Las graves diferencias entre la Argentina y el FMI por la negociación de la deuda

Las negociaciones entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentran estancadas debido a las profundas diferencias respecto a los mecanismos para reducir tanto el déficit fiscal como los subsidios a los servicios públicos y la intervención en los mercados de cambio.

En el programa Periodismo para Todos (PPT) emitido anoche en el canal El Trece, se supo que las tratativas con el FMI comenzaron oficialmente durante la cumbre del G-20 en Roma, en octubre pasado, cuando el presidente Alberto Fernández se reunió con Kristalina Georgieva y le propuso que el Congreso votara una ley que marcase las reglas del acuerdo, lo que fue rechazado por la titular del organismo por considerar que se trataría de una "imposición" al organismo multilateral.

Uno de los puntos técnicos en los que existen desacuerdo está referido al crecimiento económico en 2022. "Argentina plantea que la economía va a crecer el próximo año el 4%, y el Fondo le respondió que la Argentina no tiene dólares para crecer más del 2,5% y que se quedará sin reservas", detalló la periodista Cecilia Boufflet. En ese sentido, el FMI anticipa que el gobierno de Alberto Fernández debería aplicar un ajuste de $2700 millones de dólares en caso que insista con su política de restricción cambiaria y quiera llegar al crecimiento esperado.

En esa línea, otro aspecto que pone trabas a las negociaciones es el nivel de déficit. El FMI le podría dar un plazo máximo de tres años a la Argentina para lograr el equilibrio fiscal, aunque le exige arrancar el 2022 con un déficit de 2,5%; en cambio, el Gobierno armó su presupuesto con un rojo de 3,3%. "Esa diferencia supone unos 3600 millones de dólares adicionales al ajuste inicial, lo que acumula unos 6300 millones de dólares", subrayó la periodista.

Atento a ello, la negociación más importante recae sobre la actualización de las tarifas, ya que la Argentina gasta casi tres puntos de su PBI en congelarlas a través de subsidios. Boufflet indicó que el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, ya tiene decidido un plan de segmentación que representaría un aumento por debajo del 10% para quienes tienen la tarifa social, mientras que para el resto de la población el ajuste tarifario se aplicará en función de tres variables: el valor del inmueble, los niveles de ingresos de titular y el nivel de consumo.

Por otro lado, aunque no hay imposiciones para eliminar el cepo cambiario, el FMI sí exigió que el Gobierno aumente su nivel de reservas en el Banco Central, con un cronograma concreto de recomposición que obligaría al país a dejar de intervenir en los mercados. Sin embargo, este movimiento implicaría un fuerte salto devaluatorio. "La discusión es si la devaluación se hace por única vez o si se hace en forma periódica y por montos pequeños", agregó.

Todo ello supondrá un fuerte impacto en la inflación. Con ajuste de tarifas y devaluación, el aumento anual de precios podría superar el 62% en 2022.

Otro desacuerdo entre la Argentina y el FMI recae en la forma de pago de la deuda. El organismo está dispuesto a conceder cinco años de gracia y que los vencimientos se acumulen entre 2028 y 2032, pero el Gobierno argentino quiere estirar más los plazos. En un principio, el ministro Martín Guzmán insistió en llevar el acuerdo a 20 años, aunque ante el rechazo del Fonndo cambió su propuesta y ahora ofrece pagar 4500 millones de dólares por año a partir del 2028 y diez años después finiquitar la deuda con un pago final de 25.000 millones de dólares. Aunque hay una pequeña 'trampa': la Argentina pretende en 2038renegociar la mitad del monto.

"Desde Washington me decían que por más que cierre un acuerdo con el Fondo, Argentina no va a tener un cambio de expectativas, porque los inversores esperan que la Argentina cumpla con lo que prometió", cerró Boufflet.