La reforma y la vuelta de la desconfianza entre el gobierno y el PJ

Ni un llamado telefónico de alto nivel político, parece alcanzar hasta ahora para que el gobierno y el peronismo logren encontrar el camino de un acuerdo que permita que Mendoza consiga avanzar en el proceso propuesto por Rodolfo Suarez para modificar la Constitución.

Esta última semana, el oficialismo avanzó en la Legislatura, después de siete meses de presentado, con su proyecto para habilitar una reforma de la Carta Magna que tiene como eje central de debate la reducción a prácticamente la mitad de la Legislatura y la imposibilidad de la reelección del cargo de gobernador, entre otros temas a abordar. El PJ ninguneó la discusión en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y amenazó, incluso, con ni siquiera participar de las reuniones informativas que pretende dar sobre el tema el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, desde el próximo día 17.

Suarez buscó comunicarse hacia finales de la semana pasada con Anabel Fernández Sagasti, la presidenta del partido, para convocarla a un encuentro y discutir personalmente la viabilidad o no de la reforma. La respuesta de la senadora fue el silencio. No devolvió, hasta hoy domingo, el llamado. Conceptualmente, Anabel es reformista. Pero choca, desde la conducción partidaria, con un peronismo que hasta aquí no muestra intenciones de darle al gobernador la chance de avanzar con la que fue una de sus principales promesas de campaña y es uno de sus objetivos políticos y también discursivos en este año electoral: modificar la Constitución para, entre otros fines, achicar el gasto de la política. Lo que está sucediendo alrededor de este debate no es otra cosa que el reflejo de la realidad. Lo que reina, otra vez, entre gobierno y oposición es la desconfianza y la imposibilidad de sentarse alrededor de una mesa para lograr acuerdos.

El gobierno mira de reojo la verdadera capacidad de Fernandez Sagasti para encolumnar a su partido. Y algo de razón tiene. Será dura la tarea para la legisladora nacional para tratar de convencer a los intendentes que ya se han expresado internamente en contra de la iniciativa del oficialismo. El miércoles se dará a conocer públicamente una postura unificada, luego de una reunión de los bloques del Frente de Todos.

En ese encuentro, se ventilará el problema que tienen alrededor del intento reformista del gobernador y es que, la mayoría de los dirigentes y legisladores del PJ, desconfían que el gobierno vaya a sostener en la Convención Constituyente las promesas que Suarez hizo, por caso, de que no buscará la reelección. El trabajo de los convencionales constituyentes, se sabe, es soberano de los acuerdos políticos previos. “A veces da la sensación de que para Suarez lo mejor es que la reforma no salga”, atacan en el peronismo. Y algo de razón pueden tener, ahora ellos.

El gobernador observa el tablero. Si la reforma se concreta, se convertirá en quien después de varios intentos en los últimos veinte años habrá logrado actualizar la vieja Carta Magna mendocina que se mantiene, en esencia, prácticamente intacta desde 1916. Ahora si la reforma fracasa, buscará arrinconar al PJ contra la opinión pública con las encuestas que tiene en la mano y que le marcan que por lo menos el 85% de la gente está de acuerdo con que la Constitución sea modificada y que una mayoría, aún más grande, se está expresando a favor del achique de los gastos de la Legislatura. Aunque, en realidad, el impacto de esto último sea muchísimo menor al que se está tratando de justificar.

Algo así, observa la consultora Martha Reale. “Más allá de que se puede discutir si el ahorro será importante o no, ahorro habrá. Para los dirigentes, oponerse a una reforma que implica bajar el gasto de la política, en un momento tan complejo para la gente de problemas económicos, va a tener un costo político. Y van a tener que encontrar algún discurso convincente, sobre todo para los sectores medios. Seguramente podrán convencer a sus segmentos más ideologizados, pero a los segmentos más independientes les va a costar convencerlos de por qué se oponen a reducir gastos de la política”, apuntó.

El tratamiento legislativo estará cargado de cierta urgencia ahora, luego de que la iniciativa de cambios constitucionales descansara durante mas de medio año. La ley que declare la necesidad de la reforma, paso previo básico para encarar el proceso, deberá salir antes de mayo para que el Poder Ejecutivo alcance a realizar la convocatoria para el referéndum en donde la ciudadanía votará por el Sí o por el No. Además, cabe recordar, Suarez apunta a apurar el trámite con un llamado a elegir a los convencionales constituyentes en simultáneo a los cargos provinciales y a la consulta popular. Pero para todo esto necesita de mayorías especiales en la Legislatura y el voto del peronismo es la esencial.

