Agua, negocios y presiones: la causa incómoda que definirá la Corte

Los jueces de la Suprema Corte María Teresa Day, Pedro Llorente y Julio Gómez dejaron su despacho y fueron hasta Agrelo. Ingresaron al exclusivo complejo Santa María de los Andes, uno de los sitios turísticos VIP de Mendoza. Pero no estaban de vacaciones. Hicieron una inspección y una recorrida para, casi una década más tarde, resolver una causa caliente que cruza intereses, sospechas de corrupción y algunos de los bienes y actividades clave para Mendoza: agua, turismo y vino.

La Suprema Corte debe decidir si los 21 pozos de agua que fueron otorgados en la margen derecha del Río Mendoza, un una zona restringida, y que, según la sospecha hubo maniobras irregulares detrás, deben cegarse, como ordenó Irrigación, o no. Es decir si hay que cerrarlos y dejen de ser explotados. Con el ritmo que suele tener el máximo tribunal en causas complejas, pasaron 8 años y la decisión tiene un contexto particular. Es que las empresas que hicieron usufructo del agua ya tienen los emprendimientos en marcha y ese es el principal elemento de presión que presentaron en los alegatos: si cierran los pozos, sufrirían un impacto económico importante. 
 

Por eso los jueces se cubren y no será la Sala 1 la que decida. Tampoco la Sala 2, donde hay causas gemelas. Se decidió que el pleno de los 7 jueces de la Corte definan el tema, al igual que ocurrió con otros fallos relacionados con los recursos naturales y la presión económica, como la constitucionalidad de la ley 7722 (cuya resolución también demoró una década). La decisión tiene que ver con la importancia del tema (el manejo del agua) pero también para evitar sentencias contradictorias. Es que hay varias causas gemelas en salas distintas. Y buscarán unificar criterios. 

Por motivos ambientales el Departamento General de Irrigación había dispuesto la prohibición de otorgar permisos de agua subterránea en la margen derecha del Río Mendoza, salvo excepciones. El escándalo se desató cuando en la gestión de Celso Jaque como gobernador y Eduardo Frigerio como Superintendente General de Irrigación se aprobaron 21 perforaciones para abastecer campos que con ese recurso no solo se valuaría mucho más sino que permitirían un desarrollo enorme de un grupo de empresas. Esas concesiones generaron un escándalo tal que Frigerio estuvo al borde del juicio político y debió renunciar.  Francisco Pérez cambió el eje cuando asumió como gobernador y ordenó rechazar las concesiones de agua y cegar los pozos, con la idea de terminar con el escándalo. Pero las empresas recurrieron a la Corte para anular las disposiciones. Y recién ahora se entró en la etapa final para que haya sentencia. 

Para conseguir los permisos las empresas formaron una organización: la Cámara de Comercio, Vitivinicultura, Turismo y Producción de Alto Agrelo, formada en realidad por las empresas que buscaban los permisos de pozos. No fue una decisión ingenua, pues era la forma de abrir una ventana legal para los permisos. Los pozos no se entregaron a la Cámara, sino a las empresas que lo integraban: 2 a KLP, 1 a Santa Croce, 2 a Bulnes, 3 a Aymuray, 3 a Cerezas de Argentina y 2 a Santa María de los Andes, 5 a Golf Club Alto Agrelo y 2 a Vigne des Andes. 

Los 21 pozos se transformaron en un ícono. Pero además comenzó a develarse desde ese momento el negocio oculto del agua que incluye negociaciones entre privados y que es fundamental para revalorizar terrenos productivos. A nivel ambiental también se resignifica porque Mendoza lleva más de una década de sequía. 

Irrigación había otorgado los permisos precarios que autorizaban las perforaciones. Tras los escándalos, el Tribunal Administrativo emitió las resoluciones 72 y 74, en 2013, donde se rechazaba las concesiones, se ordenaba el cegado de los pozos y se prohibía el uso del agua de pozo. 

La causa está repleta de testimonios. De los empresarios, de los ingenieros que planificaron las obras y de testigos de los caminos que tomó la Cámara para conseguir los permisos. La polémica se inició cuando había proyectos de inversión en los que participaban empresarios y celebridades. La Corte va a decidir cuando ya hay vinos "añejados" producidos allí  y una gran infraestructura ya montada.