De Vido, "Corcho" Rodríguez, Baratta y el empresario Roggio, a juicio por Odebrecht
En la causa que se investiga el supuesto pago de coimas por parte de la firma brasileña Odebrecht y sus socios argentinos, para obtener los contratos de construcción de dos obras para la empresa estatal AySA, están procesados Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Jorge "corcho" Rodríguez, los ex directivos de AySA Raúl Biancuzzo y Carlos Ben, los empresarios Carlos Wagner y Aldo Roggio.
Lo ordenó el juez federal Sebastián Casanello y elevó a juicio oral, como señala Clarín. El primero de los proyectos bajo la lupa era la construcción y puesta en marcha de la planta potabilizadora “Paraná de las Palmas”, que fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht -50%-, “Supercemento” -16,66%-, “Benito Roggio e Hijos” -16,67%- y “José Cartellone Construcciones Civiles”, con una participación de 16,66%.
El segundo de los contratos cuestionados consistía en la construcción de la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en la que resultó ganadora la unión conformada por las empresas “Camargo Correa -60%- y “Esuco” -40%-. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa.
En su investigación, el juez Casanello determinó que se "celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos".
Convalidando estos planteos, dos organismos del Estado bajo la actual gestión pidieron que los 26 imputados vayan a juicio oral, y por ello el juez Casanello le pidió al fiscal del caso que haga su requerimiento de elevación, es decir, la acusación que se leerá en el juicio oral y que los llevó a todos a dicha instancia.
En la resolución de 70 páginas a la que accedió Clarín, el juez sostuvo que se tuvo por "acreditado que las UTE conformadas por Odebrecht, Supercemento, Roggio y Cartellone -en el caso de Paraná de las Palmas-; y Camargo Correa y Esuco -en Berazategui- resultaran adjudicadas" para luego "otorgarles, además -en ambos casos-, beneficios tales como obras adicionales, redeterminaciones de precios, adelantos financieros y extensiones en los plazos de ejecución, causándose un perjuicio en el Estado Nacional".
Para el magistrado, por estas maniobras el Estado "se vio privado de obtener mejores ofertas por la ausencia de competencia, debió afrontar mayores costos finales y soportar graves dilaciones en la entrega de las obras".
Por ello, remarcó que esta operación "fue desplegada por los funcionarios apartándose de los principios elementales que rigen las contrataciones públicas, tales como la igualdad, la competencia y la transparencia", asimismo, "los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones en cuestión, en clara violación a los deberes impuestos por las normas que rigen su actuación". Fuente: Clarín