Qué hay detrás del conflicto en Capital que une a la oposición contra los Suarez

Un domingo atípico. Una protesta en un domingo de cuarentena. Todo terminó mal. Ayer la policía trasladó a una comisaría y la justicia podría imputar a 46 personas por violar las disposiciones del distanciamiento social en medio de una protesta gremial, en Capital. Pero las repercusiones pasan por otro lado: la concentración se realizaba en la peatonal y era parte del plan de protesta de ATE en la Municipalidad de Capital. Y la reacción de la Municipalidad también excede el control de la emergencia sanitaria. Ese conflicto crece y comenzaron a intervenir dirigentes que buscan provincializarlo.

Según informaron desde Tribunales, las  46 personas fueron trasladadas a la comisaría porque “se negaron a ser identificadas” y que habían violado las disposiciones del aislamiento, es decir estaban reunidas en la vía pública sin respetar las restricciones impuestas por el DNI, entre otras cosas.

El fiscal correccional Lauro Monticone interviene y podría imputarlos por violar el artículo 205 del Código Penal. Entre los acusados hay dirigentes gremiales conocidos como Roberto Macho, quien lidera el intento de avance de ATE en la comuna, y el titular del SUTE, Sebastián Henríquez, de quien se difundió un audio en el que denunciaba haber sido golpeado.

El conflicto con un grupo de trabajadores de Capital crece. Primero la comuna denunció una toma del área de Servicios Públicos. Luego lo mismo en el área de Seguridad Ciudadana. Hubo encadenados que “rotaron” en sus puestos de protesta y ambiente enrarecido.

ATE reclama por paritarias y aumento salarial. Se trata de un gremio con poca representatividad en la Municipalidad, pero con poder de fuego provincial y nacional. Por eso el conflicto rápidamente se politizó también. En el oficialismo provincial denuncian “aprietes” y un intento de generar focos de conflicto en la provincia a través de los gremios. El PJ denunció al unísono que hubo represión. El escenario de las controversias fue Twitter.

“Esto no es por plata, es político”, dicen en el oficialismo y aseguran que hay sectores del PJ agitando a los gremios. El PJ, Protectora y la izquierda denuncian represión y aprietes. Mientras tanto, un conflicto que parece encapsulado puede expandirse con un apellido común: Suarez. El intendente Ulpiano y el gobernador Rodolfo. En medio de una situación económica y social dramática, la mayoría del país tiene un blindaje político para las protestas gremiales, una constante en el inicio de los gobiernos afines al PJ. Mendoza aparece como escenario liberado. Y eso es lo que denuncia el radicalismo.

Incluso hubo algunos cruces de mensajes entre altos funcionarios de ambos grupos, como Suarez y Anabel Fernández Sagasti. 

En la Municipalidad aseguran que no cederán a esas presiones porque consideran que no hay representatividad en el reclamo y que la situación financiera es compleja. El intendente tiene previsto convocar a los dos gremios con representación para dialogar. Pero como ocurre en la nueva vida política mendocina, nadie cede.