuentes judiciales analizaron la situación  y fueron más allá, creen que se inicia un proceso más duro en las relaciones.

Soria es y ha sido un feroz crítico de la actuación de varios integrantes del poder judicial, no escatimó en críticas y dijo que se debe luchar contra el “lawfare” concepto  que se incorporó al léxico cotidiano, luego de que hiciera alusión al mismo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La teoría sostiene que las causas judiciales son armadas para persecución de dirigentes políticos. 

El flamante ministro además denunció  al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos. Fue denunciado en la justicia y  también en el Consejo de la Magistratura por sus reiteradas visitas al ex presidente Mauricio Macri. Al tiempo que colegas suyos llegaron a pedirle que renuncie a su cargo. Un expediente que avanza luego de aprobarse en comisión las medidas de prueba solicitadas por el consejero Diego Molea.

Punto de inflexión 

“¿Qué estamos discutiendo? Tener jueces más independientes, probos, imparciales, que no entren a escondidas al despacho de un presidente y al otro día saquen un fallo para la tapa de un diario persiguiendo a un empresario, periodista o dirigente de la oposición. Está en debate la crisis de legitimidad del Poder Judicial”, dijo en una entrevista a C5N Soria, encolumnado con la mirada de Cristina Fernández de Kirchner. 

Mientras se plantea esto, en la Cámara Federal asumió este viernes, con críticas de la oposición, quien fuera abogado de la vicepresidenta, el doctor Roberto Boico, un reconocido constitucionalista de quien currículum en mano nadie podría decir nada, pero el sólo hecho de haber representado a una de las máximas autoridades del país empaña su designación y la pone en duda. 

Por otro lado en un juzgado Clave como es el Federal 1 de La Plata con competencia electoral juró el Dr Alejo Ramos Padilla, el primero en investigar una presunta asociación ilícita para espionaje y extorsión durante el macrismo, también cuestionado por dirigentes opositores. Es como una entelequia, buscan transparentar la justicia pero los nombramientos “ amigos” siguen estando manifiestan algunas voces. 

Antes de asumir cuando se conoció la elección del presidente Alberto Fernández, que en medio de una entrevista televisiva contó que tras un almuerzo con el ahora ex diputado le había ofrecido el cargo al que accedió. Fue el mismo Soria quien no dejó dudas de su tarea y a través de sus redes sociales el 16 de marzo escribió “el presidente @alferdez me honró con la propuesta para sumarme a su equipo como ministro de justicia de la Nación. Por supuesto que acepté este desafío que me llena de orgullo y de sentido de responsabilidad”. 

Los nuevos desafíos 

La tarea para el ministro no será fácil, los cambios que se buscan son profundos y con la anterior gestión no vieron grandes avances y Alberto Fernández dijo en una entrevista que “la llegada de Soria tiene que ver con un giro que pretende darle a la cuestión judicial”: Por un lado la reforma judicial que tiene media sanción, por el otro la nueva ley del Ministerio Público Fiscal donde hasta el momento no se pudo imponer la decisión del presidente para que el nuevo procurador sea el juez Daniel Rafecas, “ no alcanzan los votos” resonaba entre los legisladores. Parece un siglo de todo esto y ya nadie lo menciona como opción. En el medio la implementación del sistema acusatorio que ya empezó a funcionar en algunas provincias pero que el Ejecutivo quiere que cuanto antes se ponga en marcha en todo el país.

Tal vez el objetivo más complejo que tiene por delante, es el nombramiento de jueces en lugares claves que hoy están vacantes. Sobre todo en los tribunales federales cuyas causas son de contenido político en su mayoría. No es algo desconocido que actualmente los tribunales nacionales y federales trabajan con subrogancias que se extienden en el tiempo producto de las dilaciones en los concursos. El Consejo de la Magistratura logró acelerar algunos procesos pero deberá juntar los votos necesarios para la aprobación de los pliegos. 

Pero no son pocos los que ven con preocupación la llegada de Soria. Algunos aseguran que las declaraciones preliminares no ayudan, y hacen que “claramente estemos muy atentos a lo que venga” manifestó un consejero. “ Losardo aportaba cierta razonabilidad y mesura. Lo que se advierte ahora, con el nuevo ministro, es la consolidación de un eje más homogéneo entre Poder Ejecutivo, Senado y Consejo” manifestó una voz consultada. En cambio desde el oficialismo ven con buenos ojos su llegada.

La Corte Suprema 

Otro actor señalado por el nuevo ministro fue nada más ni nada menos que el Máximo Tribunal. “Esta justicia así como está no va más. Por eso es tan necesaria la visión de la Corte sobre la situación de un procurador atornillado hace tres años y que nadie eligió.(en clara alusión a Eduardo Casal quien asumió interinamente tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó) ¿Qué opinan de la reforma judicial y del Ministerio público fiscal? ¿Qué opinan de lo que sucede en Casación?.”

La Corte no se pronunció sobre los dichos pero el mensaje no augura una cercanía al diálogo, sino que pareciera más bien confrontativo. 

Hoy las respuestas para los cambios que busca el gobierno están estancadas en el Congreso. Y de momento es el poder legislativo el que tiene en su manos la posibilidad de aprobar o dejar en stand by esas reformas.