El éxito del llamado al diálogo, responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner

El Gobierno nacional tendrá desde hoy la responsabilidad política de cumplir con su promesa y llamar a la oposición a discutir algunos temas económicos en el próximo Congreso Nacional, diseñado a partir de la elección de ayer. Y tal lo comprometido ayer desde la palabra del propio presidente Alberto Fernández, en la primera semana de diciembre llegará al Congreso para su debate el contenido de la Carta de Intención que el Gobierno cerraría en horas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde figurará el contenido de las metas fiscales, monetarias, cambiarias, inflacionarias y macroeconómicas que deberán regir las políticas económicas del país para los próximos 10 años.

Más específicamente, en los próximos meses, el Gobierno debe mostrar como reducirá la inflación, como lograr llegar en cuatro años a un equilibrio fiscal, cómo incrementar las reservas del Banco Central en unos US$5.000 millones anuales de piso, cómo sostener un superávit comercial en no menos de US$15.000 millones, cómo sostener una política cambiaria seria y sostenible en el tiempo, cómo reducir la cantidad de planes sociales y transformarlos en trabajo real y cuál será la legislación laboral para los próximos años; serán algunos de los capítulos que, según lo que el presidente Alberto Fernández le prometió a los empresarios con los que se estuvo reuniendo en las últimas semanas, incluyendo el puñado de referentes de muchas de las empresas más importantes del país que recibieron estas definiciones presidenciales. Sabe el Ejecutivo que desde hoy no cuenta con el poder político propio para avanzar en ninguna de las propuestas que se prometieron a los grandes actores económicos y financieros, y que sólo abriendo el panorama de debate podría plantearse seriamente como un Gobierno transformador.

Por lo que se conoce, la primera minoría opositora aceptará tratar alguno de esos temas, siempre bajo la consigna que podrá haber debate y eventuales coincidencias; pero, de ninguna manera, cogobierno. El planteo de Juntos será además que las discusiones se den dentro del Poder Legislativo, y en debate abierto. Y, ante cualquier intento del oficialismo de plantear un seguimiento puro y duro de lo que llegue desde el Ejecutivo y, algo aún peor, la asimilación del macrismo como los culpables de todas las crisis pasadas y presentes; el dialogo terminará de manera inmediata.

El principal frente opositor reconoce al acuerdo con el FMI como el primer gran debate que deberá sostener con el oficialismo, y está dispuesto a votar a favor de un Facilidades Extendidas, en los términos que el organismo financiero internacional defina como válidos. Incluso hay cierto aval para que en los momentos finales de la discusión con los técnicos de Washington, algún integrante de los potenciales equipos económicos de Juntos esté presente y se reúna con la gente del FMI. No es una apertura menor.

Un apoyo con votos en el Congreso a un acuerdo de Facilidades Extendidas a 10 años, implica que si llegara el momento de volver al poder, se debería respetar lo que se votó unos años antes. Más si se tiene en cuenta que ese tipo de tratado con el FMI, implicaría que el país debería comenzar a pagar en el segundo trimestre del 2026, cuando eventualmente le toque a Cambiemos gobernar la Nación. Este aval general sería el acuerdo político que en su momento Martín Guzmán le prometió a Kristalina Georgieva hace unos días en Roma, cuando se encontró en el marco de la cumbre del G-20; y donde la búlgara titular del FMI le reclamó por la garantía que lo que se negocie tenga correlato en la clase política interna.

Consolidado el apoyo de la oposición, la gran duda que queda a partir de esta misma mañana, es saber si todos los intentos de diálogo político que buscará el Gobierno y que tendrán el potencial acuerdo con el FMI como principal y primera referencia; tienen el aval del autoconsiderado principal accionista de la coalición gobernante. Aún el kirchnerismo no le dejó en claro a Alberto Fernández si coincide en la necesidad de aplicar negociaciones para políticas de estado de largo plazo. 

Incluso las dudas comienzan al preguntarse la sociedad de tomadores de decisiones económicas de privados en general, sobre si efectivamente Cristina Fernández de Kirchner está de acuerdo o no con la negociación que el presidente y su ministro de Economía Martín Guzmán está sosteniendo con el organismo financiero internacional. ¿Aceptará finalmente el kirchnerismo un acuerdo a 10 años? ¿Y, algo aún más complejo, si finalmente el FMI no aceptara reducir los intereses de 4.05 a 1,05%, la ex jefa de Estado y hoy vicepresidenta de la Nación; habrá apoyo al acuerdo?

El primer problema se dilucidará rápido. Inevitablemente el acuerdo con el FMI incluirá un avance sobre los subsidios a las tarifas de los servicios públicos como la luz, el gas y el agua. Es uno de los pasos necesarios para racionalizar el gasto público, tema en que el públicamente también está de acuerdo Martín Guzmán. Pero el kirchnerismo no. Al menos hasta ahora. Será una de las pruebas para conocer el grado de compromiso del ala más dura del oficialismo con la nueva etapa que el mismo presidente anunció ayer desde Olivos.