“Disculpe las molestias: estamos pensando en otra cosa”

“Disculpe las molestias: estamos pensando en otra cosa”

El secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) considera que el actual contexto de emergencia sanitaria y económica no es propicio para discutir algo tan sensible y estratégico como una nueva normativa en materia de educación.

Sebastián Henríquez

¿No hay una contradicción entre declarar emergencia económica y sanitaria, plantear que estamos en un estado excepcional, y pretender al mismo tiempo “discutir” y aprobar una nueva ley provincial de educación que no da respuesta a nada de la actual situación que atravesamos?

¿O será que esa es, en definitiva, la respuesta del gobierno provincial ante la emergencia del sistema educativo?: “Disculpe las molestias, estamos pensando en otra cosa”.

Leer este borrador para una docente, hoy, es como estar en el desierto buscando agua y que te ofrezcan un libro de autoayuda (corrijo: una novela de ciencia-ficción-terror). ¿Creen que una docente que llega mentalmente exhausta al final del día, angustiada por el miedo al contagio, la desesperación económica y la presión constante por cumplir con demandas del sistema, puede usar su último aliento para debatir una ley? Una ley que ignora lo que esos/as mismos/as trabajadores de la educación vienen planteando como si le estuviéramos hablando a una pared. 

¿Y que venimos planteando desde las escuelas? Que el gobierno abra un ámbito de diálogo real para solucionar: la sobrecarga actual de tareas que se ha vuelto angustiante; la conectividad como responsabilidad material y económica de la DGE, que hoy cubrimos docentes y familias con salarios pulverizados y aguinaldos confiscados; aliviar de demandas burocráticas; respetar la jornada de trabajo; dejar de exponernos a celadores/as y directivos yendo innecesariamente a las escuelas, mientras no nos dan los elementos de prevención y de trabajo necesarios; la precariedad laboral que tenemos por la falta de concursos; las situación desesperante de desocupación por no tener bono de puntaje y por la falta de cargos y horas y los graves problemas de salud que tenemos en el marco de una obra social colapsada que, encima, aumentó sus costos. Y un largo etcétera.

Este proyecto de ley repite algo que ya existe en la ley vigente de educación provincial (6.970), y que aún no se ha cumplido: “a) Un porcentaje de recursos en cada ejercicio no inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del Presupuesto General de la Provincia. ¿Sabe la sociedad que, como venimos denunciando con #MásParaEducación, el presupuesto educativo en Mendoza viene descendiendo hasta llegar a ser menos de un 24% del presupuesto provincial? Estamos hablando de una deuda de miles de millones de pesos con el sistema educativo que ha condenado a las escuelas a la beneficencia y a la autogestión: hoy, con los fondos que envía el gobierno a las escuelas, se compran algunas resmas de papel. El resto, sale de cooperadoras, donaciones, rifas y el propio bolsillo nuestro.

¿Sabe la sociedad que, excusados en la emergencia, el gobierno recortó los programas socioeducativos que buscan trabajar con los/as sectores más vulnerados? Los fondos de los que estamos hablando son respuestas a las necesidades de los/as estudiantes: abonos, becas, conectividad, escuelas en condiciones, etc.

Al respecto, este proyecto de Ley no garantiza nada con metas concretas: no da un plazo ni certeza alguna para asegurar conectividad gratuita, aulas de informática, edificios, metas salariales, etc. En esta Ley no existen los convenios colectivos de trabajo. Para saber si algo es prioridad, hay que ver los recursos que se aseguran para salir de las palabras. La educación no es prioridad como lo son las obras públicas que tan bien hacen para las elecciones.  

Aun con todo esto, se me podría decir que la Ley es buena, aunque no solucione nada de lo importante. Pero, no. Y no sólo por lo evidente, sino especialmente por lo que dice a medias. Esta ley es un escalón en el marco de un plan de reforma más integral cuyo faro es Chile: preparar un instituto de evaluación de la calidad educativa (anunciado por el gobernador durante el 1º de mayo de este año) para responsabilizar a los/as docentes del fracaso de las políticas educativas de ajuste y de precarización de contenidos, convirtiendo a las víctimas en los verdugos publicitariamente; luego, reformar el Estatuto del Docente, cambiando la carrera docente y asignando adicionales salariales como el ítem aula, pero por resultados. Planes de estudio según las demandas de un empresariado precarizador. Lo que (Alfredo) Cornejo planteó alguna vez, públicamente, pero la derrota del macrismo dejó inconcluso.

Para augurar los resultados posibles de ese plan de reformas, alcanza con mirar lo que ocurrió en Chile el año pasado, justamente, con el levantamiento social que exigió la reforma del sistema educativo y de la Constitución de ese país por la desigualdad brutal que provoca.

Por todo esto, y más que se irá sabiendo, decimos: #NoAEstaLeyDeEducación #ParitariasYa

Sebastián Henríquez - secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

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