Fuerte rechazo de las empresas de EE.UU. a un proyecto de Máximo Kirchner

Fuerte rechazo de las empresas de EE.UU. a un proyecto de Máximo Kirchner

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) se mostró en contra de una de las propuestas impulsadas por el kirchnerismo.

Redacción MDZ

Redacción MDZ

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) mostró su descontento a través de un comunicado sobre el proyecto de ley de envases impulsado por Máximo Kirchner. El mismo consiste en una tasa del 3% a los alimentos envasados. El total de esta suma lo recibirá el Ministerio de Ambiente, manejado por un referente de La Cámpora como lo es Juan Cabandié.

 “AmCham adhiere firmemente a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización”, comienza el comunicado de AmCham

Y agrega: “Alarma que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación”.

“Es una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales", aseguran de AmCham. 

Continuando con fuertes críticas, desde AmCham cargaron sobre adónde se destinará el dinero: “Y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el estado, sin pautas claras de asignación, en especial, en un modelo de tratamiento de los residuos de carácter federal, por lo que desde varios sectores se ha solicitado la conformación de un ente mixto público-privado con representación pública pero también de los productores y recuperadores, los fabricantes de envases y la sociedad civil”.

“Es una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales, y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia”, concluye. 

 

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