Vacunagate: el delito del que puede ser acusado Ginés y parte del Gobierno

El acceso a la vacunación de privilegio por parte de algunos funcionarios y amigos del poder es mucho más que una picardía y se puede transformar en un hecho de corrupción. Ginés González García podría ser investigados por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad", al haber violado normas propias que fueron emitidas para administrar un bien más preciado que el oro en la pandemia: la vacuna. El problema es que los investigados tienen a la mano la producción de elementos que puedan justificar cualquier maniobra. 

El propio Ginés González García justificó la vacunación VIP en su carta. Lo hizo sin hacerse cargo realmente del hecho y con un gesto poco gentil con su equipo, culpó a su secretaria privada por haber "citado" de manera errada a los vacunados VIP. Según el ex Ministro de Salud, los vacunados de privilegio pertenecen a grupos de riesgo, que están dentro del público objetivo de la campaña. Claro, nada explica si accedieron por haberse anotado como cualquier persona o si, como dijo Horacio Verbitsky, solamente por ser amigos del ministro. 

Delito y escarnio público

La pandemia puso a Argentina en Emergencia Sanitaria, cuestión que le otorga al Presidente facultades extraordinarias y también responsabilidades extra. Así, por ejemplo, el Estado nacional concentró las compras de insumos críticos para enfrentar la atención. Desde los respiradores, hasta las preciadas vacunas. El Gobierno nacional adquiere y monopoliza la distribución. A través de la resolución 2883/2020, firmada por el propio Ginés, se establece el plan de vacunación nacional. Allí están descriptas las prioridades y el mecanismo para el acceso a la inmunización. 

Justamente sería una de las normas que el propio ex ministro y su equipo podrían haber violado al permitir el acceso irregular a la vacuna a personas por fuera del sistema. Sean o no grupos de riesgo, como argumenta Ginés, no fueron vacunados siguiendo el orden establecido. Más, incluso, podrían haber violado los Decretos de Necesidad y Urgencia que regulan la estrategia para enfrentar la pandemia. 

El artículo 248 del Código Penal tipifica el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hilando más fino también pudo haber abuso de autoridad al aprovechar el cargo para omitir normas en perjuicio de otros (los destinatarios originales de la vacuna) y malversación. En ese caso los montos serían ínfimos en valor monetario, pero elevadísimos en carga simbólica: la vacuna es de acceso restringido y solo Ginés, el presidente Alberto Fernández y los ministros de Salud de las provincias podrían autorizar o negar el acceso. 

Los delitos que se pueden investigar tienen alguna carga, pero, aseguran los especialistas consultados por MDZ, es mucho más densa la repercusión pública y el repudio social por el manejo espurio de un bien tan preciado como la vacuna. "Es más de índole social que penal"; explican.