La polémica decisión de un juez federal en una toma de terrenos

La polémica decisión de un juez federal en una toma de terrenos

El juez federal Gustavo Zapata rechazó un pedido de desalojo y además le ordenó al gobierno municipal de esa localidad rionegrina que garantice las viviendas a las familias que ocuparon el terreno.

Redacción MDZ

Redacción MDZ

Un juez federal sorprendió con una polémica decisión. Es que el magistrado rechazó el desalojo de un predio que está ubicado en cercanías de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y que a fines de agosto fue ocupado por unas 160 familias.

Se trata del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, quien no solo tomó esa determinación, sino que también le exigió al gobierno municipal que, dentro de los próximos 15 días, realice un relevamiento exhaustivo de las familias asentadas en el predio y les brinde alojamiento.

Según cuenta Infobae, la ocupación de dichos terrenos se realizó en dos etapas. En la primera, cerca de 30 familias se instalaron en un espacio que el INTA cedió a un club deportivo denominado El Refugio.

En la segunda 130 familias más se instalaron en un espacio de 60 hectáreas, perteneciente al mismo organismo.

Estos terrenos están ubicados en la Subida de Brea, en el camino de acceso a dos puntos turísticos trascendentes para esta ciudad como son Cabeza del Indio y Mirador del Azul.

La fiscal federal subrogante de la ciudad, Sylvia Little, realizó el pedido de desalojo, a partir de la denuncia que presentó el organismo nacional propietario del lugar.

La decisión de la fiscal fue bienvenida por las autoridades locales y provinciales, quienes creyeron que su decisión pondría punto final a la ocupación. Sin embargo, el reciente dictamen de Zapata descarta el desalojo, generando, obviamente, el malestar de sus pares locales y de las autoridades. 

Little sostuvo en su fallo que “no existen dudas aquí de que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal, puesto que aquellas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí”.

“Negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto, y a pesar de esto, Zapata solicitó en su dictamen que las secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación intervengan, a fin de dar alojamiento a estas familias.

En los fundamentos del fallo, Zapata menciona como antecedente inmediato la presentación de una medida cautelar por parte del INTA ante la Secretaría Civil del Juzgado Federal que fue rechazada. La nueva presentación, para el magistrado, es “una mera reiteración, ahora en sede penal, de lo rechazado” por disentir de lo resuelto, resume Infobae.

Para el juez subrogante, cualquiera sea la resolución del conflicto “traerá consecuencias graves para las partes en litigio. Si se decide tardíamente el desalojo, supondrá perjuicios tanto para el denunciante como para los mismos usurpadores, que probablemente habrán incurrido en gastos de construcción considerables. Si por el contrario, en forma tardía se les otorga la razón a los ocupantes, estos ya habrán sido desalojados y permanecido en situación de vulnerabilidad, expuestos a peligros en su integridad y vida, además del perjuicio económico evidente”.

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