En este contexto, a pesar de que todavía faltan meses e incluso reina la incertidumbre acerca de la fecha exacta de los comicios, la Argentina (y Mendoza) ya tienen en el horizonte que las elecciones de medio término previstas para este año se darán en un escenario de fuerte polarización.

Históricamente, los procesos de renovación legislativa siempre han resultado propicios aquí para el surgimiento de terceras fuerzas que lograron dar el batacazo y colar, entre el peronismo y los radicales, al menos a uno de sus candidatos a diputados en el Congreso y sentar en sus bancas a legisladores y concejales. A meses de las elecciones, en la provincia ese sitio de preponderancia política aparece aún como vacante. El punto es, a esta altura, si alguien lo terminará ocupando.

Al menos dos que maneja el Gobierno cuando estamos ya en las vísperas del comienzo de las definiciones de armados y candidatos. Uno de ellos es que la polarización con el Frente de Todos es una realidad y que Suarez descansa, por ahora, en una intención de voto para el oficialismo que le otorga una ventaja similar a la que obtuvo en 2019 y que rondó los 10 puntos.

El otro: los aspirantes de las terceras fuerzas están con un piso muy bajo de intención de voto (en algunos casos no superan el 1%) y se vislumbra que, por el tiempo que falta para la elección, le costará mucho a alguna de ellas transformarse en disruptiva. Aunque dentro de este panorama las encuestas les otorgan un elemento alentador y es que alrededor del 15% del electorado se manifiesta indeciso todavía cuando lo consultan.

La Izquierda, con la irrupción en la escena política de Nicolás Del Caño en 2013 y Protectora, que consiguió llevar a José Luis Ramón a la Cámara de Diputados en 2017, fueron los dos últimos protagonistas de este fenómeno que estamos relatando. Varios años antes, en 2001, el partido Fiscal que construyó Aldo Giordano había conseguido un objetivo similar cuando Daniel Esaín fue votado para representar a Mendoza en la Nación.

Una característica tuvo el votante que optó por alguna de estas opciones: Del Caño llegó en su momento al 14% de los votos y Ramón al 17%, empujados por una fuerte tendencia de un franja del electorado a elegir a quienes encarnaran el voto antisistema. ¿Será ese el perfil que deberá adoptar otra vez el candidato que quiera seducir a esta franja que no se siente representada ni por el Gobierno provincial o por el peronismo? No parece, en un electorado que hoy aparece corrido hacia opciones de centro derecha a la hora de buscar opciones.

Mendoza renovará en esta instancia a sus tres senadores nacionales y eso le aporta más condimentos al análisis. En ese sentido es muy probable que el voto se vuelva más estratégico para el sector antikirchnerista y una elección, nacionalizada como seguramente será, atentará contra la dispersión del voto.

La semana que se inicia aportará un par de movimientos más que interesantes de estos sectores que están tratando de romper la polarización. Quizás el de mayor relevancia esté en el anuncio por parte de los legisladores demócratas que rompieron con Cambia Mendoza y de quienes terminaron dejando en soledad a José Luis Ramón en Protectora, de la confirmación de un solo bloque en el Senado.

El anuncio podría concretarse el jueves y se transformaría en el primer paso para la construcción de un Frente que apunta a congregar a estos sectores, más disidentes del kirchnerismo, a un puñado de dirigentes gremiales y que tiene como meta llevar a ese redil, primero, a Jorge Difonso. Pero que sueña con el objetivo de máxima y es que Omar de Marchi rompa con Cambia Mendoza y se termine lanzando, nuevamente, a una aventura para la gobernación en 2023 por fuera de la estructura política que lo contiene desde 2015. La señal de ambos, por ahora, es que no se moverán del lugar en el que están.

El mismo jueves tendremos otra puesta en escena de relevancia. Desembarcará en la provincia el trío que encabeza la opción liberal y que está conformada por José Luis Espert, Javier Milei y Luis Rosales, que han tomado a Mendoza como una de los cuatros distritos electorales en los que apuestan a basar su campaña. Córdoba, la provincia de Buenos Aires y CABA, son las otras. Este fin de semana Espert y Milei estuvieron en Carlos Paz, precisamente, y habrá que seguir a futuro si se concreta una opción que, desde Buenos Aires, ya se está barajando aunque por ahora todo está en el terreno de las hipótesis: que Rosales sea candidato en Mendoza, reeditando aquella postulación de 2011 cuando compitió, por el Partido Demócrata, por la gobernación.