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Gobernar la Justicia, la ambición verdadera detrás de los formalismos

Detrás de las peleas por gobernar y conseguir peso legislativo hay otra disputa que rompe el equilibrio institucional: gobernar la Justicia desde la política. El recambio en el Senado es clave y también las reformas que se impulsan.

Pablo Icardi
Pablo Icardi jueves, 9 de diciembre de 2021 · 16:30 hs
Gobernar la Justicia, la ambición verdadera detrás de los formalismos
Martin Soria, ministro de Justicia. Foto: Télam

La ambición de los dirigentes y sus partidos por conducir el Gobierno, ganar más espacios legislativos y de poder es natural y esperable. Pero hay una coyuntura especial en Argentina que hace a una distorsión institucional: el Gobierno de la Justicia desde la política. Esa tensión está en juego hoy, luego de los cambios en el Senado de la Nación; también por los nuevos proyectos para acomodar el Consejo de la Magistratura y por las presiones desde el gobierno nacional. Idénticas situaciones ocurren en las provincias. 

Las expresiones del ministro de Justicia Martín Soria sobre la Corte Suprema ayudan a despejar dudas: hay una batalla directa por el control de la Justicia. El Gobierno nacional envió un proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura, el organismo que sirve de primer filtro para designar jueces y también para sancionarlos. Lo hizo luego de que durante años y usando los beneficios de la reforma anterior, (con el control de la política), nombraran y castigaran jueces.

En el kirchnerismo hay dos visiones. Una casi "romántica" que argumenta los intentos de reforma con la idea de que "la Justicia no responda a los intereses corporativos" de los jueces y los "poderes fácticos". La otra, más pragmática y sincera, tiene que ver con la adecuación de agendas y el alineamiento directo del Poder Judicial. 

En las últimas semanas hubo nuevas señales sobre el tiempismo de los jueces. Los sobreseimientos de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo el ocurrido en la causa de los hoteles, responden a la lógica de beneficiar a quien está en el poder y ser riguroso con quien está afuera. Alcanza con leer los forzados argumentos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 para entender qué tan lejos se puede ir para cumplir una misión. Durante el gobierno de Mauricio Macri las causas contra funcionarios del kirchnerismo avanzaron y hubo señales de ensañamiento, con detenciones transmitidas en vivo. Hoy, con el kirchnerismo en el poder se suceden los beneficios a favor de quienes aunque hayan perdido elecciones intermedias, siguen con la lapicera del poder en la mano

El recambio en el Senado genera dudas sobre los mecanismos de control de la política sobre la Justicia, ahora que cambian los equilibrios. Hay dos comisiones clave que el kirchnerismo duro querrá mantener en control y que son lideradas por personas de máxima confianza de la vicepresidenta.

Por un lado la comisión de poderes, que es presidida por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien fue reelecta como senadora. Esa comisión está a cargo del análisis y dictámenes para designar o remover funcionarios públicos. El manejo de esa agenda es clave. Entre otras cosas, suelen negociarse los paquetes de jueces a someter a votación en el Senado. Se pueden ponderar o cajonear apoyos o cuestionamientos. La otra es la Comisión de Justicia, que es conducida por Oscar Parrilli, el senador neuquino que funciona casi como secretario de Cristina. En esa comisión se dictamina sobre cualquier proyecto que implique reformas en el Poder Judicial. Justo cuando está en marcha las reformas del Ministerio Público Fiscal, del funcionamiento de la Corte y ahora del Consejo de la Magistratura. 

En las provincias la intromisión del poder político en la Justicia ocurre de manera similar o incluso más explícita. En Entre Ríos fue suspendida la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, en una maniobra para ensuciar el "megajuicio" contra el ex gobernador Sergio Uribarri. Pero alcanza con meter las narices en cualquier provincia para entenderlo, e incluso sin distinción de partidos. En Jujuy el gobernador y futuro presidente de la UCR, Gerardo Morales, amplió la Corte y nombró a dos diputados oficialistas como jueces de ese tribunal ni bien asumió y el año pasado hizo lo mismo con quien sería su ministro de Seguridad, Ekel Meyer. En Mendoza ocurre algo similar, una intromisión de buenos modales pero intromisión al fin: la Corte está dividida según pertenencia política y hacia adentro del Poder Judicial hay tendencias marcadas; tanto que hasta se removieron fiscales que intentaron investigar en tiempo real a algún funcionario. 

Las tensiones existen en todos lados y los intentos de  influencia de un poder sobre el otro también. Pero en Argentina está naturalizado. 

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