Polémica por la sucesión de Sandes en Vialidad Provincial
Luego de resistir durante meses en el cargo, el administrador General de Vialidad Oscar Sandes presentó su renuncia ante Rodolfo Suarez. Se va en medio del escándalo por fraude por el cual la justicia imputó a su exgerenta de Recursos Humanos, Corina Gallardo, y otros empleados de la dependencia. Pero la salida de Sandes ha generado un nuevo problema: encontrar un sucesor.
Rápidamente surgieron dos nombres que pican en punta como candidatos a ocupar la oficina que deja vacante el funcionario que llegó a Vialidad de la mano de su padrino político, Alfredo Cornejo. El primero es de un viejo conocido en la DPV, Roberto Seguro, quien actualmente se desempeña como jefe operativo en la institución.
El segundo es de una persona de confianza del gobierno y funcionaria del Ministerio de Infraestructura. Se trata de Marite Badui, actual subsecretaria de Planificación y Seguimiento, que se desempeña en Casa de Gobierno desde la gestión de Cornejo. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y allí comenzó su militancia en la Franja Morada junto a varios dirigentes provinciales.
Pero justamente ese es uno de los puntos que se le cuestiona. "Van a hacer una flagrante violación de leyes específicas que indican que debe ser alguien con incumbencias específicas", remarcan desde el Consejo de Ingenieros ante la posibilidad de que una licenciada en Ciencias Políticas se haga cargo de Vialidad.
Según explicó el secretario del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos, Raúl Héctor Delle Donne, la conducción del DPV debe estar en manos de una persona vinculada al rubro. Incluso, advierte que hasta el año 2016 se exigía que el subadministrador fuese ingeniero civil o vial pero que se modificó un decreto durante la gestión de Cornejo para poder nombrar un arquitecto.
"Cuando asume Alfredo Cornejo designa a dos arquitectos como administrador y subadministrador, a pesar de que el decreto que reglamentaba la ley 6063 establecía que el subadministrador debía ser ingeniero Civil o Vial. En su momento planteamos la situación y la solución que tomó fue sacar un nuevo decreto estableciendo que debían ser 'profesionales afines'", explicó Delle Donne. Con ese cambio, Cornejo logró nombrar a los arquitectos Oscar Sandes y Diego Kotlik al frente de Vialidad.
"Como ahora se está por repetir la historia desde el Consejo le enviamos una nota a Rodolfo Suarez planteando nuevamente la situación. Es un tema legal y de defensa de la profesión", esgrimió Delle Donne.
"Ellos pueden contestar que una licenciada en Ciencias Políticas que va a tener un cargo administrativo es afín para la función que se la designa, pero nosotros entendemos que es un desvío del espíritu de la ley", remarcó.
"Es por todo ello, que apelamos una vez más a quien tiene la alta responsabilidad de las designaciones en cargos de un organismo netamente técnico como la DPV, para que el criterio expuesto por este Consejo Profesional sea tenido en cuenta en beneficio de una recta interpretación de las normas vigentes y de su espíritu y de asegurar la idoneidad profesional específica para los cargos citados. En el entendimiento, claro está, de que el título profesional requerido es condición necesaria aunque no suficiente, debiendo el Sr. Gobernador ponderar los demás requisitos de idoneidad pertinentes", señala la nota que el 20 de julio entró en el despacho de Suarez.
El escándalo en Vialidad
A fines del 2019 se tomó conocimiento de una serie de irregularidades que se estaban cometiendo en la Dirección Provincial de Vialidad. En concreto, el Tribunal de Cuentas inició una investigación y detectó que empleados estaban usando con fines personales dinero de la caja chica de la institución.
Entre otras cosas, determinaron que había facturas adulteradas, viáticos truchos y préstamos irregulares, entre otros ilícitos. Incluso, la exgerenta de Recursos Humanos y mano derecha de Sandes, Corina Gallardo, se había pagado el combustible, alimentos y noches de alojamiento para irse de vacaciones a la Costa Atlántica con dinero de Vialidad.
En total, le ordenaron a Gallardo, Sandes y otros empleados reintegrar casi 3 millones de pesos desviados de la caja chica de la institución. Pero el montó sería aún mayor porque la mecánica se habría repetido en ejercicios anteriores.
Sandes denunció penalmente a Corina Gallardo y afirmó que el no estaba al tanto del fraude. Incluso, desconoció su firma en varias órdenes de pago y Gallardo admitió ante escribano público que ella falsificó la firma del administrador general. Los involucrados fueron imputados por peculado y fraude a la administración pública pero a Gallardo también la imputaron por falsificación de instrumento público y privado.
Pese a ello, actualmente Gallardo cumple funciones en la Municipalidad de Godoy Cruz, donde tenía una reserva de cargo en planta permanente.