Deuda: qué acordó el Gobierno y cuánto debe el país

Luego de idas y vueltas, el Ministerio de Economía de la Nación comunicó que llegó a un acuerdo con los 3 principales grupos de acreedores para reestructurar la deuda en moneda y legislación extranjera, ya que el Gobierno mejoró levemente la oferta presentada a principios de julio, la cual había sido calificada por Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, como “la última oferta”. 

La primera oferta de canje, el Gobierno la presentó a mediados de abril último y, aunque en su momento el ministro había dicho que la Argentina no podía pagar más, finalmente mejoró esa oferta inicial y se logró llegar a un acuerdo que, según estimaciones de la consultora Invecq presidida por Esteban Domecq, lograría un ahorro de alrededor de US$ 32 mil millones para el país. 

El acuerdo fue destacado públicamente incluso por ex funcionarios de la gestión de Cambiemos (como Luis Caputo, ex ministro de Finanzas de la Nación, Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la Nación, o Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central de la República Argentina) u opositores como Jorge Macri, intendente por Cambiemos de Vicente López. En esta nota te explicamos cuál es el panorama de la deuda y qué acordó el Gobierno nacional.

Panorama de la deuda

La deuda pública total alcanza los US$ 323 mil millones, según los últimos datos del Ministerio de Economía de marzo último. Pero los especialistas destacan que este número dice poco por sí sólo, por lo que hay que compararlo con el tamaño de la economía nacional. Esta deuda representaba a fines de 2019 el 89,4% del Producto Bruto Interno (PBI) según la estimación oficial, el máximo valor desde 2004. Es decir, la Argentina debe casi el 90% de lo que se produce en un año en el país.

De estos US$ 323 mil millones, el 40% el Estado nacional se lo debe a otras agencias del Sector Público (este es el caso de provincias u organismos como la ANSES que poseen bonos del Estado nacional, por lo que se considera más fácil de negociar), mientras que el 37% de la deuda pública está en manos de privados (como pueden ser empresas o fondos de inversión nacionales o extranjeros) y el 23% restante corresponde a organismos multilaterales y bilaterales (principalmente el Fondo Monetario Internacional -FMI-, aunque también hay deuda con otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-).

A diferencia de los últimos “reperfilamientos” de la deuda que comenzaron en agosto de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos), y que implicaban modificar las fechas de los pagos, la reestructuración de la deuda genera más cambios. La deuda que se propuso reestructurar el Estado nacional -y de la que ya se anunció que hay acuerdo con los principales grupos de acreedores- es sólo la que está en moneda extranjera (dólares, euros y francos) y bajo legislación extranjera, que alcanzan poco más de US$ 66 mil millones. 

“La reestructuración es lo que hizo la Argentina entre 2001 y 2005. Implica una modificación en los términos y condiciones de la deuda previamente contraída, y la cual no puede ser afrontada por problemas de solvencia o liquidez del deudor. Pueden realizarse modificaciones en el monto de la deuda, el interés y la frecuencia de pagos, entre otros”, explicó Lorena Giorgio, economista de la consultora Econviews que dirige Miguel Kiguel -ex funcionario del Ministerio de Economía durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa-.

Semanas antes de asumir su cargo, Guzmán sostuvo en una conferencia académica que la reestructuración que llevaría a cabo la Argentina sería “la próxima gran prueba para la arquitectura de resolución de crisis de deudas soberanas” y destacó que generalmente las reestructuraciones de deuda se hacen “muy tarde” y que ofrecen “muy poco” alivio. Según su análisis, el 60% de las reestructuraciones de deuda son insuficientes, por lo que esos países se ven obligados a realizar otra renegociación en los 7 años siguientes.

Qué ofrece el Gobierno

“Hay consenso en que tiene que haber una reducción fuerte de la carga de deuda y que esta reducción puede tomar distintas formas: se puede dar de una combinación de reducción de capital, reducción de intereses, período de gracia y extensión de los vencimientos”, explicó Guzmán a mediados de abril último en la presentación de la primera oferta de reestructuración, un anuncio del que participaron representantes del Poder Ejecutivo, como el presidente de la Nación, Alberto Fernández, así como 18 de los 24 gobernadores -incluídos algunos opositores- y legisladores nacionales.

