El peronismo desespera y busca no ahogarse en distritos clave: platita y más platita

El distrito de La Matanza ha sido, históricamente, peronista. De hecho aglomera un población contundente: casi dos millones; lo que lo convierte en un suculento número de electores. Sin embargo, el embate que recibió el Frente de Todos en las últimas PASO se ha ido prolongando a municipios y territorios que antes se tenían como asegurados por el peronismo. En este sentido, el territorio que tiene como actual intendente a Fernando Espinoza ha sido escenario de dos bochornosos episodios que podrían significar un deterioro en el electorado oficialista. Por eso, ahora su "alcaldía" busca, cual manotazo de ahogado, implementar una política económica con lo que se ha dado a conocer en el último tiempo como "plan platita".

En detalle, Espinoza hoy firmó un decreto con el cual se implementa un aumento salarial (denominado por él como recomposición histórica) de 45 por ciento para los empleados de su municipio y también para jubilados. "Se garantiza un 45% de aumento salarial, conformado por el sueldo básico, antigüedad, carrera médica y bonificaciones para los trabajadores", se informó mediante un comunicado oficial.

En un clásico del oficialismo, que había prometido no hablar de "herencia" durante la campaña presidencial previo a las elecciones de 2019, Espinoza acudió al apunte de la gestión anterior. "El aumento se está dando luego de dos años de pandemia y de la terrible crisis económica y social que le dejó el gobierno anterior a la Argentina, con una brusca caída de la recaudación", dijo en referencia a la administración de Mauricio Macri.

El modus operandi del gobierno enfocado en inyectar dinero en el bolsillo de la gente, a última hora y para cambiar el humor social con que la población está llegando a las elecciones generales, está encontrando, sin embargo, dificultades. Por un lado, porque la pobreza no dejo de aumentar, mucho menos en las 18 provincias en las que el oficialismo perdió.

A esto, se agrega ahora el revés judicial que el Juzgado Criminal y Correccional 1 le produjo al Gobierno al darle lugar a una medida cautelar que dejó en suspenso la implementación del programa que apuntaba beneficiar con 5 mil pesos a jóvenes de entre 18 y 24 años para consumos culturales.