El plan para mejorar la seguridad tras el estrépito del último femicidio

Rodolfo Suarez esperó varios días para hablar. Esta semana, recién cuando empezó a bajar la tensión, cerró la polémica tras el femicidio de Florencia Romano con una declaración pública. "No hay ningún tipo de responsabilidad política", aseguró; y descargó todas las culpas en la auxiliar de policía que no le dio curso al llamado al 911 que había alertado por un caso de violencia de género.

Sólo entonces, los funcionarios del Ministerio de Seguridad respiraron, después de muchos días de rumores e inestabilidad en sus puestos ¿Quiénes son? Se trata de un equipo diverso. Las segundas líneas y especialmente el jefe policial, Roberto Munives, se quedaron cuando terminó el gobierno de Alfredo Cornejo. Suarez mandó a Raúl Levrino, quien está con él desde las épocas de la Municipalidad de Capital y es su hombre de sus confianza, como ministro para dirigirlos.

El día a día de este "mix" de funcionarios se produce un poco lejos de los ojos del gobernador (el ministerio de Seguridad funciona en Godoy Cruz) y algunos de la vieja camada todavía están terminando de conocer al nuevo gobernador. 

Por el modo en que los sacó del agua esta semana, luego del fuerte agite opositor que pedía que rodaran cabezas, hay quienes sostienen que han descubierto que Suarez es un buen "tiempista" de la política. Ahora, con más soltura que antes, defienden el cuestionado sistema de comunicaciones de la policía con cierta firmeza.

Y hasta indican cómo piensan mejorarlo, en un ministerio en el que (por el estilo encriptado del ministro que lo tiene a su cargo) se habla poco y nada de planes a futuro.

La conclusión oficial definitiva ha sido que las responsabilidades en torno al femicidio de Florencia Romano terminan en la inacción de la auxiliar (Soledad Herrera), quien recibió la llamada de aviso al 911 de un caso de "violencia de género" y no la comunicó a sus superiores para poner en marcha el rastreo policial. En consecuencia, nadie más que ella tiene que pagar los costos y, después de que hablara el gobernador, incluso está descartado que vayan a hacer cambios operativos muy importantes en esta área.

El Centro Estratégico Operativo (CEO) de la Policía funciona con 15 operadores, 15 "despachantes" y 3 o 4 supervisores por turno. Más de 30 personas que participan de un proceso complejo, que requiere atención, rapidez y sensibilidad. Probablemente algunos oficiales sean removidos, pero por una cuestión de "retiros y ascensos", nada más, no por las impericias propias del caso Romano.

En Seguridad reconocen que el grupo de efectivos que recibe las llamadas de emergencia en el cuestionado 911 incluye policías que fueron retirados de la calle por tener prohibida la portación de armas, pero aseguran que "ya no es el descarte" y que comparten el día a día con otros "convocados" que tienen experiencia.

Tampoco van a hacer un cambio en los protocolos de acción del 911 policial porque "han funcionado bien", sostienen. Dejan constancia en este sentido que la recordada tragedia de 2014, en la que un camionero que iba a contramano chocó de frente con un colectivo y dejó 17 muertos, no fue culpa del 911, si no, en todo caso, de la Policía Vial: los llamados de alerta de quienes vieron ese camión no sirvieron para detener su alocada carrera porque había policías que "estaban comiendo un chivo" en ese momento.

Pero aquel doloroso recuerdo no se lo pueden imputar a un gobierno radical. Apuntan que, más cerca de la actualidad, hay muchos casos de buen funcionamiento y que, en el femicidio de Romano, fue la misma Policía la que descubrió la llamada ignorada de Herrera y la aportó como prueba a la Justicia. 

Dicen que cada episodio que ocurre en el medio de un "suceso" policial queda grabado y que se hace "academia" todos los días para que los policías atiendan mejor las emergencias.

El CEO, como tal, es considerado "el cerebro" del sistema de seguridad desde hace mucho tiempo. Hay funcionarios que lo califican como un legado del propio Cornejo, quien fue ministro de Seguridad al comienzo y al final del gobierno de Julio Cobos (2003/2007). 

Para Cornejo era vital la información que proporcionaban los llamados al 911 y por eso inició en 2005 un mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones, llamada "sistema Tetra". Hoy aseguran que los llamados de emergencia al 911 se pueden realizar casi desde cualquier punto de la geografía de la provincia.

Los encargados de la Seguridad en Mendoza intentan ilusionar con otro salto tecnológico a partir de la incorporación de una plataforma informática que permitiría montar un "observatorio de seguridad", una innovación que poco ha explicado el ministro Levrino y que consistirá en el entrecruzamiento de datos para predecir los problemas de inseguridad en Mendoza y armar estrategias.

El "Gran Hermano" para hacer "minería de datos" ya está montado en calle Salta y tendría, según el anhelo oficial, un equipo multidisciplinario que trabajará en los desafíos que se vienen en la lucha contra el delito.

Por la crisis de la que acaba de salir el gabinete de Seguridad, no parece ser el momento de hacer grandes promesas en este sentido. Pero la protección de Suarez a los funcionarios e incluso al viejo "legado" cornejista sugieren que el plan seguirá vigente.

En medio de la pandemia, la inseguridad no se había instalado como preocupación social hasta el caso Romano. Tanto que fueron ignorados los resultados de la última encuesta de victimización provincial, que reveló retrocesos.

Pero las consecuencias sociales y económicas del coronavirus surgieren que desde el año que viene el delito podría aumentar en Mendoza, con escenarios probablemente parecidos a los de la salida de la crisis de 2001. A los que están al frente de la pelea, el gobernador les acaba de ratificar la confianza. Entre ellos, al comisario Munives, quien se mantiene como pieza clave en el manejo de la tropa policial.

Las aptitudes de esa tropa, justamente, satisfacen al Gobierno mucho menos que los avances tecnológicos de los últimos años. Un brutal femicidio acaba de exponer lo grave que es esa falencia.