¿Qué hacer con la Justicia?
Recientemente, en vísperas de Navidad, una resolución de la Corte le permitió recuperar la libertad a María Gauna, una mujer que estuvo presa doce años acusada de haber matado a su marido, un error que el sistema judicial busca enmendar a través del pago de 7 millones de pesos.
El caso de Gauna se conoció luego de una entrevista en TN realizada por Sebastián Domenech, quien a su vez reclama ante la Justicia para que le permitan ver a sus hijos, de quienes fue separado por una manda judicial hace seis años luego de que su esposa lo acusara de ser violento. A pesar de que esa denuncia original ya fue desestimada, Domenech sigue sin poder tomar contacto con los niños e, incluso, la jueza interviniente le ordenó dar de baja las imágenes de sus hijos de sus redes sociales.
Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, los jueces de Casación Ricardo Borinsky y Víctor Violini declararon nulo el fallo al que se llegó luego de un juicio por jurados en la causa del camping El Durazno, violentando así el orden constitucional de manera flagrante, configurando un servicio de justicia que se mueve de acuerdo a los impulsos de la época, a los modos y las formas que se imponen de manera ideológica y que se aleja de la noción del análisis objetivo de los hechos como el único modo de establecer culpabilidad o inocencia.
En relación a este fallo, el abogado Martín Bernat, que representa a uno de los jóvenes que fue acusado de participar en una violación en manada y luego absuelto por el jurado popular, señalaba en una entrevista en la FM 99.9 de Mar del Plata: "Estamos preocupados por la resolución. Hay que partir de la base de que las resoluciones de los jurados no se pueden revisar y mucho menos por parte de la víctima. En este caso lo que hace el Tribunal es revisar una sentencia pasando de alto todos los principios constitucionales y el espíritu mismo del juicio por jurados. Adopta una postura que es de una gravedad institucional tremenda, no lo digo sólo como abogado defensor, sino como persona de derecho y ciudadano de a pie. Están pasando por alto todas las mandas legales del juicio por jurado y se toma una postura formalista, donde toma un pequeño detalle formal para ir en contra de la voluntad soberana del pueblo. Es de una gravedad institucional inusitada".
Martin Bernat anticipa que recurrirán a la corte provincial y, de ser necesario, a la Corte Suprema, haciendo reserva del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El letrado va más lejos y en tono de denuncia señaló: "Es una resolución incongruente y que no se ajusta a derecho y lo que más lamento es que se evidencia que es una decisión política. Estamos en presencia de causas de abusos sexuales que se transforman en causas políticas. Lo que se esgrime es la no presencia del ministerio pupilar, de la asesora de menores, al momento de la declaración de la niña en el debate oral. Es un argumento falaz, en la resolución se observa que la niña declaró sin asistencia, eso es mentira. En el juicio, la niña declaró acompañada, a su lado por su terapeuta privado y la asesora de menores estaba en la sala de audiencia al lado del Dr. Maximiliano Orsini. Es mentira que declaró huérfana de asistencia y por otro lado, no hubo ninguna pregunta que la parte acusatoria la hayan marcado como indebida, en ningún momento le llegó al jurado información que no tenía que llegar".
Vale el interrogante, como en 1984: ¿qué hacer con la Justicia?