El camino que terminó con Báez a punto de salir de la cárcel

El empresario Lázaro Báez está a un paso de salir de la cárcel, luego de permanecer más de cuatro años preso por diferentes causas que investigaban la corrupción que se llevó adelante en los gobiernos de la familia Kirchner.

El periodista de Clarín Héctor Gambini realizó un análisis de los diferentes elementos que se alinearon para permitir que uno de los principales apuntados por la corrupción K pudiera abandonar su lugar de detención.

Primero, estuvieron los múltiples planteos de su defensa para que espere el juicio en libertad: porque hace cuatro años que está detenido sin ser juzgado, porque es paciente de riesgo ante el coronavirus, porque el delito del que lo acusan no es grave y porque se ve afectado en sus derechos humanos por las presuntas escuchas ilegales ordenadas a los presos de la cárcel de Ezeiza.

Estos planteos fueron aceptados por la fiscalía, pero con una salvedad: Báez deberá pagar una fianza de 5,5 millones de dólares. A cambio oficial, es poco más de 630 millones de pesos. A pesar de que existía un acuerdo entre fiscales y defensa, en un primer momento el tribunal oral rechazó el pedido.

Esto llevó a una apelación del fallo a Casación. Entonces, los jueces tenían que escuchar a la Unidad de Información Financiera -querellante en la causa-, y al fiscal de Casación antes de decidir. Si ese fiscal estaba de acuerdo con que Báez saliera de la cárcel, los jueces no podían ir en contra de esa decisión, algo que se introdujo en el nuevo Código Procesal Penal.

La UIF no se presentó, y todos los fiscales involucrados aceptaron que Báez saliera, por lo que Casación anuló el fallo del tribunal oral que rechazaba los pedidos del empresario, y ordenó que dicte un fallo nuevo.

El periodista destaca que nada de esto hubiera sido posible si la modificación del Código Procesal Penal de la Nación. Los cambios se hicieron el 19 de noviembre de 2019, ya con Alberto Fernández y Cristina Kirchner como presidente y vice electos y apenas tres semanas antes de que asumieran. ¿Y quién lo cambió? La Comisión Bicameral designada para esto, con el voto de 12 miembros. Ocho de ellos del Frente de Todos, de Alberto y Cristina.

Actualmente, la presidenta de esta comisión es la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Otro punto que destaca Gambini es que los fiscales que se pusieron de acuerdo para habilitar la liberación de Báez tienen fuertes vínculos con el kirchnerismo. Uno es Abel Córdoba -fiscal de Casación-, cercano a Justicia Legítima y el otro es Javier de Luca, fundador de Justicia Legítima y quien, actuando igual que ahora, decretó la liberación de Amado Boudou.

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