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La Sociedad Interamericana de Prensa está preocupada por la reforma judicial

En un artículo expresó su consternación por la cláusula incluida en la propuesta de reforma judicial que obliga a los jueces a denunciar posibles presiones de los "poderes mediáticos".

La semana que viene se discutirá la iniciativa del oficialismo para la reforma judicial. Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el presidente, Christopher Barnes y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, mostraron su sorpresa ante el artículo que plantea la obligación de jueces de denunciar presiones de los “poderes mediáticos”, cuando Argentina es un país: “con una profunda tradición constitucional y con fallos judiciales que han creado tendencia a favor de la libertad de prensa a nivel mundial”.

Según la organización, es preocupante que “se busque por ley imputar poderes fácticos a los medios y coartar la libertad de prensa, ignorando lo que dicta su propia Constitución sobre estos conceptos”. Y consideraron que el Senado argentino debe tener “la sabiduría necesaria para dejar sin efecto una cláusula que está teñida de intenciones políticas y que evidencia una represalia que busca coartar la función de informar, criticar, opinar, denunciar y fiscalizar que le cabe a la prensa en una democracia”.

Por otro lado, recordaron la Declaración de Chapultepec, fundamental en los tratados internacionales sobre la libertad de prensa que expresa que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado... por formular críticas o denuncias contra el poder público”.

La Sociedad Interamericana de Prensa es una asociación de medios creada en 1943 con el objetivo la promoción de la libertad de prensa y expresión en América.

La modificación al proyecto presentado por el oficialismo nace en el senador Oscar Parrilli y consiste en agregar la palabra “mediático” al artículo 72 inciso E de la iniciativa. Este indica que los jueces deben: “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.