El perdón a 360 mil deudas y cómo afectará el cambio en el automotor

La crisis interna generada por el aumento del Impuesto Automotor desnudó carencias estructurales del Estado, algunas fragilidades en el Gobierno y abrió puertas que pueden complicar aún más las cuentas a futuro.  Generó, además, un problema inesperado en un verano que hasta ahora Rodolfo Suarez transitaba sin sobresaltos. 

El solo hecho de haber detonado una revisión generó una expectativa que, reconocen en el Gobierno, obligará a ejecutar algún cambio. Es decir, el plan de gestión de Suarez y de los 18 intendentes se verá afectado. La opción con mayores posibilidades es poner alguna especie de tope al aumento, según el modelo del vehículo y la gama. La maquinaria estatal se resentirá, pues los boletos ya están calculados y con fecha de vencimiento (en febrero). Incluso puede representar un retraso en el cumplimiento de las pautas de recaudación por el efecto "precautorio": muchos contribuyentes pueden no pagar a la espera de lo que se decida. En Mendoza hay casi un millón de autos empadronados que pagan el impuesto, una cantidad sensiblemente menor del parque automotor real. 

Condonación

La ley impositiva tenía otras aristas que incomodan. Una de ellas es un perdón generalizado que el Gobierno decidió a un grupo de deudores crónicos. Son más de 360 mil boletas de deuda del Impuesto Automotor e Inmobiliario que ahora se consideran incobrables. La ley impositiva condonó todas las deudas de impuestos patrimoniales desde el 2015 hacia atrás. Aseguran que la decisión se tomó porque se trata de montos ínfimos y los costos de logística y administrativos de las cobranzas son mayores a la posibilidad de recupero. Igual reconocen que tiene un impacto simbólico negativo: perdonar deudas en un contexto de exigencia de mayor pago no es bueno. Lo mismo ocurre con las moratorias y otras herramientas.

"Las obligaciones del Impuesto Inmobiliario e Impuesto a los Automotores, correspondientes al período fiscal 2015 y anteriores, se considerarán condonadas y la Administración Tributaria Mendoza deberá tomar los recaudos necesarios para su registración", dice la ley Impositiva en su artículo 39. El siguiente, también tiene un perdón. "Déjase sin efecto la aplicación de multas por la falta de presentación de la Declaración Jurada correspondiente al Régimen de Autodeclaración de Inmuebles, dispuesto por el Artículo 11 de la Ley Nº 9021", establece la norma.

Recalculando

Quienes analizan a fondo la estructura de recaudación y costos del Estado temen que ocurra un retroceso en la estrategia fiscal de Mendoza. Es que si hay un cambio en cómo se cobra el Impuesto Automotor, difícilmente sea solo para el ejercicio 2021: por  inercia es posible que se arrastre hacia adelante. Creen, así, que lo que ocurrirá será que ese tributo se desinflará; que perderá peso en la recaudación hasta ser insignificante.

En ese caso ponen un ejemplo: hace 20 años el impuesto inmobiliario representaba cerca del 20% de la recaudación. Hoy no llega al 7% porque se tomó el mismo camino, es decir subvaluar los bienes para calcular el impuesto. En ese caso, por ejemplo, se toma la inflación proyectada en el Presupuesto para calcular los aumentos. Justamente lo que las leyes de Presupuesto dicen que será es una cosa y lo que ocurre es otra. Es decir, se pauta una inflación "teórica", el impuesto se calcula con esa base, pero luego hubo (siempre) una inflación mucho mayor. El resultado es bienes que suben mucho más que la valuación fiscal. 

Con el impuesto automotor eso dejó de pasar hace 7 años, desde cuando se calcula según la tabla de valores del Registro de la Propiedad Automotor; es decir con el precio de mercado real.  El aumento del impuesto era previsible, pero en las áreas técnicas que analizan la ley impositiva reconocen una carencia estructural de la estructura del Estado para hilar fino en esos temas: hacen tabla rasa. Por eso la desproporción de algunas subas. 

El problema es que la demanda de recursos se mantendrá y pueden afectarse otros impuestos más regresivos. Mendoza, como ocurre con casi todas las provincias, se sostienen con una carga invisible pero dañina para la economía real: ingresos brutos. Ese impuesto, que representa cerca de 50 mil millones de pesos al año, se acumula en toda la cadena de valor y se traslada a precios. "Es muy fácil sumar puntos en Ingresos Brutos. Pero eso lo estás cargando automáticamente a los consumidores. No hay otra. Los impuestos patrimoniales son los que se consideran progresivos y hasta el Pacto Fiscal firmado apunta a ello"; explican en el Gobierno. El mismo análisis lo reconocen en la oposición, fuera de la tensión por la coyuntura. 

En el primer esquema de cambios a la ley podrían beneficiarse cerca de 50 mil mendocinos que tienen vehículos posteriores al 2013 y que recibieron subas por arriba del 90% respecto a lo que pagaban el año pasado. Hay quienes buscan hilar más fino para que en ese paquete no se incluyan contribuyentes que tienen bienes suntuosos o de lujo.