La inesperada disputa que desató en la Justicia el cumpleaños de Fabiola Yañez

La inesperada disputa que desató en la Justicia el cumpleaños de Fabiola Yañez

Se trata de los magistrados de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y Lino Mirabelli, quienes quieren investigar los hechos ocurridos en Olivos el 14 de julio de 2020.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

Cuando el juez federal Sebastián Casanello resolvió enviar a los tribunales federales de San Isidro la causa en la que se investiga si hubo una violación de los decretos dictados para evitar la propagación del coronavirus durante la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en julio del 2020, en la Quinta de Olivos y con la presencia del presidente Alberto Fernández, ordenó que el expediente sea remitido al juzgado de San Isidro “que por turno corresponda”. 

Fue entonces que Lino Mirabelli aceptó la competencia y en una resolución manifestó: “Comparto la postura del magistrado declinante en cuanto que algunos de los hechos denunciados, en presunta transgresión a las medidas sanitarias dictadas por las autoridades nacionales con el propósito de mitigar la propagación de la pandemia de covid-19, cuyo denominador común se posiciona en la Quinta Presidencial de Olivos, deberían ventilarse en este ámbito territorial”.

El problema surgió porque el fiscal Domínguez pidió una amplia certificación ya que Sandra Arroyo Salgado tenía inicialmente una denuncia que ingresó a su juzgado el 12 de agosto pasado y todas las demás que llegaron después de que el juez federal porteño Sebastián Casanello se declarara incompetente serían cuestiones “repetidas”.

Tras el pedido de Mirabelli para quedar a cargo del expediente, que incluso ordenó medidas para avanzar y pedirle a su par que se inhiba, la jueza respondió a su colega: “Debo señalar que la suscripta recién pudo tener acceso a la totalidad del expediente el pasado 24 de septiembre; misma fecha en la que mi colega de la jurisdicción solicitara que me inhiba de continuar entendiendo en la presente investigación".

Además, Arroyo Salgado, al rechazar que sea Mirabelli quien se quede a cargo de la investigación, señaló “que nos encontramos transitando un año electoral, por lo que el impacto institucional, social y mediático que los hechos denunciados en uno y otro expediente conllevan, ponen en crisis el principio de autoridad en su máxima jerarquía del Poder Ejecutivo y Legislativo".

Cuando el fiscal requirió la certificación ya había manifestado que el fiscal de turno con Arroyo Salgado, Federico Iuspa ya había solicitado datos sobre las causas cuando las tenía a su cargo Casanello, ante la posibilidad de que pudieran tratarse de los mismos hechos que se estaban investigando en dos juzgados diferentes. “Para evitar un ‘bis in ídem’ (doble juzgamiento) ilegítimo, previo a todo otro trámite deberá determinarse qué juzgado de San Isidro deberá intervenir en la pesquisa”, postuló el fiscal. 

De este modo ahora la jueza entiende que “la tramitación conjunta de ambos expedientes en una misma sede judicial no solo redundará en una mejor y más pronta administración de justicia, sino que además permitirá evitar un dispendio jurisdiccional”.

Si se termina trabando la competencia definirá la cámara de San Martín. La situación deberá resolverse previo al análisis de los planteos de las partes. 

Sea cual sea el juez que termine interviniendo deberá resolver si respalda la imputación del fiscal Ramiro González, a la pareja presidencial y a los 8 invitados. Pero además el planteo de inconstitucionalidad realizado por Estefanía Domínguez, una de las imputadas. El fiscal González dictaminó por rechazarlo.

Así también deberá resolver el pedido de sobreseimiento efectuado por el presidente Alberto Fernández por inexistencia de delito y subsidiariamente una reparación económica. 

Otra de las invitadas al cumpleaños de Fabiola Yañez propuso reparar el daño por haber violado la cuarentena a través de una conciliación. En una presentación, Carolina Marafioti, estilista de la primera dama, a través de su abogado Alejandro Rúa busca acogerse a esta posibilidad prevista en el Art. 59 del Código Penal para cerrar el expediente con un acuerdo.

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