Congelamiento: en poco tiempo será un programa (solo) bonaerense

El congelamiento de precios se transformará, en poco tiempo, en un programa casi exclusivamente bonaerense. Puntualmente, del conurbano. Y más específicamente aún; de localidades como La Matanza, San Martín, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda, Ensenada, San Miguel y José C. Paz, donde La Cámpora y el peronismo puro y duro mantiene el poder y tienen gran capacidad de movilización y militancia. En el resto del país, fundamentalmente en las regiones donde el oficialismo, fundamentalmente el kirchnerismo, no hace pie, probablemente se convierta en un proyecto que irá languideciendo con el pasar de las semanas, y probablemente desaparezca más allá del 14 de noviembre.

Esta consecuencia casi inevitable del programa de control de precios de unos 1.432 productos que lanzó ayer sin consenso y casi de prepo la Secretaría de Comercio Interior que maneja Roberto Feletti, radica en el reconocimiento oficial de que sólo con la presencia de fuerzas vivas militantes activas, el programa podrá aplicarse a partir de su necesaria fiscalización. Sin la presencia directa y sistémica de los militantes, fundamentalmente los que respondan a los intendentes más activos del peronismo gobernante, será difícil el control.

Se sabe que la secretaría que maneja Feletti no cuenta con la suficiente cantidad de personal como para comprobar que en todos los super e hipermercados del país los productos estén en tiempo y forma. Y que para esto se deberá convocar a otras fuerzas públicas y militantes para que colaboren. Es difícil que dependencias del orden nacional se ocupen del tema. Se recordaba en las últimas horas que hace pocos meses, con la aplicación del programa Precios Máximos, se había convocado a agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para los controles in situ; lo que fue rechazado de manera dura y directa por el personal que responde a Mercedes Marcó del Pont.

Con este antecedente, es difícil que se pueda contar con ellos en esta oportunidad. Ni con otros de dependencias similares. Es por eso que el Plan B y C es que sean los gobernadores y los intendentes los que asuman la responsabilidad. Se sabe que fue la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof a la cabeza (y bajo una idea de su ministro de Producción Augusto Costa) que se pensó en un plan de controles y congelamientos unilateral puro, duro y radicalizado, para no sólo controlar la inflación de alimentos sino para, además, hacerla bajar.

Kicillof fue entonces el primero en bendecir el congelamiento By Feletti, y en abrirles las puertas de la provincia y ofrecer a los intendentes aliados para ejercer los controles. Serán entonces los referentes regionales del peronismo los que ejecutarán la fiscalización. Como no tendrán poder de Policía, los militantes que encuentren faltantes o precios que no se cumplan, deberán comunicarse con la secretaría de Feletti, para que este luego se comunique con los centros de abastecimiento o distribución de las empresas para que cubran el error. Y, si no lo hacen, hacer cumplir la ley de abastecimiento o similar. Obviamente, como todo plan de control universal y directo, puede haber fallas.

En este caso es clara. Pueden fiscalizar los gobernadores e intendentes aliados. Pero, ¿qué pasará con aquellos parajes donde domina la oposición? ¿Es posible que gobernadores como Juan Schiaretti de Córdoba, Gerardo Morales de Jujuy y Rodolfo Suarez de Mendoza abracen la idea y envíen a sus funcionarios a controlar supermercados? ¿Intendentes como Diego Valenzuela de Tres de Febrero o Juan Néstor Grindetti de Lanús, colaboradores directos de Mauricio Macri, lo harían? La respuesta es clara. Por la negativa.

Qué pasará con los privados

¿Podría haber una asonada de los privados? Según las fuentes de la Secretaría de Comercio Interior, hay mucho malhumor de las empresas, pero también cierta voluntad de no llevar el agua al río. Y, en todo caso, pensar en el día después del congelamiento. Sin embargo, también se reconoce de manera oficial que hay casos complejos, como el de Molinos Río de la Plata que se niega a aplicar el congelamiento en la mitad de sus productos seleccionados por el Gobierno, y de Procter & Gamble y Johnson entre las empresas productoras de artículos de higiene y limpieza.

Aquí estarían las principales fuentes de protestas. Mientras que el resto, estarían aceptando, al menos temporalmente, el acuerdo. Algo saben desde las propias empresas de alimentos. No pueden compararse con el campo, con lo que es difícil que surja una movilización popular para defender a compañías que producen alimentos, bebidas, higiene y limpieza. Más si se tiene en cuenta que se los señala como los culpables de la pérdida del poder adquisitivo de las familias argentinas.

Los privados siguen dispuestos a discutir un nuevo acuerdo de precios, con valores que se puedan considerar sensatos para ambas partes, pero que no impliquen perdidas en su producción según la relación valor cantidad. Como se dijo ayer en este espacio, se niegan a que haya una listado unilateral y diseñado en oficinas públicas, donde de manera directa y sin mediar discusiones se determine cuál debe ser el precio de un producto en una góndola de un supermercado. Y que ese valor además se mantenga inalterable hasta el año próximo, sin que además haya precisiones sobre que sucederá el día después del vencimiento del acuerdo.  

El oficialismo tiene, obviamente, otra visión de las cosas. Se considera que hay capacidad productiva no utilizada en las compañías del conflicto, como para que se acelere la producción de mas cantidad de bienes al mismo precio, y que, como ya dijo el propio Feletti, "se gane dinero vendiendo por mayor cantidad". Se asegura que todo es una cuestión de ajustar en las líneas productivas hacia los bienes que figuran en el listado que presentó ayer la Secretaría de Comercio Interior en sociedad, y que haya un cambio en la matriz de costos de las empresas.

Según los números de Feletti, entre la última semana de septiembre y la primera quincena de octubre, las empresas productoras de estos rubros trascendentales para la canasta básica alimentaria de las familias argentinas habrían incrementado sus precios en no menos de un 10%; produciendo una aceleración de la inflación en un seguro 3% mensual para octubre, y proyectando para el último trimestre del año un 10% total que llevaría al índice general del 2021 a un 51%.

Este porcentaje de incremento del IPC se daría además con tarifas congeladas, dólar quieto y controles de precios múltiples y mixtos, lo que haría más ostensible el fracaso de la política inflacionaria. De mayor malhumor se pone el Gobierno al conocer que la decisión de incrementar los precios de los productos en debate por parte de los privados, se debió a la interpretación alimentada por cualquier economista privado contratado por estas empresas para proyectar las variables macroeconómicas más importantes; sobre una aceleración en los valores del IPC para el último trimestre del año, ante la segura aceleración de los precios por la política monetaria expansiva del oficialismo para recuperar votos en las legislativas del 14 de noviembre.

Esto implicaría que los privados consideran que habrá una retroalimentación inflacionaria por una política oficial que desde las oficinas públicas se defiende. A los ojos políticos de la coalición gobernante, una posición injustificable e imperdonable. Y para el propio kirchnerismo que custodia las políticas públicas con celo y decisión, una actitud que merece que caiga todo el peso del poder político oficial. Y que, "de una vez por todas", las leyes de abastecimiento se cumplan sin contemplación. Dicho de manera más directa: que comience la batalla final contra los formadores de precios.