Nada hace prever que los intendentes se vayan a oponer mañana a que Rodolfo Suarez termine revisando y frene, al menos para una franja, el aumento del Impuesto Automotor que causó muchísimo malestar en una proporción importante de contribuyentes que, además, tienen el perfil de ser votantes del gobierno provincial.

Los jefes comunales del peronismo desde ya que no dirán nada. Salieron a anunciar públicamente que están encolumnados detrás del reclamo que hicieron sus legisladores al respecto. Y los oficialistas tampoco, aunque fue notable su reacción: salvo un pataleo en público del capitalino Ulpiano Suarez por un seguro recorte de ingresos, prácticamente ninguno salió en defensa del gobierno en esta crisis. Los bloques legislativos menos, a pesar de haber votado la ley que terminó validando la suba establecida por el ministerio de Hacienda en el proyecto de Ley Impositiva. Hasta Julio Cobos se despegó, pidiendo que se revisaran los aumentos que llegaron hasta el 100% en algunos casos.

¿Qué pasará entonces?

El ministerio de Hacienda baraja tres opciones de las cuales dos, al menos, ya estarían descartadas. Una de ellas es revisar el tema y no hacer nada. Difícil que esto suceda: Suarez sintió el impacto de las protestas en las redes sociales que fueron creciendo a lo largo de la semana, hasta trepar al riesgo de una convocatoria para un cacerolazo. El gobierno terminó admitiendo una hecho y es que, en miles de casos, el aumento en la patente llegó a valores desproporcionados en relación a los ingresos de los dueños de esos autos. ¿Por qué pasó esto? El descargo fue la suba del precio de los vehículos desde setiembre (cuando se presentó la Ley Impositiva en la Legislatura) a ahora, que fue la base por la cual aplicaron los aumentos. Pero eso explica solo una parte del problema y el gobierno no puede alegar sorpresa.

Es cierto que el valor de los autos subió, en enero y lo que va de febrero de este año, alrededor del 14%. Es decir, muy por encima del dólar y de la inflación. Pero cuando el valor para las patentes se discutió hacia finales de noviembre en Diputados, Hacienda no accedió a una demanda del PJ en la discusión del Presupuesto que planteaba que los impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario) se mantuvieran en los niveles de aumentos de 2020. Esto bajo la alarma de que, este año, con las subas que finalmente fueron votadas en la Ley Impositiva las patentes iban a subir el 70% como mínimo y el Inmobiliario un 40% para empezar.

¿Se aplicará ahora este modelo que planteó en su momento el peronismo? Ese es es segundo punto que está descartado, porque para Lisandro Nieri eso directamente implicará una rebaja de impuestos.

El sendero por el que se está tratando de retroceder, entonces, marca que se buscará establecer algún tipo de tope para las subas que resultaron desproporcionadas y que la corrección no llegará a todos. Abarcará a unos 40.000 vehículos del total de 940.000 que tributan. Fuera de revisión, están los modelos inferiores a 2010 cuyo incremento quedó sujeto a la inflación proyectada para este año y no al valor del auto.

En tanto, como forma de intentar recuperar la iniciativa política, Suarez buscará desde esta semana darle el impulso final a una de sus principales promesas de campaña que fue apenas inicialada en 2020. El gobierno tratará de iniciar el debate en comisiones del proceso de reforma de la Constitución.

Subido al argumento de la necesidad imperiosa del achicamiento de los gastos del Estado (en este caso de lo que se va en el sostenimiento del trabajo de los legisladores) el gobernador volvió a la carga en agosto pasado con un proyecto de reforma que tiene como eje central de debate la reducción a prácticamente la mitad de la Legislatura y la imposibilidad de la reelección del cargo de gobernador, entre otros temas a abordar.

Se cumplieron casi siete meses desde que el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, se presentó en mesa de entradas de Diputados para formalizar la presentación del proyecto sin que, desde aquel 11 de agosto hasta ahora, se haya avanzado un centímetro en la discusión política del tema.

