Bajo presión, Suarez decide cambios en una ley fundamental

La agenda del gobernador Rodolfo Suarez tuvo un cambio inesperado. Había citado a los 18 intendentes para hablar de dos temas clave: el inicio de clases y la campaña de vacunación. En ambos casos el rol de los jefes comunales es importante porque colaboran con recursos y con la logística. Pero la crisis desatada por el aumento del impuesto automotor cambió las prioridades y hoy Suarez y los intendentes analizarán cuánto retroceder sobre la ley impositiva vigente. 

El Gobernador está bajo presión y hasta los empresarios, aliados hasta ahora, se manifestaron por la suba de ese impuesto patrimonial. En el Ejecutivo reconocen que dado el contexto será imposible hacer lo que preveían al inicio de la polémica: no cambiar nada. Por eso el ministro de Hacienda Lisandro Nieri presentará un menú de opciones que de por sí es acotado. El problema es que cualquier ajuste en los ingresos implica también una correspondencia con los gastos. Y allí el aval de los intendentes es imprescindible, pues el 70% del impuesto patrimonial se coparticipa. La reunión es al mediodía en Casa de Gobierno. 

Subas

El impuesto automotor se disparó por el aumento descomunal que tuvieron los vehículos. Ese tributo se calcula según el valor de mercado: es el 3% de la tasación que figura en la lista del Registro del Automotor. Hubo casos en los que la suba supera el 100% respecto al 2020.

No estaba en discusión bajar la alícuota sobre la que se calcula porque generaría un problema estructural a futuro. Lo más probable, explican,  es que se busque un tope a los aumentos, como ocurre en el Impuesto Inmobiliario. La ley no hace diferenciación por tipo de vehículos. Los empresarios, por ejemplo, piden que haya un filtro para que se cobre menos a los utilitarios y otros transportes relacionados con el trabajo. En el Gobierno reconocen esa intención, pero explican que es muy complejo determinar esos parámetros. Podrían hacerlo con empresas, por ejemplo, pero hay muchas personas en la economía informal y, al revés, muchas personas que tienen vehículos que podrían ser de trabajo pero los usan con otro fin. 

Por eso la búsqueda de un tope es una de las opciones con más posibilidades de progresar. Para Suarez y su equipo es un arma de doble filo. Saben que los intendentes pueden aceptar un recorte ahora. Pero ese gesto podría transformarse en reclamo de más ayuda provincial luego. "Muchos reconocen que el impuesto es alto, pero no quieren perder recursos", explicaron. 

A mediano plazo creen que la polémica puede generar distorsiones en un impuesto que consideran progresivo. Es que si se aplican cambios, es probable que "se queden" en futuras leyes impositivas. Y que ocurra como con el impuesto Inmobiliario, es decir que de a poco pierda peso en el esquema de recaudación. Hoy los impuestos patrimoniales representan una porción menor respecto a los tributos distorsivos, como Ingresos Brutos. A futuro podría ser peor.