La osada maniobra que podría ejecutar Suarez para desafiar a Alberto Fernández
"Que Mendoza no avance en la concreción de la obra". La frase es sólo un discurso, pero esconde las intenciones política detrás de los actos administrativos: que Mendoza suspenda la ejecución de Portezuelo del Viento, la "obra del siglo" y gran esperanza de reactivación económica en el corto plazo para el Sur y buena parte de la provincia. Eso pidieron como cierre de la árida reunión entre las provincias y la Nación en el marco del litigio que se generó por la oposición de La Pampa y la Nación a que la obra avance. Más allá de las razones, el embrollo tiene una consecuencia obvia: la demora y posible postergación. Pero Rodolfo Suarez podría responder con una osada maniobra: avanzar con la licitación y hasta con la ejecución de la obra, usando los dólares que Mendoza tiene ahorrados.
La base de esa decisión es que para el Gobierno de Mendoza no hay nada que frene la realización de Portezuelo y que la legalidad que rige es lo dispuesto por Mauricio Macri en el arbitraje de 2018. Es decir que se de curso a las gestiones para hacer la obra sobre el Río Grande, un curso de agua "mendocino" pero que forma parte de la cuenca del Río Colorado. El Gobierno desconoce la legalidad de la comisión que se aprobó ayer porque es paralela al COIRCO. Lo mismo que ocurrió con otras decisiones políticas en las que Mendoza tiene todas las de perder: así como hasta 2019 Mendoza ganaba 4 a 1 las votaciones, hoy las pierde en la misma proporción.
Aunque en las reuniones del COIRCO también se dio curso a la revisión de los estudios de impacto ambiental, para Suarez lo único que puede cambiar todo es un nuevo arbitraje de Alberto Fernández. Fue Suarez quien pidió esa instancia el año pasado. El propio Presidente podría laudar contra Mendoza, aunque entienden que sería una decisión compleja "bochar" una obra de 1000 millones de dólares.
Idas y vueltas
Ayer Mendoza quedó nuevamente sola tras la ratificación de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires de crear una comisión que actúe en paralelo al COIRCO para hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. De hecho es aún peor: la comisión establecería los términos de referencia, es decir qué cosas se tendrán en cuenta para analizar el impacto ambiental. Todo es tiempo, demora.
El Gobierno desconoce la legitimidad de esa comisión porque en realidad es el propio COIRCO el que debe dirimir las controversias. Pero la mayoría piensa otra cosa y la alternativa que le queda a la Provincia es que se reactive el arbitraje presidencial que el gobernador Rodolfo Suarez pidió y que, claro, tiene malas perspectivas dado el contexto.
En Mendoza igual no está todo cerrado. La propia resolución de Mauricio Macri exigía requisitos que para La Pampa no están cumplidos. Es que en el arbitraje se exigía que antes de la adjudicación de la obra "se lleve a cabo el estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado". Justamente ese es el punto de cuestionamiento: para las otras provincias ese requisito no está cumplido; para Mendoza sí.
Mientras tanto, la licitación sigue en marcha pero con mora en cuanto a los tiempos. No se ha conocido la oferta técnica presentada por el único consorcio oferente y tampoco se abrió el sobre de la oferta económica, es decir cuánto saldrá. El Gobierno busca cumplir esos pasos, adjudicarla y si es posible comenzar la obra. Esa podría ser la maniobra más osada de la gestión de Suarez, pues desde la Nación y las provincias vecinas buscan impedirlo. Mendoza tiene ya "ahorrado" 151 millones de dólares de los 1023 comprometidos. Hoy están guardados en un fideicomiso que tiene un único destino. Por las demoras, hay presiones para que esos recursos se inviertan en otras obras. Por ahora, Suarez apuesta a hacer Portezuelo.