En el camino, la reforma sirvió de disparador para que se concretara finalmente la salida del Partido Demócrata de Cambia Mendoza, la coalición oficialista. Pero el peronismo todavía no se expresa sobre el asunto: hubo un respaldo inicial, pero no logró hasta aquí una postura unificada. Emir Félix, el intendente de San Rafael, en principio se mostró tan reformista como el gobernador, pero después se movió como uno de los más acérrimos detractores del proyecto. ¿Qué sucedió? Muchas explicaciones se escuchan dentro del PJ acerca de este cambio, pero la mayoría de las conclusiones apuntan al eterno deseo del cacique sanrafaelino de lograr, alguna vez, trasladar al Gran Mendoza el peso político que desde hace años ostenta en el Sur. Y esta reforma tal como está planteada, argumenta el sureño, atenta contra eso.

Suarez está jugando un juego un tanto mezquino aquí. Ante el silencio peronista, entiende que de todas maneras ganará desde lo político salgan o no los cambios constitucionales. Si la reforma se concreta, se convertirá en el gobernador que después de varios intentos en los últimos veinte años habrá logrado actualizar la vieja Carta Magna mendocina que se mantiene, en esencia, prácticamente intacta desde 1916.

Ahora si la reforma fracasa, buscará arrinconar al PJ contra la opinión pública con las encuestas que tiene en su computadora y que le marcan que por lo menos el 90% de la gente está de acuerdo con que la Constitución sea modificada. El punto parece estar aquí en conseguir una victoria política, no tanto en lograr algunos cambios para mejorar a futuro las instituciones.

El desdén que los legisladores oficialistas demostraron hasta acá en la crisis del Impuesto Automotor, también se ve reflejado en este proyecto considerado clave por Suarez. Los cambios constitucionales nunca fueron una prioridad en la agenda de Alfredo Cornejo en su momento, salvo cuando tuvo un guiño de los intendentes justicialistas (que después no se concretó en los hechos) para que fuera en búsqueda de su reelección. El exgobernador se movió hasta ahora alrededor de este tema, con el mismo equilibrio que mantiene en las iniciativas que no comparte de la gestión actual. No las entorpece, ni muchos menos los critica en público. Pero tampoco instruye a los suyos para que las militen o las trabajen.

El actual y el ex, han fijado una regla de funcionamiento que se han juramentado no romper por nada: Suarez no se mete con el liderazgo político de Cornejo y este no cuestiona el liderazgo institucional del gobernador. Esto permite, por caso, que Cornejo calle en público las críticas que le despiertan episodios como las marcha atrás con el aumento de las patentes. El entorno cornejista hizo saber hacia adentro su malestar porque este episodio  ( u otros vinculados a déficits de gestión) no solo afectan al actual mandatario. Sino que también, según entiende Cornejo, deslucen lo que fue su gobierno.

La sangre no llega por ahora ( y muy probablemente no llegará tampoco) al río. Pero situaciones como estas generan que el actual diputado todavía no le diga que sí a Suarez, en lo que es su anhelo para la próxima campaña: que Cornejo la encabece como candidato a senador nacional.

El tratamiento legislativo estará cargado de cierta urgencia ahora, luego de que la iniciativa de cambios constitucionales descansara durante mas de medio año. La ley que declare la necesidad de la reforma, paso previo básico para encarar el proceso, deberá salir antes de mayo para que el Poder Ejecutivo alcance a realizar la convocatoria para el referéndum en donde la ciudadanía votará por el Sí o por el No. Además, cabe recordar, Suarez apunta a apurar el trámite con un llamado a elegir a los convencionales constituyentes en simultáneo a los cargos provinciales y a la consulta popular.

Este cronograma prácticamente confirma lo que se definirá oficialmente allá por el mes de abril: que Mendoza no desdoblará sus elecciones y que votará en simultáneo con la convocatoria que realizará la Nación. ¿Cuándo serán los comicios? Es lo que entró en duda esta semana, además de la ratificación acerca de si habrá o no PASO. Las elecciones están previstas para agosto (las internas) y octubre (la general), pero Alberto Fernández (en tensión con el kirchnerismo por este tema) quiere ganar tiempo y correr el cronograma para setiembre y noviembre, respectivamente.