El detrás de escena de dos reformas necesarias, pero de la que todos desconfían
La reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional parece lejana; está enfocada en lo que ocurre en los tribunales de Retiro, cerca de Casa Rosada. Pero va a afectar a la vida cotidiana de todos los argentinos y en particular en Mendoza. En realidad en la Provincia hay incertidumbre: la Justicia Federal está trunca porque con los vaivenes políticos hubo nombramientos y cambios que quedaron a medio camino y ahora o se sabe si habrá más cambios o no. Ese plan se solapa con el intento de reforma de la Corte Suprema, para lo cual el Gobierno convocó a un comité de expertos diverso, pero con algún sesgo hacia el derecho penal y con alguna tendencia política marcada.
Hay unanimidad sobre la necesidad de las reformas, pero desconfianza sobre el sentido de la oportunidad y las intenciones. Como casi todo en Argentina. Un ejemplo de ello es lo que pasa con la reforma de la Corte. Una de las intenciones del proyecto kirchnerista es ampliar los miembros de la Corte. La oposición se resiste porque lee un intento de cooptación del Tribunal. En Mendoza se intentó lo mismo hace solo dos años por parte de un gobierno radical encabezado por quien ahora es uno de los principales opositores. De hecho en Mendoza nadie duda de la necesidad de aggiornar el funcionamiento de la Suprema Corte que atrasa en su mecanismo y está superpoblado de competencias jurisdiccionales. Pero ante cualquier intento de modificación se superpone la desconfianza sobre el interés particular. En la Nación puede ocurrir lo mismo. Nadie duda de la necesidad de los cambios; sí de las intenciones.
La política cruza todo. Y en Mendoza hay un ejemplo tangible. Tras un largo proceso el año pasado quedaron seleccionados una jueza y un juez para cubrir dos vacantes en la justicia federal de Mendoza. Se trataba de Sebastián Soneira, funcionario de los gobiernos de Cornejo y Suarez, para cubrir el cargo que había dejado vacante Olga Arrabal. Alejandra Morcos había sido elegida para ocupar el cargo del flamante juzgado federal 4, creado y aún no estrenado.
El acuerdo político para avanzar en la designación de los jueces se cayó como un piano en mayo del año pasado por un hecho político relevante: la designación de Cristina Fernández como "candidato" a presidente de Alberto. Esa maniobra cambió el escenario y le devolvió el poder a la actual vicepresidenta. Tanto, que no se frenaron todas las designaciones en la justicia, el sector del Estado que más le quita el sueño a la líder política del oficialismo. Allí hay una espada fundamental, la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, quien preside la comisión de acuerdos y es una de las ejecutoras en el Senado de las decisiones de la cúpula política del oficialismo. En la reforma planteada habrá anuncios, pero lo más importante estará en los sectores más invisibles para la población general. Uno de ellos es el Consejo de la Magistratura, nada menos que el organismo encargado de preseleccionar a los jueces y también de juzgarlos.
En el plano de la desconfianza los caminos pueden confluir, según los opositores, en las necesidades políticas de Cristina. Por un lado en los cambios sobre el fuero penal y en la ampliación de la Corte, donde finalmente se define o no si una persona (en particular quienes han sido relevantes a nivel político) son inocentes o no y donde terminarán las causas en las que se investiga a la actual vicepresidenta (como ocurrió, por ejemplo, con las condenas contra Carlos Menem).
Quién es quién
Como una estrategia de pinzas, el Gobierno nacional enviará un proyecto de ley para ejecutar una reforma judicial y por el otro lado pondrá a funcionar la comisión de expertos para rever el funcionamiento de la Corte Suprema y otros organismos. Los senadores aún no tienen el proyecto y solo ha circulado un borrador de tres páginas. El foco está puesto en los juzgados de Comodoro Py (así se llama la calle donde están) y quedan en segundo plano el resto. Tanto, que no se sabe si, por ejemplo, cambiarán las competencias o no de los 4 juzgados federales de Mendoza.
El comité de expertos y expertas convocado para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema es diverso, la mayoría tiene antecedentes intachables pero también hay algún sesgo sobre especialidades y tendencias. Una de las figuras más relevantes es la de enrique Bacigalupo, justamente especialista en derecho penal económico, el área que más tensión genera en la política y Tribunales. Bacigalupo tuvo vínculo con el peronismo en Argentina, pero mucho más con el PSOE en España, donde vive e hizo, en realidad, toda su carrera. La impronta federal es otra marca de ese cuerpo asesor. Hay jueces de Buenos Aires, Tucumán, Tierra del Fuego y Mendoza. No siempre pueden llevar los mejores ejemplos y con ello alcanza con ver lo que pasa en la Suprema Corte de Mendoza de las que Omar Palermo es parte. Pero, claro, el comité asesor deliberará sobre "el deber ser" y no tanto sobre el quehacer actual.
La presencia de Carlos Beraldi no sería un dato extraordinario, salvo por la coyuntura. El penalista es respetado intelectualmente, pero el sesgo que tiene al ser abogado defensor nada menos que de Cristina Fernández le quita imparcialidad. "No se puede juzgar a un abogado por sus defendidos", repiten. Uno de los integrantes que más trayectoria política arrastra es Carlos Arslanian, quien tiene el halo de haber sido parte del juicio a las juntas. Luego fue ministro de Justicia de la Nación y de Seguridad de Buenos Aires. La integrante que le agrega el valor "políticamente correcto" al equipos formado por Alberto Fernández es Inés Weinberg. Es que se trata de una jueza que el propio Alberto bochó como candidata a procuradora (la había propuesto Mauricio Macri), a pesar de tener un cúmulo de antecedentes difícil de cuestionar.