Los millonarios costos extra de las obras que deberá pagar el Estado

En abril del año pasado se frenaron todas las obras públicas. Eso implicó un cese de trabajos a casi cero en la mayoría de los casos. Las empresas pidieron un reconocimiento de los gastos improductivos o los gastos que debieron hacer para retomar los trabajos. El Estado analizó cada caso y lo aprobó. El enfoque que tienen los convenios es el de "compartir las pérdidas". En total hasta ahora se han reconocido 85 millones de pesos por ese ítem, pero siguen las negociaciones. 

Uno de los casos es el complejo de edificios que se construye detrás de la cárcel de Boulogne Sur Mer concentrará al Poder Judicial y es una de las obras más grandes de los últimos años. Antes, estuvo a punto de ser un "hospital covid" y por eso lo llenaron de camas que luego fueron retiradas. Iba a ser inaugurado el año pasado, pero la pandemia lo frenó. Ahora tiene fecha más incierta, pero hay algo seguro: costará mucho más caro que lo previsto. 

Solo en uno de los edificios del polo judicial el Estado deberá pagar más de 480 millones de pesos más por las dos cosas. Se trata del edificio del Ministerio Público Fiscal, sobre el cual el Gobierno reconoció ese monto extra a la empresa constructora CEOSA por los adicionales de obra, la variación de precios y los gastos improductivos por la paralización realizada por la pandemia.

Gran parte de los 14 mil millones de pesos que se ejecutarán este año para infraestructura irán a la finalización de obras que se habían frenado. Algunas de ellas se consideran estratégicas y son las que se priorizaron. Allí está en mentado Polo Judicial, la ampliación de la maternidad del Lagomaggiore, la cárcel federal, la cárcel Almafuerte II y algunos barrios del IPV. "Se evalúa cada caso. Nos reunimos con las dos cámaras de la construcción para avanzar en esto porque la pandemia nos afectó a todos. Con cada empresa se evalúa el impacto del freno que se dio por la pandemia", dijo el ministro de Infraestructura Mario Isgró. 

El gobernador Rodolfo Suarez usó en estos casos las facultades extraordinarias que tiene por la emergencia total que rige en Mendoza. Esa norma le da la potestad de modificar y renegociar contratos, por ejemplo. Así lo establece el Decreto 401 que faculta a Suarez a avanzar sobre los contratos y reconocer los "gastos improductivos pandemia covid". A diferencia de lo que ocurrió en otras crisis, no fue necesario renegociar todo el contrato porque las obras ya estaban avanzadas. Solo se hizo en el caso de algunos barrios del IPV que no habían alcanzado a iniciarse. Los cambios de costos y diferencias eran tan grandes que decidieron volver a licitarlos. 

En el caso de la cárcel federal, por ejemplo, se reconocieron 11 millones de pesos por los gastos improductivos. Esa obra es nacional, pero la ejecuta la provincia. La ampliación del Lagomaggiore también estuvo parada y se reconocieron gastos improductivos por 14 millones de pesos a las empresas Corporación del Sur y Laugero. 

Polo caro

El Polo Judicial fue la obra que inició el proceso. Pero lo mismo pasó con la Cárcel Federal. Ambas obras las hace la empresa CEOSA, a quien le reconocieron mayores costos `por montos electados y también adicionales de obras. Se trata de trabajos que se realizarán y que no estaban previstos en el proyecto original, por lo que encarecen todo. No es la primera vez que ocurre, pues hay obras históricas que tuvieron problemas aún más graves por esa razón Ocurrió con el Metrotranvía, por ejemplo, que es un emblema de los errores de cálculos y los adicionales. Pero también con otros como el Estadio Arena Aconcagua, que se hizo sin muchos elementos fundamentales para su funcionamiento. 

En el caso del edificio del Ministerio Público Fiscal los adicionales que se mencionan tienen que ver con la ampliación de las oficinas de los fiscales, obras relacionadas con el Data Center y el agregado de cortinas de protección. En total los adicionales que se agregaron significan un monto extra de 205 millones de pesos. Pero a la empresa además le reconocieron 275 millones de pesos por variaciones de precios. Es decir por los mayores costos que tiene la obra en relación al Presupuesto. Además, le pagarán 11 millones por los "costos muertos" durante tres meses por la pandemia. El aliciente es que hubo 80 millones de pesos a restar por "supresión de obras", es decir elementos que no se ejecutarán. 

Por eso al contrato original se le agregan más de 480 millones de pesos. El Gobernador reconoció esos mayores costos en un Decreto firmado el 30 de diciembre pasado.