Comenzó la discusión para liberar los accesos públicos a los ríos y riberas

Comenzó la discusión para liberar los accesos públicos a los ríos y riberas

La Legislatura provincial está analizando una iniciativa para garantizar el libre acceso a los ríos y riberas que son de uso público. Esto es para que todos los ciudadanos puedan acceder de forma gratuita.

Nimsi Franciscangeli

Nimsi Franciscangeli

En la Legislatura provincial, la comisión de Ambiente y Recursos Hídricos está trabajando un proyecto de ley para regular el derecho de los ciudadanos al que puedan acceder, usar y gozar de forma gratuita las riberas y acceso a los ríos que hay en la provincia. 

La iniciativa fue presentada por Gabriel Balsells Miró cuando era diputado provincial y que actualmente es el titular de la oficina de Ética Pública. En la reunión que tuvo con los referentes de la comisión afirmó que la imposibilidad de acceder a las riberas de los ríos, no sólo afecta la recreación de los ciudadanos, sino que también al turismo y agregó: "Esta situación implica una serie de cuestiones que hay que atender y resolver". 

Comisión de Recursos Hídricos

“Desde hace algunos años, en la provincia de Mendoza ha tomado estado público, el reclamo cada vez más ostensible, respecto de los ríos, arroyos y lagunas que están vedados al acceso público de los ciudadanos, mediante la colocación de alambradas y todo tipo de obstáculos por parte de presuntos propietarios ribereños, donde corren cauces y riberas que pertenecen al dominio público del Estado”, describió Balsells Miró

Dentro de la fundamentación se mencionan diferentes denuncias donde no se permite el uso común del agua. Entre ellos aparece:  “Las Pircas” (Manzano Histórico), “Santa Clara” (Tupungato), “San Pablo”, “Las Tunas”, los arroyos “La Salamanca” y el “Aguanda” (San Carlos), entre otros. 

Para el titular de la oficina de Ética Pública, esta situación amerita la necesaria intervención del Estado. "El Estado debe estar presente ya que la normativa está basada en el disfrute de bienes colectivos y el derecho al ambiente sano, con el objeto de permitir el goce y disfrute de las aguas públicas por parte de los ciudadanos, ya sea con fines recreativos, turísticos, educacionales, paisajísticos, de preservación ambiental o deportivos. Evitando a la vez, la contaminación de cauces, favoreciendo la protección de la flora y fauna y la eficaz regulación de los denominados emprendimientos inmobiliarios", sintetizó. 

¿Qué pasa con los propietarios que limitan con el río? 

El acceso a las costas de los espacios donde hay agua, desde hace tiempo se convirtió en una situación conflictiva, no solo en Mendoza, sino a lo largo y ancho del territorio nacional. Por tal motivo, dentro del proyecto, se deja constancia que "los propietarios o poseedores limítrofes con ríos, arroyos, lagos, lagunas, sean éstos públicos o privados, están obligados a dejar un espacio libre de quince metros, contados desde la línea de ribera, sin derecho a indemnización para ser destinado a la preservación ambiental y protección del recurso hídrico”.

Además, plantea que esta obligación “constituye una restricción al dominio de los propietarios y poseedores de los fundos ribereños, los que deberán permitir el libre ejercicio del derecho establecido en la presente ley en las condiciones que fije la reglamentación”.

 

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