La que el Gobierno presentó en julio y consideró como la “última oferta” implicaba “un alivio de US$ 30.000 millones en comparación con el esquema actual de pagos de deuda pública emitida bajo ley extranjera. La diferencia con la oferta original presentada el 21 de abril es de US$ 11.500 millones más de pagos de capital e intereses”, destacó un informe de la consultora PxQ, dirigida por el economista Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015, durante la gestión de Axel Kicillof como ministro de Cristina Fernández de Kirchner. 

Esa “última” oferta incluía 10 bonos (5 en dólares y 5 en euros), con vencimientos entre 2030 y 2046. Y el período de gracia, que en la propuesta original era de 3 años, se redujo, ya que la Argentina empezaría a pagar intereses de los títulos nuevos en 2021. Según el análisis de PxQ, uno de los principales cambios es que “el Gobierno en esta nueva oferta acepta realizar mayores desembolsos en los primeros años”. 

“La nueva oferta argentina implica pagos de amortizaciones e intereses por aproximadamente US$ 4.000 millones en el período 2020-2024 y US$ 42.400 millones en el período 2020-2030, que se comparan con pagos por US$ 31.100 millones y US$ 72.500 millones en el perfil de vencimientos actual de los bonos elegibles, respectivamente”, destacó en julio un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), una dependencia legislativa independiente que dirige Marcos Makón -ex subsecretario de Presupuesto en la presidencia de Carlos Menem y ex ministro de Desarrollo Social y Medio Ambiente en la presidencia de Fernando de la Rúa-. 

Finalmente, a esa “última oferta” se le realizaron pequeños cambios para tener el apoyo “del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores”, comunicó el Gobierno. 

La principal mejora fue que se adelantaron algunos pagos, “sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que [la] Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora”. Según Esteban Domecq, máster en Finanzas de la Universidad del CEMA y presidente de la consultora Invecq, el acuerdo lograría un ahorro de US$ 32 mil millones para el país.

¿Cómo sigue la negociación?

En el comunicado oficial donde el Gobierno oficializó la llegada a un acuerdo, el Ministerio de Economía de la Nación agregó que para efectivizarlo extenderían el vencimiento de la oferta. Ahora la oferta de reestructuración que iba a estar disponible hasta la tarde del 4 de agosto vencerá el lunes 24 de agosto (a las 17 horas de Nueva York, Estados Unidos, que serían las 18 horas en la Argentina).

El Gobierno busca ciertos niveles de aceptación en los bonos, ya que, si determinado porcentaje de bonistas acepta el canje, se dispararán las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC). Estas son unas cláusulas que permiten al emisor de los bonos proponer modificaciones a los términos y condiciones de los títulos y que, si son aceptadas por un determinado porcentaje, esas modificaciones son aplicables automáticamente a todos los que tienen ese bono puntual. En el caso de los títulos que busca reestructurar la Argentina este porcentaje se ubica entre el 50% y el 85% de aceptación. Los porcentajes de aceptación se conocerán luego del cierre de la oferta. 

Además, el Gobierno también envió al Congreso un proyecto de ley para la reestructuración de los títulos en dólares, pero emitidos bajo legislación argentina. Esta oferta de canje alcanza a un conjunto de títulos por casi US$ 42 mil millones, de los cuales 35% está en manos de tenedores privados y el resto por dependencias estatales, según un informe de la OPC. 

La oferta tiene “condiciones similares” a la que se les hizo a quienes tienen bonos con legislación extranjera, según el estudio de la OPC. Además de brindar un período de gracia para los próximos años, también generaría un ahorro de casi US$ 5 mil millones.

El Gobierno también debería renegociar su deuda con el FMI, al que se le debería pagar cerca de US$ 50 mil millones entre 2021 y 2024. “Tenemos una situación de deuda que no podemos enfrentar con el Fondo Monetario Internacional y continuaremos trabajando (…) para tener un nuevo programa que implique que la Argentina no tenga que hacer ningún desembolso de pagos del capital adeudado en los próximos 3 años”, sostuvo Guzmán inicialmente. 

El organismo ya declaró oficialmente que la deuda argentina “no es sostenible”, como se explicó en esta nota, y opinó que “se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados” para que la deuda nacional vuelva a ser sostenible. Igualmente, también aclararon que, como su estatuto no lo permite, el Fondo no aceptarán quitas en la deuda que la Argentina mantiene con el organismo. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, felicitó al Gobierno por el acuerdo con los acreedores privados y lo consideró un “paso muy significativo”.