La ruta de la vacuna: el mecanismo que vulneró el Gobierno para favorecer a los amigos y generó su propia crisis

Cada dosis de la Sputnik V para prevenir el covid que aplicó a través del mecanismo de vacunación de privilegio que montó el Gobierno nacional tiene un precio de alrededor de 1500 pesos. Pero el costo que pagaron el presidente Alberto Fernández y su equipo por ese hecho de corrupción es mucho mayor y no se mide en valor monetario. En realidad el precio también está en medio de la nebulosa que rodea a la campaña de vacunación, pues el acuerdo con la Federación Rusa también tiene cláusulas secretas sobre lo que se paga. Justamente la vacuna desarrollada en Rusia y la estrategia local tienen problemas, pero no relacionados con la bioseguridad o la eficacia; no con la parte científica, sino con la gestión, la transparencia y las sospechas de corrupción. 

Como adelantó MDZ, la justicia tiene la puerta abierta para investigar si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público al haber vulnerado las prioridades establecidas por las normas para vacunar. Igual la repercusión es más social y política que legal. La justicia debería tener a su mano el camino de las vacunas aplicadas en la sala VIP y también en todas las provincias. De hecho es probable que ocurra: el fiscal Marijuan podría pedir los listados de todos los inoculados en el país. Allí tendrá algo a favor: gracias al incumplimiento de la promesa que hizo el Gobierno, tendrán que cruzar bases de datos relativamente pequeñas, pues Argentina no llegó al medio millón de personas vacunadas.

El registro oficial indica que se vacunaron con la primera dosis 414.958 personas. Y a tres meses del anuncio grandilocuente del Presidente hay 253.696 con el esquema completo. Hasta ahora la propia enfermedad ha conseguido inmunizar y generar más prevención que las acciones de gobierno. En Argentina hay cuatro veces más personas con anticuerpos por haber vivido con la enfermedad que personas vacunadas.

 A través de la resolución 2883/2020, firmada por el propio Ginés González García, se establece el plan de vacunación nacional. Allí están descriptas las prioridades y el mecanismo para el acceso a la inmunización. Ese es el inicio del camino legal. 

Trazabiliad

El Estado tiene el monopolio absoluto sobre la vacuna por estrategia y por el marco legal que le da la emergencia sanitaria. Supuestamente no hay posibilidad de alterar ese orden. El problema es que la sala de vacunación VIP estaba en manos de los propios regentes del sistema. La trazabilidad establecida en el plan de vacunación y hasta en el protocolo ruso, debería hacer sencilla la tarea de investigación. 

Cada frasco de la Sputnik V está registrado con códigos con mecanismos cruzados de control. Y cada frasco alcanza para 5 dosis: se abre uno y hay que tener 5 personas para vacunar. Hay un doble control. Desde que las vacunas salen para ser aplicadas se lleva el remito virtual. Cuando se va a aplicar, se hace el proceso inverso y se registra a quiénes se inocula con cada frasco. Un frasco 5 personas y esas personas atadas al número de dosis.

La Nación y las provincias tienen técnicamente blindado el proceso para que no haya fugas. Pero, con el factor humano de por medio, todo puede fallar. 

Promesas

La vacuna es un bien tan preciado que no se mide en valor monetario. Y la tentación de la promesa está al alcance de la mano de muchos dirigentes y organizaciones. Por eso, por ejemplo, hay una fuerte polémica que rodea a la participación de organizaciones sociales afines al Gobierno nacional en la campaña. Por ahora no tienen acceso a las dosis. Pero sí vía libre para difundir y prometer. En Mendoza el Movimiento Evita, Somos, la CCC y otras organizaciones instalaron Postas Sanitarias en toda la provincia, identificadas con esas organizaciones y con el aval del Ministerio de Salud de la Nación.

A la acción comunitaria que habitualmente hacen esas organizaciones, le agregaron información de prevención sobre el covid y la vacuna. El problema es la delgada línea entre informar, y avanzar en una promesa. Hubo barrios donde inscribieron a personas en planillas para ser potenciales receptores de la vacuna. La denuncia la hacen desde el propio Ejecutivo local. "Esas planillas no sirven de nada porque no llegan a ningún lado, salvo que las usen para otra cosa. La vacuna solo se aplicará según el mecanismo oficial"; explicaron. 

En Mendoza aún no hay vacunas para personas mayores de 60 años. Los municipios arman la logística para ellos y la Provincia registrará los destinatarios a través de turnos que se sacarán de manera virtual. 

El primer caso de corrupción de la gestión de Alberto Fernández no tiene muchos ceros en la posibilidad de defraudación, pero el impacto es mayor. Como dijo la presidenta del Concejo Deliberante de la localidad de Navarro. "Así nos manejamos y por eso estamos acá".