FIFAGate: Aníbal Fernández suma un nuevo problema en la Justicia

FIFAGate: Aníbal Fernández suma un nuevo problema en la Justicia

La Cámara federal revocó el sobreseimiento dictado contra el actual ministro de Seguridad, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto y otros en el marco de una investigación derivada del FIFAGate.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

La sala 1 de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento dictado por el juez Daniel Rafecas en beneficio de Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto, Pablo Paladino y otros empresarios por la contratación de los derechos de televisación de ocho torneos de fútbol por sumas exorbitantes en perjuicio del erario público.

Los jueces entendieron que “solo cabe encomendar al instructor que precise la extensión y límites de la plataforma fáctica sobre la que se continuará desarrollando la encuesta –tal como esta Cámara enfatizó en más de una oportunidad-, y lleve a cabo todas las diligencias necesarias a fin de corroborar o descartar la existencia de sucesos merecedores de reproche penal”.

La causa se inició el 24 de julio de 2015 a raíz de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contra Hugo Víctor Jinkis, Mariano Alejo Jinkis y Alejandro Burzaco.

Sostuvieron que los nombrados habrían obtenido los derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que había participado el seleccionado argentino de fútbol desde el año 1991 hasta el 2015 mediante el pago de sobornos a las autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), y que tales ilícitos, que se hallaban investigados por la justicia de los Estados Unidos de América, les habrían permitido a sus empresas -“Full Play International S.A.” y “Torneos y Competencias S.A.”- vender tales derechos de televisación, marketing y publicidad en forma ilegal al Estado Nacional obteniendo ganancias exorbitantes en detrimento del patrimonio público.

Los Torneos:

  • US$3.200.000 por la Copa América 2011
  • US$8.600.000 por la Copa América 2015 y el Sudamericano Sub 20 2013
  • US$19.000.000 por el Mundial de Brasil 2014 y Mundial Sub 20 2013
  • US$5.500.000 por la Supercopa de las Américas Argentina-Brasil 2010-11
  • US$1.800.000 por otros cuatro partidos de la Supercopa de las Américas.

Alegaron que tales transferencias resultaron exitosas por cuanto las competencias deportivas en cuestión revestían carácter de servicio público, existiendo vigente a la fecha un mandato legal que obligaba al Estado Nacional a proveer y asegurar a toda la población un acceso irrestricto a ellas.

Que ante tal circunstancia el Estado se habría visto forzado a abonar sumas de dinero fijadas de forma arbitraria por el único proveedor del servicio que, en un mercado transparente y sin la exclusión de otros competidores, no hubieran alcanzado tal magnitud, enmarcando tal accionar en la figura típica de fraude en perjuicio de la administración pública.

En su resolución la Cámara también revocó la decisión del juez de cerrar la investigación contra Eugenio Burzaco por presunto lavado de activos, al entender que había inexistencia de delito.

Al apelar la decisión, el fiscal Gerardo Pollicita refirió que “el auto cuestionado luce cuanto menos prematuro en tanto, por un lado, para arribar a él se tomó como eje central las conclusiones de un peritaje que no arrojó resultados conducentes para despejar los interrogantes oportunamente vertidos", y, por el otro, que los elementos incorporados al legajo con posterioridad a su dictamen aconsejan la conveniencia de producir las diversas medidas probatorias que se proponen.

En ese sentido la Cámara advirtió “que resulta de suma importancia poder contar con toda la documentación obrante en la causa “U.S. v Napout, 15-cr-252” en trámite ante la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York que tenga vinculación o haga referencia no sólo a los dichos de Alejandro Burzaco sino a cualquier otro empresario o funcionario que pudiera tener relación con los sucesos aquí ventilados.”

Además de Anibal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto, y Pablo Paladino, la resolución se hizo extensiva a 

Ana Liliana Malecki, Silvina Mabel Arancibia, Juan Miguel Ripoll, Leonardo Ellenberg, Alberto Mario Pomato, Marcelo Eduardo Bombau, Bruce Barret Churchill, Daniel Alejandro Nofal, Alejandro Burzaco, Jacopo Bracco, Michael Alan Hartman, William Langden Wedum, Carlos José García, Frederick Arnold Vierra, Ronald Michel Kolders, a quienes deberá investigarse en torno al delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

 

 

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