La maniobra que puede hacer que Alberto Fernández y Rodolfo Suarez sean socios

Alberto Fernández y Rodolfo Suarez lideran estados desde partidos políticos distintos, tienen visiones encontradas y son némesis en muchos sentidos. Pero pueden terminar como socios y en un modelo de intervención que también sería novedoso: que la Nación y la Provincia sean accionistas de una empresa para rescatarla. Es lo que ocurre con IMPSA, firma que ayer decidió emitir acciones para ofrecerlas a los dos estados a cambio de 20 millones de dólares para invertir en capital de trabajo. La empresa atraviesa desde 2014 una crisis económica y financiera que ha tenido vaivenes varios: quedó en manos de los acreedores, buscaron venderla y no hubo ofertas y reestructuró la deuda dos veces. Ahora buscan un modelo sui generis de intervención. 

En el Gobierno de Mendoza aseguran que recibieron la oferta informalmente, pero que no hay decisión tomada. Que analizarán la situación. Consideran a IMPSA una empresa clave, pero evalúan el costo político que podría tener ayudar a una empresa y no al resto. La Nación tiene un camino más claro. El año pasado esa empresa fue declarada estratégica por el Gobierno y recibió una línea especial de ayuda. La idea no es nueva, pero buscan un modelo más prolijo. 

Cuando el presidente Alberto Fernández anunció la intervención y expropiación de Vicentín, IMPSA quedó en primer plano porque tenía algunas semejanzas con la cerealera santafesina. Pero la diferencia era que los dueños de la metalúrgica no eran empresarios, sino bancos. Hay otro antecedentes. Cuando en 2019 se puso a la venta, aparecieron ofertas para hacer de IMPSA una empresa mixta, es decir con participación estatal. Uno de los grupos que ideó esa propuesta estaba relacionado con José Luis Manzano. La venta no se pudo hacer, pero ahora IMPSA es la que propone la participación estatal. 

Para el Gobierno la empresa mendocina es estratégica porque desarrolla tecnología propia para construir generadores eléctricos, está abocada a la inteligencia artificial e, incluso, es parte de proyectos reservados para construir reactores nucleares en asocio con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Además, genera una red de proveedores con alto valor agregado que dependen de manera subsidiaria de IMPSA. En la industria creen que la caída de esa empresa es un "golpe a la autoestima" de Mendoza. Pero, claro, el contraste se nota cuando se analizan las causas de la debacle, que tienen en la mala gestión y en lo ocurrido con Venezuela y Brasil como principales causas. 

Los 1800 millones de pesos que busca IMPSA son, según explican, para seguir compitiendo en el mundo y desarrollar los proyectos energéticos y tecnológicos que tienen en carpeta. La intención es mantener el equipo de trabajo, peor que se sume la mirada de directores estatales luego de la capitalización. Por eso se amplió el directorio. De manera indirecta ya hay participación estatal a través de los bancos que son dueños, como el Banco Nación. De hecho ayer fue nombrada como síndica una abogada relacionada con el peronismo, la sanrafaelina Cecilia Da Dalt. La empresa decidió modificar su estatuto, crear las acciones C y cambiar también la composición del directorio para esperar a los posibles nuevos accionistas. 

El Estado mendocino gestiona empresas, pero relacionadas con concesiones. Es lo que ocurre con Aysam, que es una empresa con participación mayoritaria estatal. También tiene EMESA, la empresa provincial de energía y la Sociedad de Transporte de Mendoza. Es parte de manera casi testimonial en YPF y prevén crear una empresa estatal de minería. La participación en IMPSA sería distinta porque esa firma no cambiaría la razón social. 

El problema para seguir la propuesta de la empresa es la falta de recursos y el sentido de la oportunidad. Es que la Nación y la Provincia están con cuentas agotadas. Pero además, deberían explicar por qué si capitalizar IMPSA y no otras. Además, deberán analizar si quieren o no ser socios. "Socios, pero no amigos", aclaran en Casa de Gobierno por las dudas.