Juan Pablo Schiavi obtuvo la libertad condicional y para los Familiares de Once es un golpe duro
El exsecretario de Transporte de la Nación cumplió los dos tercios de la condena por la Tragedia de Once. El juez Jorge Gorini hizo lugar al pedido de su defensa que contaba con aval de la fiscalía.
El exsecretario de Transporte durante el kirchnerismo, Juan Pablo Schiavi, condenado a 5 años y medio de prisión por la Tragedia de Once, recuperó su libertad en el día de hoy tras cumplir las dos terceras partes de su condena de cinco años y seis meses de prisión. Esto se da luego de un pedido de su defensa que fue avalado por el fiscal de ejecución Nicolás Czizik.
Para ello el juez Jorge Gorini del Tribunal Federal 2 dispuso que Juan Pablo Schiavi “se someta a las reglas compromisorias contenidas en el artículo 13 del Código Penal de la Nación; a) Residir en el lugar que determine el auto de soltura y someterse al cuidado de un patronato -Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal-, b) No cometer nuevos delitos, c) Realizar un tratamiento psicoterapéutico de seguimiento y contención debiéndose encomendar a la DCAEP la asignación de la institución adecuada para ello; todo ello bajo apercibimiento de revocar su soltura, circunstancia que se comunicará a la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal, a la que se le enviarán copias del presente decisorio"
Familiares de la tragedia emitieron un comunicado tras conocer la noticia
“La salida bajo el régimen de libertad condicional del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, funcionario del segundo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, condenado por la muerte de de 52 personas en la TRAGEDIA DE ONCE, por el delito de estrago culposo agravado y por la administración fraudulenta de bienes del Estado, es un nuevo golpe a una sociedad carcomida por la corrupción y hastiada de ver delincuentes que salir de las prisiones, después de haber destrozado vidas.
El mencionado ex funcionario, no es un condenado más. Es uno de los responsables de la muerte de los 52 inocentes el 22 de febrero de 2012 y recibe el beneficio tras cumplir parte de su condena, pero morigerada por cursos intramuros que nada tuvieron que ver con el desastre que generó desde su escritorio de responsable del Transporte, ni con su reinserción social ni arrepentimiento.
Se le redujo la pena con cursos de reparación de heladeras, montador eléctrico, de forestación y hasta de ukelele. Estos son solo algunas de las intrascendentes instrucciones recibidas y que ahora son elementos utilizados para que a partir de las próximas horas deje el penal en el que estaba alojado.
Si bien no podrá circular por el momento entre los ciudadanos de bien no deja de obtener un privilegio que está lejos de merecer.
Y no hablamos de una mala aplicación de la ley. Hablamos de una Ley que necesariamente debe ser modificada.
Nunca nos opusimos a los pasos judiciales ni a los plazos de cumplimiento de las condenas que determinan los códigos. Pero que, quien formó parte del grupo de asesinos de escritorio que llevó a la muerte de 52 inocentes y destrozó la vida de más de 800 heridos, se haya beneficiado por capacitaciones tan irrelevantes, tan poco relacionadas a la masacre que ocasionó, nos genera un profundo rechazo. Y más dolor. Y asco e impotencia.
Nosotros, quienes llevamos la condena perpetua del sufrimiento, como tantas otras víctimas de este país, tenemos toda la autoridad para decir que determinados beneficios otorgados a reclusos son una afrenta a los ciudadanos de bien.
Expresamos con absoluta firmeza nuestro respeto a las instituciones, pero con la misma convicción señalamos que un corrupto de la calaña de Schavi reciba un beneficio así, claramente demuestra los vacíos legales que existen en nuestro país.
Estos hechos revictimizan a quienes hemos sufrido en carne propia la conducta delictual de quién juro a la Patria defender a los ciudadanos. Disfrazando un supuesto estímulo educativo, favorecen a aquellos que han dejado una herida en la historia argentina imposible de cerrar.
Quizás ahora vuelva a contactarse con los autodenominados “presos políticos”, muchos de ellos ya sueltos por similares atenuantes, todos aquellos a quienes la mayoría silenciosa rechaza. Schiavi es otro de esos apellidos que generan repudio a muchísimas personas de este país. Otro de los tantos apellidos que se escriben con sangre. Esa sangre que ellos dejaron que se derrame sin que les tiemble el pulso y que nosotros llevamos en las venas ayer, hoy, eternamente.
Es la que nos hace estar vivos para seguir gritando nuestras verdades y que a pesar de los golpes podamos levantarnos para seguir luchando por un país libre de corruptos, por cambiar las leyes imperfectas y siempre, pero siempre, reclamando Justicia para las víctimas y los heridos de la masacre de Once”.
Recordemos que tras la confirmación de la Cámara federal de Casación de las condenas del TOF 2, en octubre 2018, Schiavi fue convocado a cumplir la condena de cinco años y seis meses de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por la tragedia de Once. En aquella oportunidad el 22 de febrero de 2012 un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de once provocándo la muerte de 51 personas y una por nacer y 789 heridos.
En distintas oportunidades la defensa del exsecretario de transporte intentó de forma fallida que le otorgaran la prisión domiciliaria por cuestiones de salud y también durante la pandemia por el covid.
Ahora con los plazos cumplidos, es decir las dos terceras partes de la condena, los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, solicitaron al Tribunal su libertad condicional. Para ello tuvieron en cuenta la reducción de más de 250 días por estímulo educativo y mostraron que su cliente no es reincidente y tiene buena conducta según informes del Servicio Penitenciario, algo que fue valorado por la fiscalía a la hora de dar su aval.